La Cámara Federal porteña rechazó este miércoles 21 de agosto dos planteos de los ejecutivos de la empresa Correo Argentino SA, de la familia Macri, quienes habían solicitado al tribunal que cierre la investigación penal que involucra al Presidente y a miembros de la compañía por “falta de acción” (falta de avance en el expediente). Los jueces Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun descartaron que la causa no haya avanzado durante los últimos dos años y también rechazaron otra presentación que pedía anular las citaciones a indagatorias en el caso.
De esta manera, los camaristas destrabaron una cuestión central en la causa que lleva adelante el juez Ariel Lijo y dieron vía libre para que el magistrado pueda decidir si procesa o no al ministro de Defensa, Oscar Aguad (citado por sus decisiones durante su gestión como ministro de Comunicaciones); al subsecretario Juan Manuel Mocoroa; al presidente de Correo Argentino SA, Jaime Cibils Robirosa; y al abogado de la compañía, Jaime Kleidermacher.
Cómo el Ejecutivo traba el acuerdo con Correo
Aguad fue indagado a fines de marzo por el caso en el que se investiga si el gobierno de Mauricio Macri realizó un acuerdo en detrimento del Estado con Correo, una empresa de la familia presidencial. Es el primer y único ministro en funciones de Macri en ser indagado en una causa por presunta corrupción.
Entonces, Aguad presentó un escrito contestando cada uno de los hechos por los que está imputado y negó haber ordenado un acuerdo perjudicial para el Estado, informaron fuentes judiciales a PERFIL. Los otros tres indagados negaron ante el juez que el acuerdo del que participaron haya sido en detrimento de las arcas públicas.
¿Qué se investiga?
El junio de 2016, los funcionarios de Macri habían acordado una quita del 98,87 % a la deuda de Correo Argentina SA con el Estado, en un pacto que el fiscal Gerardo Pollicita calificó como “abusivo” y “perjudicial para la administración pública”, utilizando la mismas palabras a las que había recurrido la fiscal general Gabriela Boquin cuando frenó el acuerdo en la Justicia comercial en febrero de 2017.
Pollicita sostuvo que Aguad y Mocoroa, en representación del Estado, y los dos representantes de la empresa de los Macri “obligaron abusivamente a la administración pública con el interés de beneficiar a la firma Correo Argentino SA” en “perjuicio del patrimonio público”.
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De acuerdo al fiscal, con el acuerdo que iba a concretarse de no mediar el dictamen de Boquin y el consecuente escándalo mediático, el Estado iba a tener que “soportar el no recupero del valor real” de la deuda de Correo Argentino SA, gerenciada por Sideco, principal compañía de la familia Macri.
El acuerdo que se firmó en junio de 2016 implicaba que el Estado dejaría de percibir más de $ 4.656 millones en intereses por esa deuda, a febrero de 2017, de acuerdo al cálculo realizado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación.
La fiscal general Boquin se opuso al acuerdo y destapó el caso Correo. Más tarde, en 2017, el Presidente debió dar marcha atrás con lo que había acordado Aguad con los representantes de su familia y el acuerdo volvió a “foja cero”. También se abrió este expediente penal en los tribunales federales.
Tras 30 meses, el gobierno de Macri sigue sin llegar a un acuerdo con Correo, según consta en el expediente al que accedió PERFIL. Por este caso hay dos expedientes clave: uno en la Justicia comercial, donde se negocia el pago de la deuda.
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Correo también inició varios expedientes con reclamos al Estado por supuestos daños y perjuicios por la estatización del servicio en 2003. Estos deben resolverse en el fuero Contencioso Administrativo, donde se llevan adelante los reclamos al Estado Nacional.
PERFIL contó el sábado que una serie de movimientos en distintos frentes (judiciales y administrativos) buscarían llegar a un acuerdo con la empresa de los Macri compensando las deudas que se reclaman mutuamente con el Estado. Esto podría implicar un costo mínimo para la compañía y el cierre del caso comercial.
En el frente penal, la causa de Lijo es una de las pocas en las que Macri está formalmente imputado. Sin embargo, el presidente aún no fue citado a indagatoria.
HB
