Con la mira puesta en los conceptos de “soberanía energética” y “el cuidado ambiental”, el Gobierno inició un nuevo proceso de inhabilitación, similar al encarado entre 2013 y 2015 en el marco de su política de reclamo de soberanía sobre las Malvinas, contra tres empresas petroleras que llevan adelante trabajos de explotación de los recursos hidrocarburíferos en la plataforma continental argentina, en la Cuenca de Malvinas Norte. Se trata de las británicas Chrysaor Holdings Limited y Harbour Energy Plc. y la israelí Navitas Petroleum LP, que operan en el denominado proyecto “Sea Lion” de forma “ilegal” bajo licencia otorgada por las autoridades locales de las islas contra lo que fija la ley argentina.
El anuncio de las posibles sanciones corrió por cuenta del secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, y el secretario de Energía, Darío Martínez, quienes hicieron hincapié en la violación de lo establecido en la ley 26.659, que determina las condiciones para explorar y explotar los hidrocarburos en la plataforma continental argentina. Y funda su acción en la resolución 3149 de Naciones Unidas que prohíbe toda acción unilateral por parte de los actores involucrados en el proceso de negociación sobre la soberanía de las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.
"En esta materia no hay discusión: los argentinos y las argentinas merecen que cuidemos nuestra soberanía”, enfatizó Darío Martínez.
“En materia de soberanía no es cuantificable la discusión. La normativa es muy clara y lo que estamos haciendo es notificando, dando el tiempo para el descargo”, explicó Martínez. Y añadió, al ser consultado respecto a un posible impacto en el clima de inversiones, que hay otras herramientas y decisiones que se están tomando para promocionar las inversiones en Argentina. Filmus agregó que ambas dependencias solo ejecutan lo establecido por las normas argentinas que “fueron votadas por unanimidad”.
La ley 26.659, de 2011, fija las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina y estipula una serie de penalidades para quienes operen sin autorización o les presten servicios sus servicios de forma tal de inhabilitarlos de trabajar en todo el territorio argentino por 5 a 20 años. Dos años después, se modificó a través de la norma 26.915. Y a eso se añade la reciente expansión del denominado límite externo de la plataforma continental argentina con la autorización de las Naciones Unidas y, nuevamente, sellado a través de una ley que fue acompañada, en 2020, por el grueso de las fuerzas legislativas.
“Es importante defender la soberanía energética y, en este sentido, la Secretaría de Energía aporta el conocimiento técnico y los registros en función de la necesidad de un proceso que luego continuará la Cancillería con nuestro acompañamiento. En esta materia no hay discusión: los argentinos y las argentinas merecen que cuidemos nuestra soberanía”, enfatizó Martínez. Y confirmó que ninguna de las tres empresas había solicitado autorización alguna al gobierno nacional para operar en esas áreas.
Según explicaron los funcionarios, el año pasado la firma Chrysaor Holdings Limited se fusionó con Premier Oil PLC -inhabilitada ya en 2013, durante la primera ofensiva administrativa y judicial del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner-, dando nacimiento a Harbour Energy Plc, hoy en la mira. Del mismo modo, Rockhopper Exploration –también inhabilitada en 2013 por idénticos motivos- vendieron, junto a Premier Oil, un tercio de su participación en la cuenca de "Sea Lion" a Navitas Petroleum, con base en Israel.
Acorde a lo que regla el proceso, las petroleras fueron notificadas el año pasado en un primer paso respecto a la infracción de las normas argentinas y sus consecuencias legales. Resta ahora avanzar en un aviso formal a través de la Cancillería que contempla el derecho a un descargo por parte de las firmas, dentro de los 20 días hábiles, antes de concretar cualquier cargo punitivo.
Filmus destacó también otro aspecto, en línea con el capítulo ambiental que se incorporó con determinación a la línea de la política exterior del Gobierno desde la última parte del año pasado. “Han ocurrido varios accidentes que, por ahora, no tuvieron ninguna consecuencia. Existe un enorme riesgo ambiental de un accidente con consecuencias que pueden llegar hasta la Antártida”, señaló el Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. No se profundizó, no obstante, respecto a la cantidad y magnitud de esos episodios a los que se aludía.
"Han ocurrido varios accidentes que, por ahora, no tuvieron consecuencia. Existe un enorme riesgo ambiental con la Antártida”, previno Daniel Filmus
Durante el segundo gobierno de Fernández de Kirchner, se iniciaron acciones penales en los tribunales federales de Tierra del Fuego contra las empresas que operaban en la plataforma continental argentina con licencias concedidas por los isleños. En 2012, se inhabilitaron cinco empresas y en 2015 se les sumaron otras dos. Tal como el canciller Felipe Solá expresó en su discurso ante el comité de descolonización de la ONU, hace apenas unas semanas, al violarse la resolución 3149, se usufructúa el patrimonio de 45 millones de argentinos, sea a través de la pesca o la exploración petrolera.
Pese a las quejas internacionales entonces por el potencial impacto sobre el clima de negocios en el país, el Gobierno argumentó que se había logrado el propósito de desalentar el interés de grandes petroleras por trabajar en la zona hasta tanto no se resuelva el diferendo sobre la soberanía, como British Petroleum o la india ONGC así como dificultar las actividades “ilegales” en zonas cercanas a las Malvinas.
