Las 2400 nuevas víctimas de la represión en Venezuela tras la elección presidencial del pasado 28 de julio, constituyen "una violación a la libertad de expresión, de reunión pacifica y de asociación", según el Alto Comisionado Volker Turk en Ginebra. Se suman a 14 mil ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, sucedidas desde 2013 bajo 2 gobiernos sucesivos de Nicolás Maduro, quien busca un tercer mandato, mediante elecciones cuyas actas no han sido publicadas.
"Para mí la dictadura militar comenzó cuando Maduro desconoció la Asamblea
Nacional elegida en diciembre de 2015. La oposición tenia dos tercios de los
diputados. Los circuitos electorales chavistas entonces perdieron diputados. Hicieron gerrymandering (manipulación electoral), circuitos con la misma población pero con más diputados", dando la victoria a Maduro. Ahí "comenzó el deslave del chavismo, que perdió circuitos", atestigua un latinoamericano que vive en Venezuela y protege su identidad en el anonimato para no sufrir represalias.
Luego "Maduro y su mafia inventaron el fraude de Amazonas para liquidar la mayoría de dos tercios. Dejaron fuera a los diputados indígenas. Hasta hoy no se repitieron elecciones en el Amazonas. El aparato electoral del chavismo siempre ha sido todo el aparato del Estado, que dispone de miles de millones de dólares. Ventajismo y podre dumbre total. Fraude continuado. Una vez se lo comenté a un militante chavista. Me respondió, si los "adecos" y "copeyanos" lo hacían (partidos políticos dominantes anteriores al chavismo), ¿porque nosotros no lo podemos hacer?», concluyó el testigo latinoamericano, quien se eclipsa en la geografía venezolana.
Las 2400 nuevas víctimas que acaban de ser detenidas, incluyen "detenciones arbitrarias de manifestantes, defensores de derechos humanos, adolescentes, discapacitados, miembros de la oposición o a quienes se considera relacionados con ellos, así como de personas que actuaron como observadores electorales acreditados por los partidos de oposición en los centros de votación", precisa el Alto Comisionado para Derechos humanos de la ONU, Volker Turk.
"El uso desproporcionado de la fuerza por los agentes encargados de hacer cumplir la ley y los ataques contra manifestantes» perpetrados por "personas armadas que apoyan al gobierno», ocasionaron muertes que "no deben repetirse", añadió Turk, quien pidió «la liberación inmediata de todos los detenidos arbitrariamente, y ga rantías de juicios justos".
Crisis en Venezuela: preocupación mundial por el aumento de denuncias por violencia
"Todas las muertes ocurridas en el contexto de las protestas deben ser investigadas y los responsables rendir cuentas y ser sancionados, en consonancia con las normas sobre el debido proceso y los juicios justos», añadió el Alto Comisionado. A su vez alentó al gobierno de Maduro que "presente denuncias en contra de quienes participaron en supuestos actos criminales, que incluiría actividades legítimas, como participar
en asuntos públicos, manifestarse pacíficamente o ejercer el derecho a la libertad de expresión".
Volker Turk concluyó expresando su "preocupación por la posible adopción del Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, así como el Proyecto de Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones similares». De igual modo le "preocupa que a algunas personas se les haya cancelado el pasaporte, lo que parece se un acto de represalia por su trabajo legítimo en el país".
Estas denuncias coincidieron con la "avalancha de graves violaciones de los derechos humanos" constatada por la "Misión de Establecimiento de los Hechos", integrada por 3 expertos independientes (Marta Valiñas, Patricia Tappatá y Francisco Cox), man datados en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para "evaluar las presuntas violaciones de los derechos humanos en Venezuela desde 2014", cuyo reciente informe acaba de publicarse en Ginebra.
El documento registra 23 muertes recientes en Venezuela, "la gran mayoría por disparos de armas de fuego, que tuvieron lugar entre el 28 de julio y el 8 de agosto, en el contexto de las protestas. En 18 casos, las víctimas fueron hombres de menos de 30 años". De momento, los expertos identificaron 1260 detenciones en ese periodo, entre ellas "160 mujeres", documentadas en el Distrito Capital (18%), Carabobo (16%) y Anzoátegui (9%), calificadas de 'terroristas'".
Esta Misión revela que «ha recibido información especialmente preocupante sobre detenciones de más de 100 niños, niñas y adolescentes, que han sido imputados por los mismos crímenes graves que los adultos», sin contar «con la presencia de sus padres, madres o tutores durante las actuaciones judiciales", violando de tal manera "las normas internacionales de protección de la niñez, respetando su interés superior".
Esta "avalancha", incluye "audiencias telemáticas sumarias, llevadas a cabo por los Tribunales con competencia en terrorismo de Caracas, aunque los hechos hubieran ocurrido en otro lugar; ... (con la) imputación de graves cargos penales como terrorismo, conspiración y delitos de odio, sin una base probatoria que lo fundamente o aplicados de forma desproporcionada; la negación de información a familiares o información tardía e incompleta; o los impedimentos para el nombramiento de abogados de confianza de las personas detenidas".
LT
