El gobierno de Perú escandalizó al clasificar a las personas trans como enfermos mentales

Cuando apenas faltan tres días para que se cumplan 34 años de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminara a la homosexualidad de la lista de Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), el Ministerio de Salud (Minsa) de Perú tomó una decisión anacrónica y de alto contenido discriminatorio, al incorporar a la transexualidad en el listado de enfermedades mentales.

La decisión se dio a conocer a través del Decreto 009-2024-SA firmado por la presidenta Dina Boluarte, donde se actualiza el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) y se incorporan nuevos diagnósticos en la categoría de trastornos mentales y del comportamiento. La medida se basó en la décima versión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades (CIE-10), que quedó caduca en 2022 al entrar en vigencia una versión actualizada, la CIE-11.

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De tal manera que “el transexualismo, el transvestismo de rol dual, el trastorno de la identidad de género en la niñez, otros trastornos de la identidad de género, el transvestismo fetichista y la orientación sexual egodistónica” fueron consignados ahora en el capítulo de problemas de salud mental en la cobertura de aseguramiento de Perú a pesar de que la OMS excluyó la transexualidad de su manual de enfermedades desde hace dos años. Podría decirse que se trata de más tiempo, ya que la CIE-11 fue presentada para su adopción por los Estados miembro en el 2019. El término transexual fue reemplazado por incongruencia de género, el cual está circunscrito a una condición relacionada con la salud sexual.

Además de Boluarte, el decreto fue firmado por el ministro de Economía, José Arista, y el de Salud, César Vázquez Sánchez, y según se defendió desde el gobierno, la medida permitirá que las personas incluidas ahora puedan acceder a tratamiento psicológico gratuito.

Repudio de profesionales y la comunidad LGBTIQ+

La novedad rápidamente cosechó rechazos. Organizaciones de la sociedad civil, también mostraron su rechazo. De esta manera, 414 profesionales de la salud y 176 organizaciones de derechos humanos enviaron una carta al ministerio de Salud en la que le solicitaron dar marcha atrás con el decreto.

La diputada Susel Paredes, de la alianza opositora de centro izquierda Juntos por el Perú, pidió la derogación del decreto y aseveró que refuerza el estigma y discriminación hacia las personas trans. Finalmente, dijo que “urge implementar políticas de salud mental acorde a los estándares internacionales para garantizar el derecho a la salud, igualdad e identidad”.

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“Tardó 28 años en eliminar a las identidades trans de la misma categoría. No retrocedamos un día más”, se pronunció tajante el colectivo Más igualdad Perú, que recolectó firmas para enviarle una carta al ministro de Salud, César Vásquez. 

El científico Percy Mayta Tristán, director del área de investigación de la Universidad Científica del Sur, también mostró su alerta por el decreto: “La población trans no tiene acceso al servicio de salud, porque tiene problemas con el Documento Nacional de Identidad (DNI); en teoría, es una forma ‘en buena intención’ de dar acceso. El problema es que usan el CIE-10, que le está diciendo que está enferma; entonces, la comunidad LGTBI, la población trans, se opone y dice: ‘¿cómo quieres que me acerque al servicio de salud si ya me están diciendo que estoy enfermo por ser trans?”, declaró a Perú 21.

Cuestionamientos similares hizo Jorge Apolaya, vocero del Colectivo Marcha del Orgullo Lima, quien le dijo al Ministerio de Salud que modifique dicha norma dado que se apoya en un conjunto de normas que ya están en desuso. “La norma de por sí está desfasada y más bien deja una puerta abierta a las terapias de conversión, así como al uso de hormonas con fines de corrección de la homosexualidad, terapias que son consideradas una tortura por el derecho internacional”, señaló al diario El Comercio.