Reabrieron una causa judicial contra Roberto Navarro por "incitación a la violencia" contra periodistas

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó el viernes pasado reabrir una causa judicial contra el periodista y empresario fundador de El Destape, Roberto Navarro, por “incitación a la violencia” contra los colegas Eduardo Feinmann, Jorge Lanata, Luis Majul, Baby Etchecopar y Jonatan Viale. Navarro, en agosto de 2022, había asegurado que “algo tenemos que hacer para frenarlos”, en el marco de una supuesta campaña de desprestigio contra la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, quien dos semanas después sufriría el intento de asesinato.

La denuncia había sido presentada por Luis Majul y Eduardo Feinmann se había presentado como querellante, pero la jueza federal Eugenia Capuchetti había cerrado la causa por inexistencia de delito, ante la falta de acusación por parte del fiscal Carlos Rívolo. Ese fallo fue ratificado por la Cámara Federal de Apelaciones. Sin embargo, ahora Feinmann apeló y los jueces de la Cámara de Casación Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques ordenaron que se reabra la causa para analizar si hubo delito.

Por su parte, Navarro se mostró sorprendido y dijo que cree que se trata de una operación del gobierno de Javier Milei, a través de su injerencia sobre la Justicia. "No puedo dejar de pensar que tiene que ver con la denuncia que hicimos sobre la comida que estaban dejando pudrir en los galpones. Fue el peor momento para Milei”, recordó. Además, en comunicación con Clarín comentó que la reapertura de la causa en su contra le "llama mucho la atención, porque Eduardo (Feinmann) y yo solemos chatear sobre actualidad política y nunca sale el tema".

El periodista Ari Lijalad también apuntó contra una supuesta operación de Milei y denunció: “Los tres jueces fueron designados por Macri. En el caso de Mahiques directamente a dedo, sin concurso, y es uno de los que viajó a Lago Escondido invitado por Clarín. Ahora decide sobre la suerte del dueño del medio que publicó ese escándalo”. Por su parte, SiPreBA se solidarizó con Roberto Navarro, “ante la reapertura de una causa en su contra que criminaliza su ejercicio del periodismo. Nuestro apoyo a los compañeros y las compañeras de El Destape frente a un nuevo ataque a la libertad de expresión y al derecho a la información”.

Qué dijo Navarro en 2022

Las expresiones de Roberto Navarro que generaron la denuncia de Majul en su contra se produjeron el 15 de agosto de 2022, en un pase que hizo con Roberto Caballero, en El Destape Radio. “Los Viale, los Lanata, los Feinmann, los Majul son los que están generando la violencia. Después pasan al aire los escraches. Yo creo que algo hay que hacer con ellos, algo hay que hacer con Jony Viale, con Majul, Leuco. Algo tenemos que hacer para frenarlos”, reflexionó al aire.

“Algo tenemos que hacer con ellos, que están generando este nivel de violencia. Mañana o pasado un loco puede matar a alguien. Deberían tener miedo ellos. Viale debería tener miedo de que algo lo frenara. El Estado debe cuidarlo a Jony Viale para que esto no despierte la violencia contra él. Un día estos hechos van a terminar mal. Van a terminar a los tiros. Esa violencia puede ir contra ellos también”, agregó Navarro.

Ahora, en entrevista con Clarín, sostuvo que es importante escuchar “todo el pase de ese día” para “ver el contexto en que se dijeron las cosas”. “Advertí que los discursos de odio iban a terminar en violencia y así fue: dos semanas después atentaron contra Cristina”, explicó, en referencia al jueves 1 de septiembre. “Era la época de los escraches de Revolución Federal. Algunos medios los repetían y los aprobaban. Dije que el Estado tenía que hacer algo. Que era peligroso incluso para los periodistas que tenían estas prácticas. Me denuncian por cosas que dije en el ejercicio de mi profesión”, continuó.
 

El argumento de los jueces contra Navarro

En las distintas causas contra Navarro que se terminaron unificando se le adjudicó al periodista los delitos de instigación a cometer un delito y de incitación a la violencia colectiva contra un grupo de personas, caratulados en los artículos 209 y 212 del Código Penal. Al día siguiente de la declaración de Navarro, Feinmann expresó en radio Mitre que no tenía el objetivo de “hacerse la víctima”, pero que si le llegara “a pasar algo a mí, a mi familia, a Lanata, a Viale, a Leuco, Majul y sus familias, yo hago responsable al señor Roberto Navarro, a Cristina Fernández de Kirchner y a todo el gobierno”, apuntó.

Tras apelar el fallo que cerró la causa por inexistencia de delito, a través de sus abogados Gabriel Iezzi y Ana Laura Palmucci, Feinmann logró que los tres jueces de la Cámara de Casación votaran por reabrir el caso. “Los argumentos desplegados son insuficientes para sustentar la confirmación de la desestimación de la denuncia”, afirmó Petrone, voto al que adhirió Barroetaveña. “Objetivamente, existen elementos tales como el contenido mismo de las manifestaciones y el medio empleado para proferirlas que impiden descartar” la acusación, opinaron. Petrone también advirtió que “la libertad de expresión y de prensa debe ser prudentemente evaluada en armonía con las conductas socialmente disvaliosas tenidas en la normativa penal”.

Mahiques fue más categórico, aunque consideró que “el exaltado clima político actual no favorece una delimitación conceptual rígida de la libertad de expresión porque el objeto (y los sujetos) involucrados en la disputa suscitan reacciones viscerales y ruidosas disputas por escrito en los medios y redes sociales”. Y apuntó contra la Cámara Federal que decidió cerrar la causa por inexistencia de delito: “Yerra el juez del voto que hizo mayoría cuando reduce la cuestión a una suerte de justa de opiniones libres entre querellante y denunciado sin hacer una evaluación de su densidad deletérea”.

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“No puede haber libertad de expresión subalternada a las pulsiones partisanas o la voluntad de dominar, denigrar, inferiorizar, cancelar, perseguir, vulnerabilizar, o percutir situaciones de odio, violencia o descalificación injustificada”, dispuso Mahiques. “El carácter nocivo de ciertas expresiones y discursos, especialmente cuando son proferidos a través de medios masivos de comunicación, debe ser analizado en relación a la forma de su emisión, a las circunstancias en que llegan a los receptores, y a los efectos reales o potenciales que el mensaje puede producir en ellos”, postuló.

El juez ahondó: “Esto vale cuando las víctimas son destinatarias directas (como en las ofensas personales o en las amenazas), y también cuando las consecuencias son indirectas (como en la provocación a la violencia o la discriminación), en las que los damnificados eventuales son exteriores o ajenos a la situación comunicacional”. “El corazón de la libertad de expresión lo constituye el intercambio de ideas como vector de la opinión pública y es por tanto el interés general allí implicado el que cuenta con la protección de la ley y de los magistrados. La imputación efectuada por la parte querellante abarcó varias posibles conductas punibles”, respaldó.

“La denuncia, en efecto, alude a la incitación a la violencia, figura que en nuestra legislación penal tutela el orden público como un bien propio del conjunto de la población”, manifestó. “Las controvertidas expresiones del imputado examinadas en este legajo se definieron también por los denunciantes como discursos de odio. La noción exhibe cierta ambigüedad, pero es claro que apunta a situar los límites tolerables de la discusión pública y a fijar el cursor entre el debate político virulento pero aceptable y el hate speech (discurso de odio)”, cerró Mahiques.

ML / ED