El presupuesto para asistir a familiares de víctimas de femicidio, con nula ejecución
Distintas organizaciones especializadas en cuestiones de género hicieron una presentación en la Justicia para pedir precisiones sobre el cierre de la Subsecretaría en la que se convirtió el ex Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades. No hay certeza sobre lo que pasará con los programas dependientes de este organismo. La ejecución del presupuesto de asistencia a familiares de víctimas de femicidios, transfemicidios y travesticidios fue nula en el primer cuatrimestre del año.
En su cuenta de X el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, confirmó que el 85% de los empleados del ex Ministerio de la Mujer fueron despedidos. “Los restantes pasarán a cumplir funciones dentro de la órbita de la Dirección de Protección a la Familia, y asistirán a TODOS los argentinos que atraviesan situación de violencia y riesgo”, escribió el funcionario.
La única certeza para las ONG que trabajan en el tema es el recorte en materia de género. No solamente por el despido de más de 680 personas del antiguo Ministerio, sino también por la ejecución presupuestaria en esta materia.
“El Gobierno Nacional viene utilizando un procedimiento confuso: anuncia cierres de organismos y desmantelamiento de políticas públicas por redes sociales que, luego, no se condicen con los actos administrativos que efectivamente realiza”, explicaron en un comunicado distintas organizaciones que hicieron una presentación ante la Justicia. “Mientras, se recortan los presupuestos, se reduce el personal a través de despidos masivos y se anuncia el cierre de espacios que todavía tienen la obligación de brindar asistencia. Ante la imprecisión que este mecanismo genera, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Ni Una Menos (NUM), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), Mujeres por Mujeres (MxM) y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) presentaron una acción judicial colectiva que exige al Poder Ejecutivo certezas”.
En un documento oficial, el 6 de junio, el Ministerio de Justicia anunció que, “en línea con el mandato del Presidente Javier Milei de achicar el tamaño del Estado y eliminar los organismos politizados, en diciembre de 2023 el Gobierno Nacional dispuso que el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades se transforme en una Subsecretaría mientras se completaba su cierre. Dicha dependencia pasó a la órbita del Ministerio de Justicia y hoy se resolvió su eliminación definitiva”.
Las organizaciones que hicieron la presentación en la Justicia entienden que esto supone el cierre de la Subsecretaría, con lo que no quedaría ningún organismo u oficina destinada a políticas de género. Lo mismo se desprende del posteo del Ministro, que anunció que los empleados del antiguo ministerio de las Mujeres pasarán a cumplir funciones en la Dirección de Protección a la Familia.
Por eso, en la presentación demandan “claridad sobre cuál será el organismo encargado de dar cumplimiento a las obligaciones legales en materia de violencias; cuáles son los programas de prevención, asistencia y acceso a la justicia que seguirán vigentes; y sobre todo cómo dará cumplimiento a las obligaciones asumidas por normativas y tratados internacionales a los que Argentina ha adherido”.
En cuestiones presupuestarias, los programas que todavía estarían vigentes –pero cuyo destino final se desconoce– sufrieron un drástico recorte. Según informaron desde ELA y ACIJ, “el presupuesto vigente (disponible para todo el año) es, en términos reales, un 62% más bajo que el de 2023”.
El programa Acompañar, que asiste a víctimas de violencia, sufrió un recorte del 79% en el primer cuatrimestre del año con respecto al año 2023 en lo que a ejecución presupuestaria se refiere. Tal como señaló PERFIL, desde diciembre no se habrían incorporado nuevas víctimas de trata al programa.
La asistencia incluía ayuda para niñas, niños y adolescentes
La línea 144, por su parte, ejecutó un 25% respecto a la ejecución del mismo periodo del año anterior. “Además, se advierte que el presupuesto ejecutado en esta actividad alcanza casi el 60% del presupuesto disponible para todo el año, lo cual da cuenta de la insuficiencia del presupuesto vigente para la línea”, explicaron las organizaciones en un informe.
En el caso de la ayuda a familiares de víctimas de femicidios, transfemicidios y travesticidios no se ejecutó presupuesto durante el primer tercio del año.
Esta asistencia incluye un apoyo económico no reintegrable para cubrir gastos relacionados con el fallecimiento, asistencia psicológica a las personas del grupo familiar o allegados que lo requieran, el asesoramiento para el acceso a la Justicia, y la reparación económica para niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia familiar o de género.
Otras funciones, como la protección de víctimas de violencia o los programas de rescate y acompañamiento de las víctimas de trata, tuvieron una reducción en su ejecución de entre el 72% y el 90%.
De concretarse el cierre de la Subsecretaría, afirmaron las organizaciones, “Argentina pasaría a ser el único país en Latinoamérica sin institución a cargo de las políticas de equidad de género”.