La industria tabacalera argentina se encuentra en medio de un torbellino de acusaciones y denuncias que apuntan hacia una red de corrupción y manipulación, según la denuncia de Pablo Otero. El dueño de Tabacalera Sarandí emprendió una batalla legal sin precedentes contra ejecutivos de Massalin Particulares (la filial de Phillip Morris International en el país) por pretender "eliminar a la competencia" de la industria local.
Las acusaciones, detalladas en una presentación judicial, abarcan una amplia gama de delitos graves, que van desde asociación ilícita hasta defraudación a la administración pública, e incluyen la supuesta complicidad de funcionarios de alto rango de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y directivos del Grupo Clarín, que también fueron incluidos en la demanda.
Según Otero, a quien sus detractores llaman "El Señor del Tabaco", esta acción legal es una respuesta directa a una presunta campaña de desprestigio y presión iniciada por Phillip Morris International, a través de su filial Massalin Particulares S.A., en connivencia con ciertos sectores de los medios de comunicación y funcionarios públicos. La meta de esta campaña, según el denunciante, es eliminar a competidores más pequeños, como la Tabacalera Sarandí, del mercado tabacalero argentino.
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Detalles de la demanda
"Durante algún tiempo, nuestra empresa ha sido objeto de una campaña mediática coordinada, diseñada para presionar a la AFIP y desacreditarnos ante la opinión pública", afirmó Otero en una declaración pública, en la que no solo hizo referencia a su empresa sino a otras pymes de la industria tabacalera que crecieron durante la crisis económica. "Es imperativo que se investiguen estas prácticas corruptas y se responsabilice a los culpables", agregó.
La batalla legal de Otero se basa en una serie de eventos y acciones presuntamente orquestadas por Phillip Morris International y sus aliados locales. Según la denuncia, se alega que ejecutivos de Massalin Particulares utilizaron diversas "maniobras ilícitas", como "el armado de causas falsas, presiones sobre legisladores, y operaciones de prensa en connivencia con los mayores medios periodísticos del país", para obtener ventajas competitivas y eliminar a competidores del mercado.
"Así es como reiteradamente los medios periodísticos acusaron a Tabacalera Sarandí de no cumplir con el pago del impuesto interno cuando la empresa se encuentra al día en el cumplimiento de los mismos", dijo Otero en su declaración.
Asimismo, indicó que "esas operaciones de prensa" buscaban ejercer presión sobre AFIP, dado que, en reiteradas notas periodísticas que cita en su denuncia, tanto Clarín como La Nación "hacían hincapié en que la AFIP no ejecutaba una presunta deuda fiscal contra la empresa que presido".
En el escrito, el empresario señala que hubo consecuencias sobre esa "presión" ejercida sobre la AFIP, dado que, según denuncia, "terminó por complicar la operación comercial de Tabacalera Sarandí ya que al no poder ejecutar una deuda inexistente y encontrarse la empresa amparada por una medida cautelar (…) el medio que la AFIP encontró para entorpecer la operación comercial fue el retaceo de los Instrumentos Fiscales de Control (IFC)".
En esa línea, señaló la presunta complicidad de ciertos funcionarios de AFIP, quienes habrían cedido a estas presiones y se habrían abstenido de tomar medidas legales en favor de la Tabacalera Sarandí, a pesar de que la empresa está al día con sus obligaciones fiscales.
El tema sobre la aplicación de impuestos a Tabacalera Sarandí generó revuelo en la última sesión de Diputados en el tratamiento de la Ley Bases, donde se reincorporó el artículo con las anuencias de la oposición, que obtuvo 82 votos a favor, 77 negativos y 69 abstenciones.
cd / Gi
