La Cámara Federal porteña declaró imprescriptible el atentado ocurrido en julio de 1976 en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, que dejó 24 muertos y 60 heridos, en plena dictadura. El tribunal ordenó este jueves 19 de diciembre que Mario Firmenich, exlíder de Montoneros, sea llamado a indagatoria como principal responsable del hecho.
En un giro que desafía la jurisprudencia vigente, la Sala I de la Cámara Federal ordenó reabrir la causa por la voladura del comedor de Coordinación Federal, calificando el atentado como una grave violación a los derechos humanos. Los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi argumentaron que el caso no prescribió porque el Estado tiene la obligación de garantizar justicia para las víctimas y sus familias.
"Reparar los derechos de las primeras víctimas del atentado y, al mismo tiempo, proteger los de aquellas otras que hoy se presentan ante los tribunales de justicia -las olvidadas-, no corresponde mantener ocluidos los caminos investigativos", afirmaron los jueces Bruglia y Bertuzzi en el fallo.
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"Por el contrario, se debe impulsar -con el vigor que corresponde- la presente acción, lo que se le encomienda expresamente a la magistrada de grado. Es necesario -diríamos imprescindible- realizar los mayores esfuerzos, desde la justicia, para reparar precisamente el valor justicia que se ha venido denegando a las víctimas", completaron los magistrados.
Cómo fue el atentado en el comedor policial del 2 de julio de 1976
El atentado por el que se emitió este fallo ocurrió el 2 de julio de 1976, en plena dictadura cívico-militar, cuando una bomba detonó en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, ubicada en la calle Moreno al 1400. La explosión dejó 24 muertos y más de 60 heridos: mató a tres oficiales de la Policía Federal, 20 suboficiales y una mujer civil, que había ido a visitar a una amiga.
Según el fallo, Montoneros reivindicó el ataque, ejecutado por José María Salgado, un joven de 21 años infiltrado en las filas de la Policía Federal, que también estudiaba Ingeniería Electrónica en la Universidad de Buenos Aires. Más tarde terminaría destrozado en una sala de torturas de la ESMA.
“El suceso nunca fue siquiera mínimamente investigado por el Estado”, señala la resolución, que también criticó la postura de la jueza de primera instancia María Servini, quien había archivado la causa al considerar prescripto el delito. Ahora, el tribunal exige que Firmenich, actualmente radicado en España, sea indagado y que se investigue a otros posibles responsables.
El fallo subraya que este caso reviste un carácter "excepcional": las víctimas no eran miembros del Estado y el ataque fue llevado a cabo por una organización armada clandestina.
"El delito, en principio, no tuvo como protagonista a ningún representante del Estado. Por lo contrario, fueron principalmente sus propios agentes los que resultaron víctimas del hecho, y fue una organización no estatal la que se atribuyó directamente el atentado. Y aunque no haya sido el poder público el responsable directo de esas muertes, heridos y daños, ya sea por acción u omisión, sus autoridades eran las encargadas de garantizar otro tipo de responsabilidad, que también constituye una violación a un interés fundamental, básico, de los derechos humanos", advirtió la resolución judicial.
"Esta vulneración no se limitó a un momento específico del pasado, sino que se extiende hasta la actualidad. Se trata del deber exclusivo y esencial del estado de investigar y dar respuesta y protección judicial a los derechos de las víctimas”, aseguró el juez Llorens.
La decisión, que podría llegar a la Corte Suprema, incluye la incorporación de denunciantes como acusadores privados y la revocación de los sobreseimientos de Firmenich y otros implicados, entre ellos Horacio Verbitsky, Laura Silvia Sofovich, Miguel Ángel Lauletta, Lila Victoria Pastoriza, Norma Walsh y Carlos Aznares.
RM/ff
