El gobierno de Nicaragua intensifica la tortura contra "personas percibidas como opositores"
La esclavitud se instala en Nicaragua, dentro y fuera de la sociedad civil, con atrocidades diversas y permanentes perpetradas por el gobierno contra la población, detenidos y despojados de la nacionalidad.
«Descargas eléctricas, abusos y violaciones sexuales, aislamiento prolongado, palizas brutales, tortura postural y por estrés y casos de ablación y estrangulamiento de testículos», practicados contra prisioneros del gobierno nicaragüense de Daniel Ortega y Rosario Murillo, figuran entre los suplicios denunciados por el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Volker Turk, según un informe público que será debatido el próximo lunes en Ginebra.
En una «manifestación alarmante de discriminación por motivos políticos», el documento añade a los tormentos «la negación de visitas familiares y conyugales a los presos, así como detención en régimen de incomunicación», sin «acceso a artículos básicos de higiene, como toallas sanitarias para mujeres, papel higiénico y cepillos de dientes». Privados de «luz natural», se los expone «a una iluminación artificial continua» … excluyendo proporcionarles «material de lectura». A su vez, la ONU denuncia también conocer a 3 personas detenidas que sufren «depresión grave», con «pensamientos suicidas», pero ninguna recibió atención médica pese a haberla solicitado.
Empeorando la situación de mujeres privadas de libertad en Nicaragua, las revelaciones incluyen «la violencia de género, el aislamiento y las malas condiciones de detención, incluido el hacinamiento, la infraestructura penitenciaria inadecuada para las mujeres y sus hijos y el acceso limitado a agua potable y a productos de higiene y atención sanitaria adecuada». A la ONU le preocupa en particular «el trato degradante» recibido por «las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero detenidas … a menudo recluidas en centros de detención para hombres».
No cesa la represión gubernamental en Nicaragua
Sobre la práctica «de las agresiones y la violencia sexual en los centros de detención» en Nicaragua, el Alto Comisionado detalla que «las condiciones de detención de las mujeres se caracterizan por el uso de la violencia sexual y de género, incluidas las amenazas de muerte o de quitarles a sus hijos, la privación de medicamentos y productos de higiene necesarios, el trabajo forzoso, la desnudez forzada, las amenazas de violación, el abuso sexual y la violación».
El informe recoge que «el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), anunció que, a solicitud del gobierno» del matrimonio Ortega-Murillo, «cerró su oficina en Nicaragua el 18 de diciembre de 2023». La medida perjudicó, entre otros, a 18 presos «mayores de 60 años … que padecen enfermedades crónicas, como diabetes, gastritis, hipertensión, asma y problema intestinales». Por «no recibir un tratamiento médico adecuado», estos detenidos han dejado de recibir la dieta necesaria «que requieren sus enfermedades, lo que conduce a un mayor deterioro de su salud».
La ONU «no pudo documentar ningún caso en el que las autoridades ofrecieran servicios de atención médica preventiva a mujeres detenidas arbitrariamente en relación con la crisis de 2018», cuando las protestas populares se opusieran a las reducciones de las jubilaciones en Nicaragua. Al respecto, puso como ejemplo las «pruebas de Papanicolaou y detección de cáncer de mama y ginecológico, a pesar de que se ofrecen en programas masivos de alcance comunitario».
Por cierto, han preocupado «las denuncias de violencia sexual contra niñas y adolescentes en Nicaragua, así como de intimidación física, pornografía infantil y explotación sexual de adolescentes en la prostitución, el proxenetismo, rufianería, y la trata de personas con fines de esclavitud y explotación sexual». También observando «con preocupación que seguía sin conocerse en que medida los abusos se cometían contra mujeres y niñas con discapacidad».
Por otra parte, entre otros temas, el informe consigna que «en 2023, 317 personas (60 mujeres y 257 hombres) fueron despojados arbitrariamente de su nacionalidad por las autoridades de Nicaragua en contravención del derecho internacional de los derechos humanos, convirtiendo en apátridas a quienes no poseían otras nacionalidades y provocando graves consecuencias a largo plazo en sus derechos humanos», datos verificados por la ONU.
Paralelamente, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en Ginebra, documentó otros 62 casos (33 mujeres y 29 hombres) de nicaragüenses «a quienes se les negó la entrada a su propio país», tomando en cuenta «que el número total de personas que enfrentan esta situación puede ser mayor debido a que muchos casos no se denuncian». Los damnificados fueron notificados a «ultimo momento», por «compañías de autobuses y aerolíneas en las que se les informaba que las autoridades nicaragüenses» no les permitirían la entrada.
Al perder «la protección de su propio país en el extranjero, desarraigadas repentinamente… estas personas no pudieron beneficiarse de los derechos vinculados a su nacionalidad, incluido el derecho a obtener documentos de viaje». Estas «expulsiones y desnacionalizaciones», tuvieron «consecuencias devastadoras», para las víctimas, generando «una situación jurídica incierta», temiendo «ser deportadas», obligándolas a buscar soluciones en los países de acogida.
A efectos de la presente investigación, la ONU realizó «120 entrevistas con víctimas, testigos y otras fuentes», más «106 reuniones con representantes de organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad internacional, y analizó documentos» ante instancias «gubernamentales y no gubernamentales». En mayo de 2024, la Oficina de Volker Turk en Ginebra « envió un cuestionario al Gobierno de Nicaragua sobre los temas que se abordarían en este informe, pero no recibió respuesta».