Dos años atrás reflejábamos en una nota en PERFIL la orgullosa autopercepción de la ciudad entrerriana respecto de las cuestiones ambientales (ver enlace). Gualeguaychú se presentaba como un faro para rumbos innovadores y desafiantes como la agroecología, a partir de una ordenanza aprobada en abril de 2018. Esta comunidad, de unas 90 mil almas y con un éjido que abarca una enorme cantidad de hectáreas productivas, había decidido, no sin controversia, avanzar en lo que nadie se animaba.
La prohibición del glifosato en 2018 fue en el marco de una intensa y amarga discusión social por casos de cáncer en niños y niñas, y pese a la incertidumbre respecto de sus causas. Unos meses antes de la sanción había muerto Antonella González, una niña de 9 años que se convirtió en emblema de “Stop Cáncer”. Reinaba la fuerte sospecha de que entre esas causas no identificadas prevalecía el uso de “agrotóxicos”, como ya se les decía oficial y extraoficialmente: “Veneno es veneno, aunque lo quieran presentar de otro modo”, argumentaban concejales y especialistas, médicos y activistas, en la discusión acerca de si era razonable prohibir esa sustancia. Previsiblemente, los principales obstáculos iban de la mano de las agrupaciones ruralistas, muchas de las cuales habían sido pioneras años antes en la oposición a las pasteras uruguayas. En efecto: la cuestión ambiental también está llena de paradojas.
Lo cierto es que nunca se demostró con contundencia la conexión directa. Hasta el día de hoy nadie ha confirmado la persistente información que se repite como un mantra: “La mayoría de los niños con cáncer del Garrahan son de Entre Ríos”. No obstante, por aquellos días, la Municipalidad de Gualeguaychú (la misma gestión que impulsó la prohibición) dio a conocer un informe propio cuya principal conclusión establecía que “la mortalidad por cáncer, tanto el orden de frecuencia de los principales sitios tumorales como su contribución relativa como causa de muerte presentan correspondencia con lo observado en otras jurisdicciones” (ver enlace). Pero la contundencia de casos singulares en la región (como el de Fabián Tomasi) y la abundante información que indicaba vinculación entre el glifosato (como la propia OMS al clasificar el glifosato como posible cancerígeno) fueron decisivos.
Y el hecho es que Gualeguaychú, por entonces, se animaba a lo que nadie se animaba. Primero prohibió el uso del glifosato, enseguida decidió comenzar un apoyo activo a la agroecología, con un plan para que productores de la zona hicieran la transición y dejaran de usar agrotóxicos, priorizando producir alimentos sanos para sus propios vecinos. No mucho después se discutió en el Concejo Deliberante prohibir también el trigo transgénico, el mismo que el oficialismo de entonces (al que pertenecían las autoridades locales) presentaba a nivel nacional como un logro de su gestión.
La Matanza a cielo abierto: glifosato y muerte
Paradojas que no cesan
La ciudad entrerriana, como muchos recuerdan, había comenzado a forjar —abrupta pero sostenidamente— una conciencia ambiental inédita dos décadas atrás, cuando el Uruguay anunció la construcción de pasteras en la orilla opuesta. El terror por la amenaza de contaminación del río (pero también por el riesgo de pérdida del turismo y del valor de las propiedades) motorizó una inesperada y masiva movilización ciudadana que trastocó el tablero político de la región, produjo un persistente conflicto con el país vecino y terminó llevando a la Argentina, por primera vez en su historia, a denunciar a un país hermano ante la Corte de La Haya.
Pero ahora Gualeguaychú cambió de rumbo. Hace un año eligió como intendente a un personaje singular: un ex integrante del grupo tropical Ráfaga, Mauricio Palito Davico, autopercibido como macrista mileísta, que venía de ser intendente en un pueblo vecino (Pueblo Belgrano, que hasta 2007 era un barrio de Gualeguaychú). Davico derrocó al candidato del PJ, uno de “los Piaggio”, que antes parecían invencibles pero no pudieron sortear la debacle del kirchnerismo al que adherían. Quizás porque nunca comprendieron que sus vecinos los votaban a pesar de ser kirchneristas y no por serlo.
Al cambiar de signo, la comunidad de Gualeguaychú parece dispuesta a arrojar el bebé con el agua sucia de la bañera, aquella frase que procede del habla popular germánico documentada desde el siglo XVI. La gestión de Davico se ufana de haber derogado el 60 por ciento de las tasas municipales, y ahora, puede añadir el “logro” de derogar una ordenanza que además de ser una piedra en el zapato para sectores muy influyentes en la vida económica de la ciudad, ya había sido declarada inconstitucional por la justicia provincial, la cual entendió que “faltan pruebas científicas que demostraran que el glifosato es nocivo para la salud y el medio ambiente”. Las organizaciones ambientales acusan lo contrario: “pruebas científicas sobran, lo que les falta es voluntad”, aseveran.
Cambio de época
Los signos de los tiempos no se detienen en los limites del éjido municipal: en la misma semana la Legislatura entrerriana aprobó una Ley de Fitosanitarios que, según denuncian las organizaciones ambientales, permitirá fumigar hasta a 10 metros de viviendas. Más paradojas epocales: el principal impulsor de la norma aprobada fue un joven diputado del Partido Socialista (que integra la alianza oficialista de Rogelio Frigerio) y el principal activista que habló en contra en la sesión fue Daniel Verzeñassi, referente ambiental entrerriano y, décadas atrás, figura del PS en Paraná.
Mientras, en Gualeguaychú, desde la gestión especificaron que impulsaron derogar la ordenanza de 12216 de 2018 para cumplir con el fallo judicial que había declarado la inconstitucionalidad de los dos primeros artículos. El primer artículo prohibía “el uso, aplicación, expendio, almacenamiento, transporte, comercialización y venta del producto llamado en forma general ‘Glifosato’ y aquellas formulaciones que lo contengan”. La decisión de la Cámara Contencioso Administrativa N° 2 de Concepción del Uruguay se dictó en octubre pasado tras una acción promovida por varias asociaciones de productores rurales. La Municipalidad no apeló.
Cuando se discutía el proyecto, los gritos de las personas presentes, entre quienes se encontraba la familia de Antonella (aquella niña que había sido emblema del reclamo ambiental) motivaron un cuarto intermedio, y una vez que se retomó la sesión se aprobó la derogación, con los votos del oficialismo local y el acompañamiento de uno de los concejales del bloque libertario. El Partido Justicialista, en tanto, votó en contra, con un concejal ausente, Jorge Maradey, el mismo que había sido titular del Concejo en 2018, cuando se aprobó la ordenanza ahora anulada.
MC / Gi
