Tras la denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) al titular de Tabacalera Sarandí, Pablo Otero, por presunto lavado de dinero, la empresa salió a aclarar que la demanda no tiene “ningún sustento jurídico ni fáctico” y “que responde a una clara maniobra de persecución política y económica”.
“Esta operación tiene como único objetivo perjudicar a una empresa nacional que ha crecido en base al esfuerzo, el cumplimiento de las leyes y la competencia leal. Pretenden desplazarnos del mercado argentino para beneficiar a una multinacional extranjera: Masalin Particulares, perteneciente al grupo Philip Morris, que utiliza al ARCA para presionar en una disputa de mercado entre privados", señaló un comunicado de prensa.
La posición de la empresa fue más contundente al sostener que "la denuncia impulsada por el ARCA responde y es funcional al histórico lobby ejercido por estos grupos concentrados que no toleran la existencia de una empresa nacional competitiva en el sector del tabaco". "No es la primera vez que enfrentamos ataques sistemáticos destinados a quebrarnos o forzarnos a entregar nuestra participación en el mercado”, expresó Tabacalera Sarandí.
Y agregó: “Según la denuncia de ARCA publicada en los medios de comunicación, motorizada por la señora Natalia Pérez Aguín gerenta de Comunicaciones de Massalin particulares, algunos distribuidores habrían cometido irregularidades al vender cigarrillos a comercios o consumidores, y por eso también acusan a Tabacalera Sarandí de participar en una maniobra para 'blanquear' dinero de origen ilegal”.
La compañía señaló que no existen pruebas, ni acusaciones directas contra la tabacalera y afirmó que la acusación es “absurda desde lo económico”, ya que si alguien quisiera lavar dinero, “no lo haría usando una actividad con tanta carga impositiva”. “Sería ridículo perder el 85% del dinero solo para ingresarlo al sistema legal a través de la venta de cigarrillos”, aseguraron desde la empresa.
“No vamos a permitir que se use el aparato judicial y mediático para perseguirnos y desprestigiar nuestro trabajo. No nos vamos a callar frente a este atropello. Reafirmamos nuestro compromiso con la industria nacional, la transparencia y la verdad”, concluyeron desde Tabacalera Sarandí.
La denuncia del Gobierno a Tabacalera Sarandí
La semana pasada la jefa interina de la División Penal Tributaria de la Dirección de Operaciones Grandes Contribuyentes Nacionales de ARCA, Felicitas Achábal, presentó ante la Justicia Federal una denuncia por “posibles maniobras de legitimación de activos de origen ilícito (lavado de dinero), conforme al artículo 303 del Código Penal”
La funcionaria también señaló que la empresa de Otero “vendió cigarrillos por más de $33.600 millones entre los años 2021 y 2023 a 23 distribuidores mayoristas con perfil fiscal irregular y sin capacidad operativa real que revendían los productos a consumidores finales sin identificar y emitían facturas con precios similares a los de compra, lo que sugiere baja rentabilidad y posible simulación de actividad comercial”.
“Ante lo inusual de la operatoria de venta, se suma que los vendedores mayoristas poseen un marcado perfil fiscal irregular, y una notable falta de capacidad operativa, económica y financiera para llevar adelante el negocio”, agregó la demanda, que tiene el patrocinio legal de los abogados Matías Gentile Brezigar y Vanina Mariel Vidal.
AM
