El reciente decreto del presidente Javier Milei que limita el acceso a la información pública fue cuestionado por diversas organizaciones del sector civil que velan por los derechos humanos y la libertad de expresión. Adepa, Amnistía, CIPPEC, CELS, Poder Ciudadano y otras se expresaron duramente en contra de la normativa que implica, entre otras restricciones, mayores requisitos para solicitar datos al Estado y más "protección" para la "privacidad" de los funcionarios.
En diversos comunicados, más de 60 organizaciones del sector civil unieron voces contra el decreto presidencial que no solo atenta contra el régimen legal, al tratarse de una norma sancionada por el Congreso, sino que introduce "restricciones significativas" al acceso a la información pública, contraviniendo los principios establecidos por la ley original y los estándares internacionales de derechos humanos.
Por decreto, el Gobierno restringe el acceso a la información pública
Firmado por Javier Milei y su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el decreto 780/2024 provocó un cimbronazo a nivel social dado que busca reconfigurar el concepto de "información pública" de la ley 27.275, aumentando los requisitos para solicitar datos al estado. Entre los cambios más destacados, se encuentra una definición más restrictiva de lo que se considera información pública, excluyendo datos de naturaleza privada gestionados por entidades privadas y reduciendo el alcance de la divulgación de documentos relacionados con la gestión pública, incluido por tanto el uso de los recursos de los contribuyentes.
La nueva reglamentación introduce excepciones amplias que permiten a los funcionarios negar el acceso a información bajo el pretexto de "daños y perjuicios" o "interés público". Estas modificaciones suscitaron preocupaciones sobre su potencial para limitar el acceso a la información y debilitar la transparencia de gobierno, una función clave de los mecanismos de "pesos y contrapesos" que sostienen una república democrática.
Adepa cuestionó el decreto de Milei que limita el acceso a la información pública
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) expresó su alarma por los cambios introducidos por el decreto firmado por el jefe de estado libertario, dado que podrían facilitar "aplicaciones restrictivas que socaven la transparencia y la rendición de cuentas".
Según Adepa, las nuevas excepciones en la reglamentación podrían permitir que los funcionarios incumplan su obligación de proporcionar información pública bajo pretextos "vagos", lo que podría ir en contra de los principios de "presunción de publicidad" y "máxima divulgación" consagrados en la Ley 27.275.
"Por esa inesperada medida, el Gobierno nacional ha incorporado a la reglamentación de la Ley 27.275 excepciones que, por su amplitud y vaguedad, podrían habilitar a los funcionarios a incumplir su obligación de permitir el acceso a la información pública bajo el pretexto de genéricos 'daños y perjuicios' o con fundamento en un supuesto 'interés público'", reza el comunicado de este martes.
Adepa también cuestiona la interpretación de "documento" en el nuevo decreto, que excluye las deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo de la categoría de documentos públicos. Este cambio, según la asociación, "amplía de manera inapropiada" las excepciones permitidas por la ley y podría limitar el acceso a información relevante para el debate público y la supervisión de la administración pública.
Qué dijeron Amnistía, CIPPEC, CELS, FOPEA y otras sobre el nuevo decreto de Milei
Por su parte, Amnistía Internacional y otras organizaciones de la sociedad civil emitieron una declaración conjunta en la que expresan su "preocupación" por lo que consideran una regresión en los estándares internacionales de derechos humanos. "Un decreto reglamentario no puede limitar el derecho de acceso a la información pública en contradicción con el alcance de la propia ley de Acceso a la Información votada por el Congreso de la Nación en 2016", indica la misiva.
Las más de 60 organizaciones firmantes de la carta, incluidas las reconocidas CIPPEC, CELS y FOPEA, sostienen que el decreto 780/2024 amplía indebidamente las excepciones al derecho de acceso a la información y otorga una discrecionalidad excesiva a los funcionarios para decidir qué información debe permanecer oculta.
Este marco normativo, según las organizaciones, "implica una seria regresión en materia de interpretación del derecho de acceso a la información", pone en riesgo la lucha contra la corrupción y limita el derecho de la ciudadanía a conocer la gestión pública. En tanto, según la carta, las definiciones del gobierno y las decisiones subjetivas de los funcionarios "primarán" sobre el derecho de los ciudadanos a acceder a información en manos del Estado. "Solicitamos al Poder Ejecutivo Nacional que deje sin efecto este Decreto y se garantice el pleno acceso a la información pública", indica el texto.
El rol de Poder Ciudadano
Una de las firmantes más resonantes de la carta que repudió el decreto de Milei fue Fundación Poder Ciudadano, que siguió de cerca la aplicación de la ley de acceso a la información y litigó en los tribunales para su implementación. Además de firmar la carta, previamente había lanzado un comunicado expresando su preocupación por la "reducción del derecho de acceso a la información", afirmando que el decreto contradice el principio de presunción de publicidad que sostiene el derecho a la información pública.
“Nos preocupa el reciente decreto del presidente de la Nación que, en lugar de impulsar el derecho de acceso a la información pública, pareciera limitarlo", declaró Poder Ciudadano, subrayando que "ninguna norma reglamentaria debería restringir el acceso a la información más allá de lo establecido por la ley sancionada por el Congreso". "Más derecho de acceso a la información significa más transparencia y menos corrupción", indicó la fundación.
De qué trata el decreto 780/2024
El decreto 780/2024 tiene como objetivo limitar el alcance de la "información pública" a temas directamente relacionados con la actividad estatal, excluyendo información del ámbito privado de funcionarios públicos. Esto incluye datos considerados de carácter doméstico. En julio, el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, amplió esta protección al rechazar solicitudes sobre los perros del presidente Javier Milei, argumentando que eran cuestiones "banales" y privadas.
Además, el decreto introduce una cláusula de "buena fe" que permite a los jueces imponer indemnizaciones por abuso de derecho, según el artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación. En su artículo 3, el decreto aclara que "no se considerará información pública aquella que sea de naturaleza privada", ya sea generada por entidades privadas o no vinculada con la gestión
El Gobierno, por su parte, defendió el decreto argumentando que las nuevas medidas buscan equilibrar el derecho al acceso a la información con la "necesidad" de "proteger la privacidad y el interés público". Según su interpretación, el decreto establece un marco claro para la protección de datos sensibles y busca evitar la divulgación de información que podría ser perjudicial para la seguridad y el buen funcionamiento de las arcas estatales.
Después de su anuncio el pasado lunes, llovieron las críticas de todo el arco político y social. Un día después, Adepa y otras organizaciones del sector civil que velan por los derechos humanos y ciudadanos llamaron a la revisión del decreto por parte del Poder Ejecutivo.
En tanto, estas entidades solicitan que se deje sin efecto el decreto 780/2024 y se garantice el pleno acceso a la información pública, en conformidad con la Ley 27.275 y los estándares internacionales de derechos humanos. La revisión de la reglamentación de la ley y la restauración de sus principios de "máxima divulgación y mínima excepción" son considerados necesarios para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.
cd / ds
