El 1 de septiembre Ramiro Marra, candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la Libertad Avanza, anunció a su compañero. Ese viernes, y después de un aluvión de votos inesperados de Javier Milei y Victoria Villaruel, los libertarios apostaron a una misma receta para armar la dupla porteña: alguien histriónico que hable economía y un socio experto en seguridad. El elegido fue Eduardo Jorge Martino, un comisario Inspector retirado de la Policía Federal y ex Superintendente de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana. El esquema ubicó en el centro de la disputa electoral a un ex funcionario con un sinuoso camino en dictadura y en democracia, entre el mundo empresarial y diversos cargos estatales, signado por su participación en distintos eventos claves de la historia reciente del país y con un cargo por homicidio en el que fue sobreseído.
En un trabajo del equipo de investigación de la Revista Crisis y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que PERFIL anticipa en este texto, se reconstruye sus destinos en dictadura, cerca de grupos de tareas y centros clandestinos de detención, al mando de un represor condenado por delitos de lesa humanidad y que también incluye la acusación por homicidio de un colega policial cometido en 1980. Además se repasa su testimonio en la investigación por el encubrimiento del atentado a la embajada de Israel, a propósito de la desaparición de una grabación clave del Comando Radioeléctrico del que era uno de los responsables de las comunicaciones.
También se reconstruye la investigación sobre su papel en la compra del equipamiento destinado al espionaje en 2009 por parte de la Comisión Investigadora de escuchas ilegales de la Legislatura porteña y su rol cuando estuvo a cargo de la protección de las infraestructuras digitales del estado nacional durante el gobierno de Mauricio Macri, un período con numerosos hackeos y filtraciones de datos, motivo por el que terminó renunciando al cargo.
El informe asegura que desde “hace al menos 15 años, Martino lidera un entramado empresarial en expansión, en rubros diversos como la seguridad privada, limpieza industrial, servicios de internet y alarmas, inversiones inmobiliarias: haciendo uso de sus conexiones con funcionarios consiguió numerosas autorizaciones y contratos con el Estado”.
La carrera policial de Martino
Eduardo Jorge Martino ingresó como cadete a la Policía Federal Argentina en 1974. Lo hizo en el escalafón de comunicaciones, lo que lo acercó a los equipos de transmisión radiales. Una condena por homicidio, en el año 1982 de la que fue luego absuelto, lo obligó a concentrarse en la tecnología y abandonar las armas. “A partir de ese momento se convertiría en uno de los principales responsables de las comunicaciones policiales y muchos años después pondría esos saberes a disposición de Mauricio Macri, tanto con la creación de la Policía Metropolitana como durante la puesta en marcha del Ministerio de Modernización del Ejecutivo nacional”, se lee en el informe de Crisis y el CELS.
La vinculación de Martino con represores condenados
Martino tenía 19 años cuando ingresó como cadete de la Policía Federal. Según su legajo, rápidamente fue ascendido a ayudante, realizó una capacitación técnica durante 1976 y desde enero de 1977 comenzó a cumplir funciones en la Sección Central Estaciones Bases en la Superintendencia de Comunicaciones. El informe periodístico indica que a partir de diciembre de 1978, se desempeñó como Subinspector bajo las órdenes del represor condenado (entonces subcomisario) Raúl González. La Justicia probó que González, el jefe de Martino, trabajando formalmente en la sección Servicios Especiales y Pericias, integraba el grupo de tareas que actuó en el denominado “circuito ABO”, que comprendía a los Centros Clandestinos de Detención Atlético, Banco y Olimpo de la Capital Federal. La Justicia lo condenó por ser responsable directo de secuestro, tortura y desaparición de personas.
El informe de la revista Crisis y el CELS indican que Martino y González coincidieron desde diciembre de 1978 en la Central Estaciones Bases. “Según el propio González era “el cerebro de todo el sistema de comunicaciones de la Policía Federal”. (La Central) estaba ubicada en la terraza del Departamento Central de Policía, en la calle Moreno 1550, en el mismo edificio donde funcionaba la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF), el punto neurálgico desde el que se digitó el accionar represivo en la Capital Federal y donde funcionaba también un Centro Clandestino de Detención (CCD)”.
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Por haber sido compañeros de trabajo, Martino fue citado como testigo de la defensa de Raúl González. En su declaración ante la Justicia, González había dicho que Martino era de su “grupo de confianza” y declaró que el superior de ambos, Enrique José Alazraki, —quien casualmente comparte apellido con la madre de Martino— los convocaba “para diferentes tipos de tareas, independiente del área o destino en el que estuvieran”.
“A pesar de su cercanía con grupos de tareas y represores, Martino no fue identificado como partícipe de crímenes de lesa humanidad. Tampoco él ha señalado qué sabe acerca de las actividades represivas clandestinas llevadas a cabo por sus compañeros (condenados) en los años en los que estuvo en actividad, aunque trabajó y se formó con individuos procesados y condenados por su participación en crímenes de lesa humanidad”, se lee en el informe preliminar de la Revista Crisis y el CELS.
Un homicidio en el legajo
La carrera policial de Martino tiene un episodio crítico, indica el informe periodístico. Es el homicidio de un compañero de la Federal. Figura en su legajo en 1980 como también su absolución en 1982.
