Denuncian en la Justicia a Gerardo Morales por brindar apoyo logístico al golpe en Bolivia

La denuncia por presunto contrabando de armamento a Bolivia en el contexto del golpe de Estado a Evo Morales tiene un spin off que funciona como una suerte de preludio, al entender del Frente Milagro Sala, que presenta hoy una acusación penal contra el gobernador Gerardo Morales y el ex embajador en La Paz y actual ministro jujeño, Normando Álvarez García. La  movida ante el fuero Criminal y Correccional Federal en Comodoro Py busca complementar la que radicara el Gobierno Nacional e, incluso, abrir la puerta a la presunción de un delito mayor, por poner en peligro el orden democrático acorde al artículo 219 del Código Penal.

Acorde a los abogados del Frente Milagro Sala, el objetivo es poner en contexto la acusación original que el Gobierno Nacional planteara contra varios de los ministros de la administración de Juntos por el Cambio. De mínima, aseguran, el capítulo jujeño de esta presunta trama funcionaría como acto preparatorio del contrabando posterior denunciado, con Gerardo Morales como protagonista. Para ello, hacen hincapié en una serie de movimientos que se dieron, con Jujuy como escenario, en el límite con Bolivia, desde fines de agosto hasta noviembre de 2019, cuando se consumó el golpe.

El objetivo es poner en contexto la acusación original que el Gobierno Nacional planteara contra varios de los ministros de Juntos por el Cambio

La duda queda abierta respecto a si la última responsabilidad penal de Gerardo Morales puede quedar en la presunción de contrabando o si el rol que le atribuyen podría escalar hasta la violación del artículo 219 del Código Penal que reprime con prisión de hasta 15 años cualquier acto que “alterare las relaciones amistosas del gobierno argentino con un gobierno extranjero” siempre que no cuente con el visto bueno del Gobierno nacional. En este caso, los denunciantes plantean que el papel del gobernador radical no se habría limitado al esquema de contrabando sino que se habría ocupado de garantizarle un apoyo logístico explícito al golpe de Estado.

La movida penal contra Gerardo Morales y Normando Álvarez García, como dos puntas del mismo puente, cita la fugaz visita de Ivanka Trump a la Argentina, acompañada de altos funcionarios de la administración de su padre, como un punto a analizar por la falta de información pública alrededor de ese episodio. La hija del mandatario estadounidense, casi una mano derecha suya, apenas hizo pie en Jujuy por menos de 16 horas en el marco de una gira de día que la llevó por Cúcuta, en la frontera colombo-venezolana y luego Asunción, en Paraguay, casi dos meses antes del golpe de Estado en Bolivia.

Junto a ella viajaron el secretario de Estado Adjunto, John Sullivan; el jefe Ejecutivo Interino de la Corporación Privada de Inversiones en el Extranjero (OPIC), David Bohigian; la subsecretaria Interina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung, y el administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Mark Green.

En rigor, no es la primera vez que se apunta contra Morales y el paso raudo de los enviados de la Casa Blanca por Jujuy apenas unas semanas antes del golpe. Ya la diputada boliviana del MAS Alicia Canqui Condori lo había acusado de funcionar como punto de apoyo a los sucesos de noviembre. "Desde el MAS sabemos que en Jujuy se ha reunido la hija de Donald Trump para planificar todo este plan que han hecho en Bolivia. Sabemos que los que han asumido ahora son títeres de Estados Unidos, que son los que van a mandar y han puesto todo", indicó entonces la legisladora. Pero su denuncia nunca se materializó.

Demandan información a Defensa sobre la presencia en la pista, esa misma noche, de un Hércules C130 que operaba con Santa Cruz de la Sierra.

Desde el Frente Milagro Sala apuntan ahora a que la Justicia sea quien requiera información a la Cancillería, respecto al personal y recursos que ingresaron junto al avión de Ivanka Trump en septiembre, ya que la información publicada no es precisa. El vuelo, en calidad diplomática, no pasó por aprobación del Congreso. Asimismo, demandan información al Ministerio de Defensa sobre la presencia en la pista, esa misma noche del 4 al 5 de septiembre, de un Hércules C130 que operaba en un corredor logístico con Santa Cruz de la Sierra, en esos días, para colaborar en el combate el fuego.

El propio Gerardo Morales había viajado ese día del arribo de Trump al sur boliviano, un enclave de la oposición antimasista más rancia que hoy gobierna Fernando Camacho, el cívico que encabezó la toma del Palacio Quemado. El presidente Evo Morales ya había escapado hacia Cochabamba porque su Policía le había informado que ya no garantizaba su seguridad en La Paz.  En este sentido, la denuncia plantea que se informe respecto a los movimientos de este C130 en esos días desde su partida de la base aérea de El Palomar.

De hecho, el capítulo jujeño de esta trama tuvo ayer otro acto cuando Gerardo Morales eligió condecorar a Normando Álvarez García mientras se encuentra en el ojo de la tormenta a partir de la denuncia presentada por el Gobierno nacional. “Jugó un papel central, relevante, en la prevención de la paz”, destacaron al distinguirlo. Antes, Morales había apuntado contra el actual representante en La Paz, Ariel Basteiro, por “esta épica barata”. “Están armando de todo ahí. Que se la agarren con quien quiera, pero con la actitud y la trayectoria de 'Chiqui' (Álvarez García), no”, se enojó.

Álvarez García tiene una larga trayectoria como dirigente del radicalismo en la provincia de Jujuy y tuvo un paso por cargos legislativos. No obstante, al momento de ser convocado por Macri para asignarle la misión en Bolivia, trabajaba en el sector privado como asesor de diversas firmas. Hay quienes leen en su nombramiento un gesto hacia Morales para ubicar a un hombre de su confianza en esa frontera siempre caliente para Jujuy.