En un acuerdo del radicalismo, la Coalición Cívica y el bloque Encuentro Federal que comanda Miguel Pichetto, la oposición denominada dialoguista realizó un pedido de sesión especial para el próximo miércoles en Diputados para insistir con la ley sancionada en el Congreso para realizar modificaciones a la fórmula previsional, vetada por el presidente Javier Milei.
La normativa indica que ambas cámaras deben tener los dos tercios de los votos de los presentes para poder rechazar la decisión presidencial. En la votación original, la oposición logró 160 votos a favor, 72 rechazos de LLA y del PRO además de 8 abstenciones.
Con esa cantidad de legisladores presentes (240), se efectivizaron los dos tercios, pero en esa oportunidad se ausentaron 17 legisladores que en esta próxima instancia podrían cambiar el sentido de la votación.El número a obtener en esta oportunidad sería de 172 legisladores, entre los que también figurarían los 99 integrantes de Unión por la Patria y los cinco diputados del bloque de izquierda, que si bien se abstuvieron en la primera votación, ya dieron su confirmación de que avalarán el rechazo al veto.
Detalles del pedido de la oposición sobre la movilidad jubilatoria
Los tres bloques de la oposición autodenominada "dialoguista" unificaron criterio para presentar un pedido de sesión especial en la Cámara de Diputados, con el objetivo de rechazar el veto presidencial a la ley jubilatoria. La solicitud para llevar adelante la sesión especial fue realizada por los presidentes de los bloques de la UCR, Rodrigo de Loredo; de EF, Miguel Ángel Pichetto; y de la CC, Juan Manuel López, y cuenta con la firma de una veintena de legisladores de estas fuerzas políticas.
El desafío ahora para la oposición es reunir primero los 129 diputados necesarios para abrir la sesión y, posteriormente, obtener el respaldo de los dos tercios de los presentes para habilitar el tratamiento sobre tablas de la ley. La ley en cuestión otorga un incremento del 8% en las jubilaciones para compensar la inflación de enero y establece nuevos parámetros para actualizar los haberes de jubilados y pensionados.
El oficialismo, por su parte, ya está trabajando para evitar que la oposición consiga los dos tercios necesarios. Para ello, necesita reunir al menos 86 votos, en caso de que todos los 257 legisladores estén presentes en el recinto. La estrategia del oficialismo también incluye evitar que la oposición logre que la comisión de Presupuesto, presidida por José Luis Espert (La Libertad Avanza), convoque una sesión para debatir el veto presidencial.
A pesar de contar con el respaldo de Unión por la Patria, que posee 99 legisladores, la oposición enfrenta incertidumbres sobre si la UCR podrá contar con todos sus 33 miembros en el recinto. Esto se dio en línea con que al menos siete diputados radicales podrían no apoyar el rechazo al veto.
"Pedimos sesión para el próximo miércoles para rechazar el veto a la ley Previsional. Es sencillo. Las jubilaciones no pueden ir atrás de la inflación. Vamos a insistir. Los que quieren bancar fondos reservados de la SIDE con el hambre de los jubilados, que se hagan cargo", publicó el diputado radical por Formosa, Fernando Carbajal, uno de los firmantes del pedido de sesión especial.
Por su parte, otro de los impulsores de la iniciativa, el diputado bonaerense Pablo Juliano, fue categórico en X: "Los jubilados no pueden esperar más".
La solicitud fue impulsada también por Facundo Manes, Julio Cobos, Danya Tavela, Jorge Rizzotti, Carla Carrizo, Marcela Coli, Manuel Aguirre, Mariela Coletta, Marcela Antola, Fabio Quetglas, Karina Banfi, Mario Barletta, Gabriela B. De Koninng y Martín Tetaz, quienes suman 17 firmas del bloque radical. La Coalición Cívica y Encuentro Federal también se han comprometido a asegurar la presencia de sus legisladores para apoyar la iniciativa.
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La puja por la movilidad jubilatoria
El proyecto de ley vetado por el Poder Ejecutivo propone un aumento adicional del 8,1% para recomponer el poder adquisitivo de los jubilados; y un mecanismo de ajuste basado en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el Índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). Además, contempla medidas para saldar deudas con las cajas previsionales y establece plazos para el pago de sentencias firmes.
El Gobierno argumenta que la implementación de la ley propuesta generaría un "gasto adicional" significativo, estimado en 6 mil millones de pesos para 2024 y 15 mil millones para 2025, lo que representaría aproximadamente el 1,02% del producto bruto interno (PBI) para el presente año y el 1,64% para el próximo. Según el Gobierno, esto implicaría un incremento del 18,5% en el gasto de la ANSES para 2024 y del 29,2% para 2025.
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