En un esfuerzo por abordar el escándalo de los abusos sexuales dentro de la Iglesia, el Vaticano publicó su primer informe anual sobre Políticas y Procedimientos de Protección de Menores. El documento, solicitado por el papa Francisco, subraya la necesidad de mayor transparencia y agilidad en la gestión de los casos, al tiempo que resalta el sufrimiento de las víctimas y la urgencia de adoptar medidas que garanticen su dignidad y derechos.
El informe, presentado por la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, órgano consultivo creado en 2014 por Francisco, se convierte en un hito en la lucha de la Iglesia contra los abusos sexuales, una problemática que ha marcado su reputación en las últimas décadas. Elaborado por un grupo de expertos que investigó a fondo la situación en diversas congregaciones y en la Curia Romana, el documento de 50 páginas plantea un diagnóstico crítico: la falta de transparencia y la lentitud en los procesos canónicos son obstáculos que perpetúan el sufrimiento de las víctimas.
"Me gustaría que me preparara un informe sobre las iniciativas de la Iglesia para proteger a los menores y a los adultos vulnerables. Esto puede ser difícil al principio, pero le pido que empiece por donde sea necesario para que yo pueda proporcionar un informe fiable sobre lo que está sucediendo y lo que es necesario cambiar, para que las autoridades competentes puedan actuar", solicitó el Papa en 2022. El informe revela que, aunque se ha avanzado en algunas regiones, aún persisten serias deficiencias, especialmente en América Central y del Sur, África y Asia, donde los recursos destinados a la protección son escasos.
Mayor acceso a la información
Uno de los puntos más destacados del informe es la necesidad de proporcionar a las víctimas un acceso adecuado a la información sobre sus casos.
En su reporte, la comisión mencionó por ejemplo que la Iglesia católica en México está marcada por “barreras culturales significativas al reporte de los abusos que impiden el proceso de justicia”. En Papúa Nueva Guinea, las limitaciones de financiamiento hacen que el personal eclesiástico no tenga formación suficiente y afectan a los servicios para víctimas. Incluso los kits para investigar violaciones necesarios en el proceso penal resultan prohibitivamente caros, señaló el informe.
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En ese sentido, la Comisión advierte que el secretismo y la lentitud en el manejo de las denuncias a menudo les victimizan de nuevo. Para abordar esto, la comisión propuso crear un abogado o defensor especial en el Vaticano que se encargue de defender las necesidades de las víctimas.
Además, el informe subraya la importancia de una compensación justa para los afectados -descrita como “justicia conversional”-, incluyendo no solo reparaciones económicas, sino también disculpas públicas que faciliten su proceso de sanación.
La protección de los adultos vulnerables
También se hace hincapié en la necesidad de revisar y definir protocolos de protección más amplios, que no se limiten solo a los menores, sino que incluyan a adultos vulnerables, yendo más allá de la tendencia de considerar que sólo el abuso de menores es criminal.
El pedido pretende responder a las solicitudes de que la Iglesia haga más para proteger a religiosas, seminaristas e incluso fieles adultos corrientes de gurús religiosos que abusan de su autoridad y se aprovechan de adultos bajo su influencia espiritual.
Finalmente, el informe exhorta a la Curia Romana a aumentar su transparencia y a compartir más datos sobre los casos que maneja, dado que, según el informe, la Sección Disciplinaria del Dicasterio para la Doctrina de la Fe compartió públicamente información estadística limitada sobre sus actividades.
Otras acciones indicadas incluyen "comunicar las diferentes responsabilidades de protección de los diversos Dicasterios"; "promover el desarrollo de estándares compartidos en toda la Curia Romana”; “difundir enfoques informados sobre traumas y centrados en víctimas y supervivientes dentro del trabajo de los dicasterios”.
RM/LT
