Osvaldo Luján, presidente de las Sociedades Rurales de Chubut, sostuvo hoy en diálogo con el programa Aire de Campo que se emite por Radio Perfil que “cayó bastante mal” a los productores ovinos los dichos de falta de transparencia en la entrega de los fondos que formaban parte del fideicomiso estipulado en la Ley Ovina, ya que aclaró que los proyectos presentados y oportunamente “aprobados” cuentan con “controles técnicos y administrativos”, que son auditados por las provincias, organismos técnicos como el SENASA o el INTA, y por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
También mencionó que es “errónea” la cifra de $3.000 millones empleados en el Fondo Fiduciario Ovino del 2023, ya que aseguró que, desde hace años, el Tesoro Nacional solo cumple con el envío de un monto de $850 millones anuales para financiar proyectos ovinos a través de la mencionada herramienta fiduciaria.
La posición oficial fue expresada por Manuel Adorni, vocero de la Presidencia de la Nación, quien informó de la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de cerrar un fondo ovino que se utilizaba desde el 2002. La medida se adoptó a través de la Resolución 650, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo.
El vocero presidencial informó públicamente que era decisión del gobierno de Javier Milei terminar con el fideicomiso para promover la ganadería ovina, bajo los objetivos de la administración de La Libertad Avanza de recortar la erogación del gasto público, hecho que provocó un profundo malestar en la producción ovina patagónica.
A través de su cuenta de X, Adorni indicó que “se ha decidido cerrar el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO). Este fondo manejaba $3.000 millones por año sin ningún tipo de transparencia: desde su creación, tampoco se pudieron verificar mejoras en el sector”.
Polémica por las cifras
Ya que Manuel Adorni consignó un monto de $ 3.000 millones como parte del Fondo Fiduciario, Luján mencionó que “la Ley Ovina establece un monto ínfimo de $ 850 millones, cifra aprobada en la última renovación del 2022. Cada año el presupuesto no supera este monto”.
El ruralista comentó que durante el pasado año a través del Fondo Fiduciario Ovino el distrito chubutense recibió un monto total de $129 millones, atento a lo que le corresponde en base a una tabla de productores ovinos en la provincia. “Estamos en conversaciones con Agricultura y Ambiente, y buscamos herramientas que posibiliten la producción ovina patagónica, que ya enfrentaba una situación compleja, y que se ve agravado por una situación climática. Sin embargo, no podemos aceptar que se tergiverse la información”..
“La Patagonia, que tiene el 60% de los ovinos de Argentina, recibe desde Neuquén hasta Tierra del Fuego anualmente unos $300 millones, lo que serían unos $30.000 por productor. La ley tiene una estructura de trabajo administrativo grande y que funciona correctamente, mancomunadamente público y privado, con buenos controles”, manifestó.
Quejas desde la Patagonia
Osvaldo Luján aseguró que las declaraciones de los funcionarios nacionales “les cayó bastante mal por las formas: nosotros (los productores ovinos) veníamos en conversaciones con el primer secretario de Bioeconomía y hasta ahora con el actual secretario de Agricultura, y también hemos hablado con Juan Alberto Pazo (actual secretario de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía) del Ministerio de Economía”.
“Ya sabíamos -dijo- cuál era la idea del gobierno, de sacar el fondo fiduciario de lo que es la Ley Ovina, mientras que venimos trabajando con la Secretaría de Agricultura en la forma de buscar distintas herramientas o mejoras, y allí no teníamos ningún inconveniente. Pero lo que vemos es que se tergiversan las cosas con falta de información” promovida desde la Casa Rosada, aseguró Luján.
El dirigente ruralista de Chubut comentó que “hay dos temas que el vocero presidencial manifestó. Allí mencionó la falta de transparencia y otra cuestión son los beneficios. Yo me permito negar la falta de transparencia. Recordar que la Ley Ovina fue creada hace más de 20 años y esta norma tiene una línea de coordinación nacional y establecida en la Secretaría de Agricultura. Y tiene unidades ejecutoras provinciales, encargadas de evaluar los proyectos que presentan los productores. Forman parte los Ministerios de cada provincia y los organismos técnicos como el INTA y SENASA. Y además participamos los propios productores. Allí sabemos a quién le estamos prestando los fondos”, explicó.
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