El presupuesto anual de una nación es mucho más que un simple documento técnico enviado al Congreso para su aprobación a libro cerrado. Se trata de una herramienta esencial que define el destino de los recursos públicos, con implicancias directas en la vida de los habitantes. Aunque para muchos pueda parecer una cuestión distante, cada decisión presupuestaria impacta en lo que el Estado nos devuelve como contribuyentes, tal como el acceso a la salud, la educación, la estabilidad laboral y otros aspectos esenciales de nuestra realidad cotidiana.
Más allá de conceptos generales, el proyecto de ley de Presupuesto 2025, que Milei presentara en extraña ceremonia y que hoy se debate en la Cámara de Diputados, presenta distorsiones alarmantes que no deberían ser ignoradas, ni por los legisladores ni por nosotros como ciudadanos informados. No entraremos aquí en los detalles técnicos complejos, pero si en cuestiones clave que, por nuestro propio interés, debemos conocer y evaluar con atención.
Los riesgos del optimismo excesivo
Uno de los aspectos más preocupantes es el optimismo en las proyecciones macroeconómicas, que adquiere ribetes ficcionales. El gobierno estima una inflación del 18.3% para 2025, cifra que contrasta con la reciente estimación del FMI, de alrededor del 45%. Esta divergencia significativa plantea desde el vamos dudas naturales sobre el conjunto de las hipótesis del gobierno.
Tampoco es realista la proyección de inflación para el cierre de este año, que se estimó en 104.4%. Para alcanzar esa cifra, la inflación mensual de los tres meses restantes debería ser de alrededor del 0.91%, algo inviable considerando la actual situación económica.
Presupuesto 2025: la Administración Pública tendrá un déficit de 0,3% del PBI
El proyecto oficial estima también un crecimiento económico del 5% para 2025, pero no aclara de dónde provendrán los dólares necesarios para sostener esa expansión, considerando que las reservas del país son insuficientes y el acceso al financiamiento externo es limitado o nulo. Para alcanzar ese nivel de crecimiento se deberían dar circunstancias en extremo excepcionales, más aún cuando países vecinos como Brasil, Chile y México proyectan crecimientos mucho más modestos para el año entrante.
Siguiendo con la tendencia de estimaciones exageradas, destacan las proyecciones de recaudación tributaria, con aumentos de más del 100% en derechos de exportación y de 50.7% en derechos de importación. Estas proyecciones generan dudas, especialmente en el caso de las exportaciones, ya que el sector agroexportador, que es clave para la recaudación final, sigue enfrentando dificultades debido a la sequía y la caída de los precios internacionales.
Un signo desalentador que debe ser tenido en cuenta es que el tipo de cambio proyectado para 2025 sugiere el mantenimiento del cepo y el control de cambios para todo el año entrante al estilo “crawling -peg”, lo indica que continuaremos con una economía regulada. Esto genera una presión constante sobre las reservas internacionales y limita la capacidad del país para importar bienes esenciales, poniendo entonces en escrutinio la suba proyectada en los derechos de importación.
El impacto de todas estas distorsiones no es neutro. Además de erosionar la credibilidad del ejercicio presupuestario, retrotrae a prácticas opacas del pasado. A lo largo de los años, hemos visto gobiernos que han utilizado la estrategia de distorsionar los estimados y, sobre todo, han subestimado la tasa de inflación en los presupuestos, para luego asignar discrecionalmente los excedentes mediante Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), una vez que la inflación real —y por ende la recaudación— superaban las proyecciones. Esta práctica nefasta, así como el abuso de los DNU, para eludir el control parlamentario, deberían ser abolidas por un gobierno que se presenta como promotor de un cambio profundo. Sin embargo, estamos transitando por el camino contrario.
El déficit cero como único objetivo
En un reciente reportaje, el presidente Milei expresó que no le interesa cómo se distribuyan las partidas presupuestarias, siempre y cuando se mantenga la premisa de déficit cero. Sin embargo, este enfoque puramente contable ignora una realidad fundamental: con proyecciones macroeconómicas y fiscales realistas, este objetivo estaría más lejos de ser alcanzado.
