El Ministerio de Seguridad Nacional presentó este lunes una denuncia formal por mal desempeño contra el juez Roberto Andrés Gallardo ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La acusación está motivada por una resolución del magistrado que impidió la intervención de las fuerzas federales de seguridad durante la movilización de jubilados prevista para este miércoles 9 de abril frente al Congreso Nacional.
La presentación, a la que accedió PERFIL, fue realizada por el Director Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio, Fernando Oscar Soto, quien en representación del ministerio solicitó que se evalúe la actuación del juez a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 de la Ciudad.
En el escrito, Soto afirmó que Gallardo incurrió en mal desempeño “por haber intervenido en una causa sin contar con competencia ni jurisdicción para ello”. El Ministerio de Seguridad sostuvo que el juez resolvió sobre “una situación futura e hipotética”, ya que el amparo presentado por la CGT, la UTEP y la UEJN no se basó en un hecho concreto sino en una protesta prevista para días posteriores.
La denuncia explica que los actores solicitaron al juzgado que “se ordene al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abstenerse de convalidar y/o legitimar la intervención de fuerzas federales en el territorio de la Ciudad, por fuera de los supuestos previstos por la ley 24.059”.
Además, reclamaron que el GCBA fuera intimado a “coordinar y conducir un operativo de seguridad” para la manifestación convocada por jubilados y organizaciones sindicales frente al Congreso.
Según el Ministerio, este planteo fue “idéntico” al que ya había sido tratado y rechazado en otro expediente (“Red Federal de Derechos Humanos”), en el que el juez de primera instancia declaró la incompetencia del fuero local para analizar la legalidad del accionar de fuerzas federales, una decisión luego confirmada por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad.
La denuncia destaca que, al consultar a la Fiscalía sobre esta nueva causa (que se llama “CGT, UTEP y otros contra el Gobierno de la Ciudad por un amparo”), los fiscales dijeron que no correspondía que el juzgado trabajara fuera del horario habitual. Según el Ministerio de Seguridad Nacional, no se daban las condiciones necesarias para actuar de urgencia.
“La cuestión había sido resuelta en múltiples demandas judiciales”, indicó el dictamen fiscal, y agregó que la acción debía ser rechazada in limine “por falta de legitimación activa”, ya que no se acreditaba “la existencia de un caso judicial” sino que se trataba de un planteo “abstracto” y “basado en noticias periodísticas”.
También sostuvo que si se alegaba una violación de derechos por parte de las fuerzas federales, la acción debía dirigirse contra el Estado Nacional y tramitar en la justicia federal. “La justicia porteña debía abstenerse de intervenir”, sostuvo el fiscal, y advirtió que “cualquier intervención judicial durante el turno resultaría palmariamente indebida e, incluso, podría constituir un abuso del sistema”.
Acusación de fórum shopping y decisión exprés
A pesar de esa oposición fiscal, el juez Gallardo resolvió el amparo en cuestión. Según el Ministerio de Seguridad, lo hizo “en tiempo récord” y en días inhábiles: “el amparo fue presentado el viernes 4 de abril por la tarde, fuera del horario judicial, y el juez resolvió el domingo 6”.
En este punto, la denuncia sostiene que Gallardo “habilitó días y horas inhábiles para intervenir personalmente en lugar de dejar que actúe el juez de turno”, lo que fue interpretado por el Ministerio como una maniobra de forum shopping, es decir, una estrategia para forzar la intervención de un juez específico.
El Ministerio consideró que esa conducta “constituye una violación deliberada de las normas que habilitan la jurisdicción judicial”, y que Gallardo intervino a pesar de que “la cuestión ya había sido resuelta por otro juzgado en idénticos términos”.
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La denuncia del Ministerio de Seguridad Nacional ya fue presentada formalmente ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ahora deberá analizar el expediente y decidir si corresponde avanzar con un proceso disciplinario contra el juez.
El Ministerio de Seguridad solicitó que se evalúe la conducta de Gallardo a la luz de lo previsto por la Constitución porteña, al considerar que “incurrió en mal desempeño al intervenir sin competencia, forzar su jurisdicción, y obstaculizar las funciones propias del Poder Ejecutivo Nacional en materia de seguridad interior”.
Lo que dice el juez Gallardo
En su resolución, el juez Gallardo rechazó que se tratara de una cuestión abstracta y sostuvo que existía “una solicitud concreta de tutela judicial urgente frente a un riesgo cierto y razonablemente previsible, vinculado a derechos fundamentales de quienes participarán en la manifestación pública”.
También argumentó que “el riesgo no era meramente conjetural ni hipotético” y que se apoyaba “en hechos pasados verificables y presumiblemente futuros”.
Sobre la cuestión de la competencia, Gallardo afirmó que se trataba de “una típica controversia administrativa local sobre el alcance de los deberes del Poder Ejecutivo de la Ciudad frente a hechos que afectan derechos de personas en su jurisdicción”.
NG
