Cada vez menos fondos para políticas de género

El Pacto para el Futuro, firmado por 193 países del mundo y rechazado por Argentina, aborda el tema del género como uno de los ejes centrales de las políticas públicas.

En la 79° Asamblea General de la ONU Javier Milei expresó el disenso de su Gobierno con el Pacto para el Futuro, que, según consta en el documento, está “guiado por los principios de derechos humanos e igualdad de género”.

El texto hace hincapié en que los derechos humanos “nunca podrán ser plenamente defendidos a menos que también sean disfrutados por todas las mujeres y niñas”, así como el desarrollo sostenible no se conseguirá “sin su participación plena y equitativa”. También refiere a la necesidad de eliminar todas las formas de violencia y discriminación por razones de género.

“Invitamos a todas las naciones del mundo libre a que nos acompañen, no solo en el disenso de este pacto, sino en la creación de una nueva agenda para esta noble institución, la agenda de la libertad”, afirmó el Presidente sobre un proyecto que considera “socialista” y creado por “burócratas internacionales que pretenden imponerles a los ciudadanos del mundo un modo de vida determinado”.

La nueva postura de Argentina respecto a estos temas en el exterior es coherente con lo que sucede al interior del país. Organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) denunciaron un desmantelamiento de las políticas de género durante los primeros seis meses de la actual gestión. Entre los casos más resonantes está el del Programa Acompañar, que consiste en una ayuda económica y psicosocial directa a quienes acrediten una situación de riesgo por violencia –y cuyo presupuesto se redujo de $ 68.803 millones a $ 21.516 millones durante 2024–, o el fortalecimiento de la línea 144, cuyo presupuesto también bajó en 2024 respecto a lo ejecutado en 2023. En tanto, si bien en mayo la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género pasó a la órbita del Ministerio de Justicia, el Gobierno anunció su cierre apenas un mes después. El argumento fue que se trataba de un organismo "creado con fines político-partidarios para propagar e imponer una agenda ideológica".

Por eso, desde ELA, Ni Una Menos (NUM), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), Mujeres por Mujeres (MxM) y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), iniciaron una acción declarativa contra el Ministerio de Justicia y el Poder Ejecutivo. El objetivo es conocer con claridad “cuál será el organismo encargado de dar cumplimiento a las obligaciones legales del Estado Nacional en materia de violencias; cuáles son los programas de prevención, asistencia y acceso a la justicia que seguirán vigentes y, sobre todo, cómo dará cumplimiento a las obligaciones asumidas mediante normativas y tratados internacionales a los que Argentina ha adherido”, explicaron en un comunicado.

En lo que respecta a otras políticas que tienen impacto en la vida de niñas y mujeres, el Ministerio de Salud también reducirá partidas: en la prevención del embarazo adolescente, por ejemplo, se empleará la mitad de recursos que en 2024. El dinero destinado a estas acciones ya se había reducido este año: pasó de $ 2.242,78 millones iniciales a $ 1.967 millones, aunque para fines de septiembre apenas se ejecutaron $ 276,73 millones. “El presupuesto 2024 del Programa de ‘Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable’ presenta una disminución del 64% en términos reales en comparación con el año 2023, y del 72% con respecto al año 2021”, señalaron en un informe conjunto Acij, ELA, Reedas y Cedes. Para 2025 el dinero destinado prevención de embarazos adolescentes será todavía menos: $ 1. 829 millones.

Tal como advirtieron profesionales a PERFIL, la reducción en el presupuesto para salud sexual y reproductiva puede derivar en un aumento de los embarazos adolescentes y las enfermedades de transmisión sexual en el mediano y largo plazo.

En un informe las instituciones advirtieron sobre un “proceso acelerado de deterioro de la institucionalidad de género; el incumplimiento de normativas y tratados internacionales vigentes; el desmantelamiento de programas de prevención de las violencias por motivos de género y el desfinanciamiento de acciones de asistencia a miles de personas en todo el país”, observable en los primeros seis meses de gestión de Javier Milei.

Para 2025, al menos en términos presupuestarios, la situación promete profundizarse.