La Justicia allanó centros médicos, escribanías y estudios jurídicos en la Ciudad y provincia de Buenos Aires y en Santa Fe, en el marco de una investigación por la presunta comercialización de bebés a través de subrogación de vientres. Los operativos apuntan a desarticular una red que explotaba a mujeres en situación de vulnerabilidad para gestar bebés destinados a ciudadanos extranjeros.
En los operativos pedidos por la fiscal federal Alejandra Mángano y ordenados por la jueza federal María Eugenia Capuchetti se secuestró documentación y actas notariales donde se habrían hecho constar supuestos consentimientos de las madre.
La causa, que comenzó en enero de este año tras una denuncia de la Cancillería argentina, investiga un entramado de "turismo reproductivo" en el que mujeres argentinas eran utilizadas para la gestación de bebés, posteriormente entregados a ciudadanos extranjeros.
La denuncia se originó luego de que una mujer alemana de 58 años ingresara a un hospital de su país con una bebé de tres meses, nacida en Buenos Aires y con pasaporte argentino, en mal estado de salud, lo que despertó las sospechas de las autoridades. Es que los profesionales notaron que la mujer no estaba en condiciones de cuidar a la niña y alertaron a la policía. De inmediato, a la mujer y a su pareja, también de origen alemán, se les retiró la custodia provisional, y la bebé fue entregada temporalmente a una familia sustituta.
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La denuncia también destacó que el Consulado de la República Argentina en la Ciudad de Bonn había sido contactado por personal de la Dirección Provincial de Menores del Estado Federado de Sarre, que informaba sobre el ingreso de una bebé argentina en el hospital con signos de maltrato. Esto llevó a que se iniciara una investigación en los tribunales de Comodoro Py para determinar cómo había llegado la niña a ese lugar.
Se reveló que la bebé había sido registrada en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Ciudad de Buenos Aires bajo la Disposición 122/DGRC/20, que permite realizar el trámite a través de un escribano.
Según la información recolectada, el llamado "Programa Argentina" ofrecía un servicio de subrogación de vientres a parejas extranjeras por un costo de 50.000 dólares, en el que se incluía "la selección de la persona gestante, la adquisición los embriones a implantar, el tratamiento en sí mismo, los controles regulares del embarazo y el posterior parto".
La fiscalía señaló que el esquema apunta a la explotación del cuerpo de mujeres vulnerables, quienes eran reclutadas mediante redes sociales para llevar adelante embarazos a cambio de dinero.
Los individuos y empresas jurídicas contra las que se dirige la investigación hacían publicidad de los servicios que brindaban a través de distintas vías de comunicación en el extranjero, mediante el cual parejas que deseaban tener hijos -que no podían llevar adelante un embarazo- los contactaban.
Según fuentes del caso, desde entonces los tribunales federales de Retiro investigan la existencia de un negocio ilícito de carácter transnacional dedicado a la explotación del cuerpo de mujeres gestantes mediante la "subrogación de vientres", y la posterior comercialización de los niños nacidos a partir de este método.
El rol de las empresas y las gestantes
Las mujeres gestantes, en su mayoría de bajos recursos, recibían una compensación de 10.000 dólares, más un extra de 2.000 dólares si el parto se realizaba por cesárea. Sin embargo, en caso de que el embarazo se interrumpiera, las empresas responsables no abonaban más que los gastos mínimos mensuales. Estas mujeres estaban obligadas a realizar múltiples intentos hasta lograr el embarazo, lo que profundizaba su vulnerabilidad.
El caso que detonó la investigación reveló un sistema en el que las inscripciones de nacimiento se realizaban ante escribanos, sin intervención judicial, lo que facilitaba la comercialización de los recién nacidos. De los 147 casos de subrogación de vientres registrados entre 2018 y 2023, al menos 49 involucraban a ciudadanos extranjeros.
"En ninguno de estos intervinieron jueces civiles para autorizar el procedimiento ni tampoco para establecer la filiación sino exclusivamente escribanos o notarios que recabaron supuestos consentimientos contractuales en base a afirmaciones que se pudo establecer que son en todo o en parte falsas", se advirtió.
Por ello, la fiscal Mangano está investigando si, al igual que en el caso de la bebé en Alemania, hubo intermediarios involucrados en otros casos. Estos intermediarios serían los que finalmente obtendrían grandes ganancias explotando a mujeres en situaciones vulnerables, forzándolas a gestar bebés, y luego comercializando a los niños y niñas que nacen en territorio nacional.
Los allanamientos
Los allanamientos recientes, que se llevaron a cabo en clínicas de fertilidad, escribanías y estudios jurídicos, buscan recabar más pruebas sobre el alcance de esta red. La justicia incautó documentos y actas notariales que contendrían los consentimientos supuestamente firmados por las gestantes, aunque ya se sospecha que muchos de estos consentimientos son falsos.
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"La compra venta de seres humanos constituye un delito constitucional inserto en su art. 15 donde los constituyentes previeron expresamente que "todo contrato de compra venta de personas es un crimen del que serán responsables los que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que lo autorice"", advirtió la fiscalía.
Entre los involucrados hay agencias destinadas a la selección de las gestantes, agencias que contactaban a los clientes, clínicas de fertilidad y escribanos en lo que se investiga como un caso de "turismo reproductivo".
La justicia continúa investigando a varias empresas y personas implicadas, algunas de las cuales operan desde el extranjero, mientras se busca determinar la responsabilidad de los escribanos y otros profesionales que facilitaron la inscripción de los bebés y su posterior entrega.
Vacío legal y debilidad institucional
El problema radica en que en Argentina existe un vacío legal en torno a la gestación subrogada. Ni la Ley N° 26.862, que regula el acceso a los procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida, ni el Código Civil y Comercial de la Nación abordan específicamente este tema. Aunque la práctica no está regulada, tampoco está prohibida, lo que permite que se realice. Sin embargo, un aspecto clave es que la mujer que accede a la subrogación debe hacerlo de manera altruista. Es decir, en lugar de tratarse de una transacción comercial, el acto se realiza sin fines de lucro, con la intención de ayudar a otra persona o pareja a tener un hijo.
En todo el país, la intervención de la justicia de familia es obligatoria para autorizar o homologar los procesos de gestación subrogada, salvo en la Ciudad de Buenos Aires, donde basta con un acuerdo firmado ante un escribano público y la inscripción del bebé en el Registro Civil como hijo de la persona que lo recibirá.
Paralelamente, en Córdoba ya está en marcha otro caso que investiga si 15 mujeres en situación de pobreza fueron contratadas para gestar a cambio de dinero y luego quedaron desamparadas. Aunque esta investigación no tiene vínculo directo con la causa instruida en Buenos Aires.
Para los investigadores, todo este sofisticado esquema de negocios estaba articulado con el único fin de lograr el nacimiento de un bebé para entregarlo a una pareja que, en muchos casos, era de origen extranjero sin residencia en el país, y con quien no tenía ningún vínculo genético, cultural ni social. Esta fue la suerte de la bebé que fue llevada a Alemania y que terminó en un hospital.
RM / Gi
