La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó este viernes a la Argentina por la falta de esclarecimiento el atentado terrorista contra la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994, que provocó 85 muertes.
El organismo determinó que el Estado argentino no adoptó las medidas razonables para evitar el atentado, no cumplió con su deber de investigarlo y su encubrimiento con la debida prontitud y no brindó a los familiares de las víctimas el acceso real a la documentación de los hechos.
Los detalles
“Las faltas del Estado a su deber de investigar, las dilaciones injustificadas al proceso y, en general, la falta de esclarecimiento y la situación de impunidad, han provocado en los familiares de las víctimas, sentimientos de angustia, tristeza y frustración”, sostuvo en su resolución el máximo tribunal. En ese contexto se ordenó al Estado a indemnizar a las víctimas.
Asimismo, ordenó desclasificar toda la información de los servicios de inteligencia como reservada ya que -sostiene el comunicado-, "es contraria al derecho a buscar y recibir información consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos". Y estableció que el Estado deberá hacer un acto de reconocimiento internacional de su responsabilidad. Finalmente, sostiene que “La Corte Interamericana de Derechos Humanos supervisará el cumplimiento íntegro de la Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia”.
La causa
La demanda internacional fue realizada por la agrupación Memoria Activa en 1999, con el respaldo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), contra el Estado Argentino por la falta de esclarecimiento del atentado contra la AMIA.“Las condiciones políticas e institucionales que ocasionaron que, pasadas tres décadas del atentado, todavía no sepamos casi nada de lo que sucedió siguen presentes. Los tribunales argentinos fueron cómplices de la falta de investigación y de los obstáculos para impedir que se desarmara el encubrimiento”, informó el CELS.
En 1999, Memoria Activa, entidad que nuclea a un grupo de familiares de víctimas del atentado terrorista, con el patrocinio del CELS, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos graves irregularidades en la investigación y la falta de justicia.
“En 2004, el tribunal oral federal anuló la investigación del exjuez Galeano y los fiscales Mullen y Barbaccia y absolvió a los policías acusados falsamente. El encubrimiento y el desvío de la investigación quedó plasmado en el informe que hizo Claudio Grossman, presidente de la CIDH en aquel entonces y veedor del juicio”, sostuvo el CELS .
El atentado a la AMIA en 40 fotos
En 2019, la CIDH determinó la responsabilidad internacional del Estado argentino porque no pudo evitar el atentado teniendo la información para hacerlo y por la falta de verdad y justicia. El caso pasó a la Corte Interamericana en marzo de 2021.
En octubre de 2022, en audiencias realizadas en Montevideo, Uruguay, tras el reclamo de Memoria Activa, el Estado argentino reconoció su responsabilidad internacional por no haber preservado la vida de las víctimas del atentado. En aquel entonces, el Ministerio de Justicia dijo el Estado violó derechos, encubrió, sometió la justicia a los servicios de inteligencia, acusó a inocentes y protegió a acusados cercanos al poder.
El atentado
Este 18 de julio se cumplirá un nuevo aniversario del atentado perpetrado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que dejó 85 muertos en 1994. El atentado con bomba a la AMIA, el peor de la historia argentina, mató a 85 personas y dejó unos 300 heridos. Fue atribuido por la justicia a altos funcionarios iraníes, encabezados por el entonces presidente Ali Rafsanjani, y al movimiento libanés Hezbolá; hipótesis sostenida por la dirigencia judía argentina y por Israel.
