La Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustible, la Cámara Santafesina de Energías Renovables y la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados denunciaron que “el gobierno nacional, de manera arbitraria, discriminatoria e ilegal, continúa con la decisión de no calcular, actualizar y determinar el precio de venta acorde a los costos reales que tiene la industria y al marco regulatorio vigente para la actividad, en abierta violación de la ley 26.093, situación que lleva más de 11 meses”.
El Poder Ejecutivo Nacional no envió para su tratamiento en sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional la prórroga de la ley que fija los porcentajes de mezcla de biocombustibles con nafta y gasoil, y estableció incentivos para el desarrollo de las plantas.
El Gobierno decidió un fuerte aumento en el precio de los combustibles.
Desde las cámaras sostienen que la totalidad de las empresas elaboradoras de biodiesel continúan paralizadas “porque no es posible producir con el precio fijado por el gobierno nacional, ya que el mismo resulta insuficiente para cubrir la compra de la materia prima y los demás costos de producción. Esto implica que las 28 empresas de biodiesel (instaladas en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Entre Ríos y Santiago del Estero) no trabajan desde hace más de 5 meses, acrecentando y agravando aún más la crisis que atraviesa el sector, colocándolo en un estado de situación terminal”.
“Resulta inentendible que nuestro país, siendo uno de los principales productores mundiales de biodiesel, no cumpla desde hace más de 8 meses con los porcentajes legales de corte obligatorio; siendo, por otra parte, importador de más del 30% del gasoil que se consume, y existiendo capacidad ociosa de combustibles renovables y alternativos de producción nacional”, afirman desde las entidades que reúnen a los productores de biodiesel.
Pymes
Por su parte, la Cámara de Empresas Pyme Regionales Elaboradoras de Biocombustible (CEPREB) se manifestó en el mismo sentido. “El tratamiento de la prórroga de la Ley 26.093 -aprobada por unanimidad por Senadores- es imprescindible para la continuidad del sector y de los más de 10 mil puestos de trabajo”.
Y esperan que “este atraso no sea funcional hacia aquellos sectores que buscan beneficios económicos, ignorando los fundamentos sobre los que se apoya la ley”.