Dada esta situación, es imprescindible que los altos funcionarios responsables de la elaboración del Presupuesto 2025, comenzando por el ministro de Economía, comparezcan ante el Congreso para justificar los números que allí figuran. Se lo deben a la democracia.
Importa también que los dictámenes que emerjan de la Comisión de Presupuesto y Hacienda — por el momento, uno de mayoría y otro de minoría del bloque Encuentro Federal— logren plantear una distribución de recursos más equitativa que la del proyecto original. En el documento enviado por el Ejecutivo, no se somete a debate el recorte de privilegios fiscales ni regímenes de promoción como el de Tierra del Fuego, que representan alrededor del 3.5% del PBI, a la vez que el gobierno se reserva para sí acciones arbitrarias como la ya anunciada restitución del IVA a los medios periodísticos incluidos los digitales. En otras palabras, se potencia la discrecionalidad, un territorio en el cual este gobierno ha demostrado sentirse muy cómodo.
Pero no todo es ficción, la realidad del proyecto muestra que mientras se recorta en áreas esenciales como salud, educación, ciencia y tecnología y se convalida el ajuste previsional, se proyecta un aumento del 32.9% en el gasto total de la administración pública nacional, con un incremento más pronunciado del 45.5% en el gasto de la presidencia de la Nación.
Otro tema que merece especial atención es la continuidad de los fondos fiduciarios, a menudo considerados como "cajas negras" de la política. Solo un control exhaustivo garantizará que los recursos del Tesoro asignados a estos fondos se utilicen en beneficio de la población, lo cual demanda un análisis caso por caso.
La experiencia en otros países
El respeto hacia el proceso de formulación, aprobación e implementación del presupuesto refleja la madurez institucional de una nación. En Chile, por ejemplo, la definición de las hipótesis macroeconómicas se realiza con la intervención de un Consejo de Notables, compuesto por expertos independientes. En los Países Bajos, el Bureau for Economic Policy Analysis (CPB) proporciona estimaciones independientes que el gobierno está obligado a utilizar. De manera similar, en el Reino Unido, el Office for Budget Responsibility (OBR) garantiza que las proyecciones macroeconómicas y fiscales sean fundamentadas.
Sería un gran paso adelante que Argentina considere la implementación de similares mecanismos virtuosos que garanticen objetividad a las bases presupuestarias.
Reflexión final
En última instancia, el presupuesto no es una mera cuestión técnica, ni un conjunto de cifras reservadas para expertos. Es el reflejo de las prioridades de gestión de un gobierno, con fuerte un impacto directo en la vida de la población. La responsabilidad de quienes lo diseñan y aprueban no debe tomarse a la ligera. Un presupuesto disfuncional desvirtúa su razón de ser y se transforma en una mentira que afecta tanto el funcionamiento interno como la reputación externa de un país. Sepamos que los potenciales inversores miran con detalle estas cuestiones antes de tomar sus decisiones.
En este contexto, el Congreso argentino tiene la oportunidad de dejar de lado la complacencia y asumir un rol activo para prevenir los errores del pasado. Ojalá esté a la altura. Sin embargo, existe también el riesgo de que el Ejecutivo, acostumbrado a vetar lo que no le gusta, se vea tentado a invalidar el esfuerzo por lograr un Presupuesto 2025 más cerca de la realidad que de la ficción. Sería un evidente retroceso institucional.
Pero el Congreso y el Ejecutivo no son los únicos actores en este proceso. Como ciudadanos, también tenemos el deber de ser vigilantes y exigir a nuestros gobernantes decisiones responsables, basadas en la transparencia y una visión de futuro, dejando de lado intereses particulares, ya sean económicos o ideológicos.
(*) Presidente de Iniciativa Republicana
