El Gobierno anuló la cesión de tierras pertenecientes al Parque Nacional Nahuel Huapi a grupos mapuches

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anuló el acuerdo establecido por la Administración anterior, mediante el cual se cedieron tierras pertenecientes al Parque Nacional Nahuel Huapi a grupos criminales de supuestos mapuches.

“Durante 6 años, grupos autodenominados mapuches han usurpado y atentado contra el patrimonio de los argentinos, ignorando la ley y la autoridad. La solución del gobierno anterior fue regalarles tierras. Eso se terminó, anulamos ese acuerdo”, explicó Cúneo Libarona, y sostuvo que “Argentina no negocia con terroristas”.

“Anulamos de forma definitiva la cesión realizada por el gobierno anterior e incitamos a las fuerzas de seguridad a que desalojen esas tierras de sus usurpadores”, expresó el ministro de Justicia.

En el marco del “Tercer Encuentro de la Mesa de Diálogo con comunidades del Pueblo Mapuche y Mapuche Tehuelche de la Patagonia”, la Administración pasada se comprometió a reconocer “el REWE como sitio sagrado para el Pueblo Mapuche a fin de que la Machi Betiana Colhuan pudiera ejercer sus tareas espirituales y medicinales” y a otorgar el permiso de uso del terreno ubicado en la jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi.

Al respecto, Cúneo Libarona aseguró que “hace años que grupos autodenominados mapuches vienen tomando a la fuerza tierras públicas y privadas y lejos de aplicar las sanciones que la ley prevé para estos crímenes, el gobierno anterior optó por regalarle dichas tierras del Estado a estos delincuentes”.

Aseguran que los grupos "autopercibidos" mapuches "no pueden demostrar su ancestralidad"

El funcionario luego declaró que “estos grupos han estado implicados en reiterados actos de usurpación y destrucción de bienes públicos y privados en nuestro país”. Ejemplificó que “en el año 2022 el grupo lof Lafken Winkul Mapu incendió deliberadamente la cabaña “Los Radales” y un puesto de Gendarmería Nacional en Río Negro”.

Al respecto, Cúneo Libarona aseguró que “estas acciones criminales atentan no solo contra el patrimonio nacional, sino también contra los derechos de todos los argentinos”.

Concluyó que “este gobierno no permitirá que se repitan este tipo de atropellos. Hemos dado por finalizados estos acuerdos, reafirmando que Argentina no cede ni negocia ante el chantaje ni la violencia. Nuestra prioridad es la defensa del imperio de la Ley”.

La historia de una ocupación violenta

Villa Mascardi es una localidad del Departamento de Bariloche, que se encuentra a orillas del Lago Mascardi, dentro del parque nacional Nahuel Huapi. En los últimos años, se ha convertido en el núcleo de tensiones sociales y políticas entre grupos de la comunidad mapuche, vecinos y el Gobierno nacional y de la provincia de Río Negro.

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La controversia se ha generado por la toma de propiedades en el marco de los reclamos territoriales de estos grupos en el sur de la Argentina y la más reciente escalada de violencia comenzó cuando un grupo de encapuchados atacó una casilla de Gendarmería. Esto derivó en un operativo de desalojo realizado por el Comando Unificado de Seguridad de las Fuerzas Federales y acabó con siete mujeres de la Lafken Winkul Mapu detenidas.

Esta comunidad en particular, de no más de 20 miembros, no tenía la inscripción en el Registro de Comunidades indígenas y durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández se inició una mesa de diálogo.

Fuentes de la administración anterior dijeron a PERFIL, "que no se entregó ninguna tierra" y cuando se produjo la usurpación, el "Estado realizó la denuncia". Según las mismas fuentes consultadas, se trata de un grupo de características violentas que recrudecieron con el asesinato de Rafael Nahuel.

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El reclamo y la normativa vigente

Las comunidades indígenas piden el efectivo acceso a sus territorios de ocupación tradicional como así también "políticas de reparación" ante el despojo sufrido a través de diferentes momentos de la historia, primero contra el imperio español y luego contra la Argentina y Chile tras su independencia, en lo que se conoció como Conquista del Desierto y Pacificación de la Auracanía, respectivamente. Estas demandas chocan con la posición de los propietarios actuales de las tierras.

En 2006 fue sancionada la ley 26.160 de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas. La misma fue prorrogada en tres oportunidades y tiene tres objetivos para el estudio técnico-jurídico-catastral de la situación de las tierras:

• El reconocimiento de la Ocupación Actual, Tradicional y Pública que realizan las comunidades indígenas;
• Impedir los eventuales desalojos en territorios comunitarios de actual ocupación tradicional;
• Recabar información sobre los diversos aspectos sociales, culturales, bióticos y geográficos que configuran los territorios indígenas.

FL/ff