La jueza federal María Eugenia Capuchetti dispuso el procesamiento de cinco funcionarios de la Universidad de San Martín (UNSAM) por el supuesto desvío de fondos públicos provenientes del ministerio de Planificación a cargo de Julio De Vido, realizado a través de contrataciones irregulares y emisión facturas “truchas”.
Román Martín González, Jonathan Bortnik, María Andrea Luján Fernández, Francisco Héctor Fernández y Juan Esteban Videla son investigados desde hace 8 años y fueron sobreseídos de la causa en febrero pasado, pero ahora la magistrada sumó pruebas y volvió a procesarlos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El exrector de la UNSAM, Carlos Ruta, y Daniel Edgardo Di Gregorio, exvicerrector de la universidad, ya tienen procesamiento confirmado.
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La investigación fue iniciada 2017 a partir de una denuncia de la Oficina Anticorrupción por inconsistencias en las facturas emitidas por la casa de estudios al Órgano Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP), que se usaron para cubrir otros gastos y no estaban registradas ante la ex AFIP.
El rol de ORSEP y los fundamentos de la jueza
El ORSEP es un organismo encargado de fiscalizar el funcionamiento de los emprendimientos de represas hidroeléctricas y firmó un convenio con la UNSAM en 2012 por asesoramiento técnico. De acuerdo a la denuncia, los fondos asignados al organismo por el Ministerio de Planificación, que por entonces era comandado por Julio De Vido, presentaban irregularidades por 8.898.167 de pesos.
Según declaró Capuchetti, “en esta pesquisa se ha determinado que el dinero que la UNSAM recibió del ORSEP, como resultado de las prestaciones acordadas en los instrumentos investigados, salió del circuito de dicha institución a través de la emisión de cheques de pago diferido a nombre de consultores, la mayoría de los cuales negó haber realizado las tareas asignadas”.
Si bien Capucchetti confirmó el procesamiento de todos los acusados a fines de 2023, la Sala II de la Cámara Federal dictó la falta de mérito del resto de los procesados. Ahora, la jueza volvió a procesarlos a partir de nueva información. De acuerdo a la magistrada, el nuevo material de prueba reúne “las condiciones necesarias para tener por acreditado la responsabilidad penal” en “el delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
En este sentido, Capuccheti indicó que “ya se ha logrado recopilar información relevante sobre las distintas personas físicas y jurídicas que participaron en el cobro”, aunque informó que la investigación está en curso y a cargo de la fiscalía.
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De acuerdo con el fallo, el procedimiento consistía en facturar tareas acordadas en los anexos del convenio de manera imprecisa que no se asociaban ni a la función ni al objeto del ORSEP y no fueron realizadas. Capuccheti destacó que arquitectos, psicólogos y profesores de gimnasia presentaron facturas sospechosas y los testigos afirmaron que no efectuaron las tareas para las que se realizaron los pagos, lo que indica la existencia de un sistema para falsificar gastos.
“Con tal solo repasar las profesiones de los testigos que negaron haber prestado funciones en el marco de los convenios, las tareas desplegadas por los que sí dijeron haber desarrollado, los informes de avance que se presentaron para certificar su cumplimiento y el tipo de facturación incorporada en las rendiciones de cuenta, se reafirma la concreción de la hipótesis investigada en torno a la falta de cumplimiento de las tareas acordadas”, señala el fallo.
TV / Gi
