“Capacitismo”, la idea con la que busca romper un proyecto de ley

Organizaciones de la sociedad civil presentaron un proyecto de Ley Marco de Derechos de las Personas con Discapacidad que busca romper con una mirada que, en la normativa argentina, está presente desde 1981, cuando se dictó la legislación vigente.

“La actual ley de discapacidad, sancionada durante la última dictadura, se basa en un modelo obsoleto y discriminatorio”, explican en un comunicado las instituciones que firman la solicitud. “La nueva propuesta, en armonía con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adopta un enfoque de derechos humanos y promueve el modelo social”, agregan.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la ONU en 2006, fue ratificada por el Congreso en 2008 y tiene jerarquía constitucional desde 2014. Entre otras cosas, en su artículo 27 dispone que los Estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones que las demás, y en entornos laborales abiertos, inclusivos y accesibles.

Para eso, las leyes de los miembros debían incluir la prohibición de la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección y contratación; garantizar la protección de los derechos de las personas con discapacidad a condiciones de trabajo justas y favorables; asegurar el ejercicio de las personas con discapacidad de sus derechos laborales y sindicales; permitir a las personas con discapacidad el acceso efectivo a talleres y capacitaciones; alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el mercado laboral; y garantizar el empleo de las personas con discapacidad en el sector público.

Entre las barreras que impiden el ejercicio del derecho al trabajo para las personas con discapacidad, tal como afirmó la activista Gabriela Bruno en diálogo con PERFIL, una de las principales es la “falta de accesibilidad en los entornos laborales, y en las ciudades o pueblos para poder desplazarse y llegar” al lugar de trabajo.

Otras tienen que ver con la mirada desde la que se aborda el tema: “los prejuicios o barreras actitudinales que forman una mirada de lástima, de imposibilidad, de que no podemos, de que no lo vamos a saber resolver, de que es mejor evitar riesgos, de que para qué necesitamos trabajar, de que prefieren hacerlo por nosotros porque no se bancan nuestros tiempos ni nuestros procesos de aprendizaje diferentes”, explica a este medio Bruno, que si bien no es parte de las organizaciones que presentaron el proyecto identifica también al capacitismo como una de las principales trabas. 

“Se trata de una posición que hace que nadie piense en que podemos producir, generar recursos, que queremos tener los mismos derechos a ser explotados por este sistema capitalista, que necesitamos que nos ahorren su pena, que si siempre hacen por nosotros es claro que nos va a costar más aprender”, agrega.

Esa mirada, que en muchos casos es una traba a la hora de contratar personal, está basada en la idea de “capacitismo”.

“La postura de la sociedad capacitista es que las personas ‘capacitadas’ son lo normal, y las personas con discapacidad debemos adaptarnos a la norma o excluirnos porque no somos consideradas personas funcionales al sistema capitalista o útiles a menos que seamos un poco normalizadas, arregladas”, afirma la activista.

Si bien la legislación no lo es todo en este sentido, sí es un punto de partida desde el cual el Estado puede garantizar y observar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Según se lee en el comunicado de las organizaciones que presentaron el proyecto, entre otras cosas se busca que el enfoque sobre la temática sea integral, y que abarque desde la salud y la educación hasta el trabajo y la participación ciudadana.

El objetivo, además de contar con una ley que no sea elaborada en tiempos de dictadura, es que se aceleren trámites para acceder al Certificado Único de Discapacidad, que se promueva el empleo tanto en el sector público como en el privado, que se establezca una Asignación Universal por Discapacidad y que se garantice una educación inclusiva.

“Otra de las dificultades es que personas con discapacidad históricamente han tenido muchas dificultades para acceder a la educación formal, por lo que una gran mayoría se encuentra en una posición de subalternidad respecto a contar con certificación que pueda acreditar saberes como es la educación secundaria”, sintetizó Bruno.