“La Comisión Investigadora que lo indagó sobre las tareas de espionaje realizadas por la Policía Metropolitana en sus inicios, le preguntó específicamente por aquel homicidio, indica el informe periodístico. "En esa oportunidad yo representaba a la Superintendencia de Comunicaciones como uno de los integrantes del equipo de tiro de la Superintendencia. En la semana policial de tiro –como ahora está terminando la Federal la semana policial, que es cuando se hacen todos los festejos y demás– se hacían competencias de tiro en donde participaban todas las áreas de la Policía Federal. En el contexto de esa práctica que estábamos desarrollando antes de la competencia, un suboficial lleva algunas armas a la armería, ahí se produce un accidente con mi arma y la persona fallece. La Justicia me absolvió de eso. Vuelvo a decir: posteriormente a eso me vuelven a designar para integrar el equipo de tiro y volvimos a ganar." (Declaración de Eduardo Jorge Martino, versión taquigráfica, 23/11/2010, p. 14).
Investigaciones sobre el atentado a la embajada de Israel
El informe de Crisis y el CELS señalan que Marino tuvo “participación en las fallidas investigaciones sobre el atentado a la embajada de Israel en 1992. En aquel momento, él era secretario del Superintendente de Comunicaciones de la Policía Federal, a cargo del registro de las comunicaciones del Comando Radioeléctrico. Una de las incógnitas que rodeó a la investigación del caso fueron las órdenes y contraórdenes que la policía le dio a un patrullero que estaba en ese momento en la zona del atentado: el móvil 115 debía controlar o relevar al agente policial que custodiaba la Embajada y se desvió justo a tiempo”.
Los policías que manejaban ese móvil declararon que el cambio de recorrido había sido indicado por radio. Pero las cintas nunca aparecieron, hasta muchos años después. “Martino y otros policías fueron llamados a declarar para esclarecer cómo era posible que esas cintas salieran a la luz siete años después. Sus declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ante la Comisión Bicameral fueron poco claras. A tal punto, el informe realizado por la Comisión Bicameral en el año 2001 recomendaba a la Corte Suprema “recibirles nuevamente declaración” a Martino y el resto de los agentes implicados”.
La expulsión de la Policía Federal
La carrera de Martino dentro de la Policía Federal concluyó de forma abrupta el 8 de mayo del 2004, marca el informe periodístico. Su caso -indica el informe- forma parte de los 107 policías federales pasados a disponibilidad por el entonces ministro del Interior Gustavo Béliz, cuando se supo que algunos jefes federales tenían vinculación con el episodio del secuestro de Axel Blumberg. El gobierno nunca publicó los fundamentos individuales que originaron el retiro de cada uno de los 107 oficiales. “Lo cierto -señala el informe de Crisis y el CELS- es que Jorge Palacios, Martino y otros oficiales que pasaron a retiro en aquel momento, serán llamados pocos años después por la administración de Mauricio Macri para la creación de una fuerza policial propia”.
El negocio de la seguridad
“El punto de inflexión en la trayectoria de Martino se dio en 2009, cuando aceptó la invitación a ocupar un puesto en la plana mayor de la flamante Policía Metropolitana, fundada por el entonces Jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri”, marca el informe de la Revista Crisis y el CELS al que tuvo acceso Perfil.
Cuando Martino fue designado Superintendente de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana, se señaló que ese cargo era incompatible con la propiedad y dirección técnica de la Empresa de Seguridad Integral Alesa SA. Su defensa consistió en alegar que la vinculación con la firma se circunscribe al período 2006-2009 y que al momento de asumir como funcionario se había desligado. Pero esa desvinculación es polémica, porque la dejó a nombre de su familia, según la investigación periodística citada que también señala que la empresa supo sacar provecho de su cercanía al funcionariado con contrataciones públicas como el Teatro Colón o la Casa del Bicentenario. Eduardo Martino, Gustavo Morón, Jorge Palacios y, como marca el informe realizado por el equipo de investigación de la Revista Crisis y el CELS, Andrés Ibarra, son apellidos que conforman una constelación o grupo de afinidad que tiene como un punto nodal la conformación de la Policía Metropolitana y está marcada por contrataciones vinculadas al negocio de la vigilancia.
Un desempeño con demasiadas filtraciones
Con la llegada a la presidencia de Mauricio Macri en 2015, su equipo porteño tomó el control simultáneo de los poderes ejecutivos nacional, bonaerense y porteño. Muchos funcionarios llegaron a la Nación entre ellos Martino quien tomó a su cargo la Dirección Nacional Infraestructuras Críticas de Información y Ciberseguridad, responsable de detectar, defender, responder y recuperar los datos del sector público nacional. El informe de la Revista Crisis y el CELS indica que a pesar de la millonaria inversión, fue un período con importantes episodios de vulneración de datos incluso de dependencias del mismo gobierno macrista.
Martino declaró que su renuncia al puesto como director de Infraestructuras Críticas de Información y Ciberseguridad (ICIC) en el Ministerio de Modernización se debió a "motivos personales", pero el informe de Revista Crisis y el CELS señalan que se alejó por la filtración de procedimientos perteneciente a la Dirección General de Inteligencia Criminal, que fueron robados en junio de 2017 de una cuenta de mail de la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
En 2018, mientras Martino era funcionario nacional, la empresa RDNP SRL conseguiría que el ENACOM le aprobara una licencia para prestar servicios en telecomunicaciones a nivel nacional e internacional. Martino y un socio, Oscar Nestor Caeiro, compraron la empresa en marzo de 2020.
RB Gi CP
