En la Plaza de Mayo, a metros de la Casa Rosada, se realizó una movilización para visibilizar la situación que atraviesan las personas con discapacidad y reclamar el cumplimiento de las leyes 22.431, que establece un sistema de protección integral para las personas con discapacidad, y 24.901, que regula las prestaciones básicas que deben recibir.
El ajuste económico que atraviesa el país dejó a muchos sectores en una situación crítica, y la discapacidad es uno de los más perjudicados. Pacientes, familias y prestadores denuncian que el Estado no está garantizando lo mínimo necesario para su atención, y que la crisis económica agrava aún más la situación.
A pesar de que no se interrumpió el tránsito, las autoridades implementaron un operativo de seguridad y activaron el protocolo antipiquetes. Los manifestantes aclararon que su intención no era cortar calles: “Nosotros solo cruzamos cuando el semáforo estaba en rojo”, indicaron.
Uno de los puntos más fuertes del reclamo tiene que ver con el congelamiento de tarifas para los prestadores del sector. Pese a la persistente inflación, desde julio de 2024 no se dieron aumentos en los servicios, lo que generó que las tarifas queden desfasadas respecto al aumento de los precios.
La demora en las autorizaciones por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud y las obras sociales también fue uno de los temas más mencionados durante la protesta. Como resultado, las personas con discapacidad enfrentan dificultades para acceder a tratamientos y se ven afectadas por la escasez de recursos.
También, el aumento de los costos de combustible, insumos y trámites como la VTV complican que las personas con discapacidad puedan cubrir sus necesidades de transporte para acceder a centros de atención o formación.
Marcela Kriskovich, titular de Prestadores de Discapacidad Unidos (PDU), expresó su preocupación por la situación del sector. Según ella, el presupuesto para discapacidad sigue siendo el mismo desde 2023, lo que resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas.
Además, denunció las dificultades económicas que enfrentan los prestadores de servicios, quienes a menudo deben esperar tres o cuatro meses para recibir sus pagos, mientras las tarifas siguen siendo limitadas. “En noviembre nos dieron un aumento de 100 pesos. Es una burla”, señaló.
Este reclamo también se extiende a varias ciudades del país, donde se repiten las demandas por una Ley de Emergencia que brinde respuestas urgentes a las personas con discapacidad. Los manifestantes esperan que el Congreso se haga eco de la situación y que el Estado actúe rápidamente para garantizar sus derechos.
MVS CP
