El 22 de abril de 1985, hace 40 años, después del retorno a la democracia, el gobierno de Raúl Alfonsín impulsó el juicio para juzgar a los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Ricardo Gil Lavedra, uno de los jueces que condenó a los altos mandos de la dictadura y actual presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, expresó hoy que se siente “muy honrado por la oportunidad histórica de haber integrado el Tribunal que llevó adelante el juicio contra las Juntas Militares”.
También recordó que “la decisión audaz de Raúl Alfonsín posibilitó que la democracia naciera abrazada al imperio de la ley, a los derechos humanos y al principio de no impunidad para los poderosos”.
El Juicio a las Juntas: el proceso que condenó a los jefes de la dictadura por terrorismo de Estado
A pesar de que la decisión final fue tomada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, destacó que la inédita decisión de Alfonsín estuvo acompañada por una serie de eventos que permitieron la realización del juicio: la intervención del Congreso que modificó la estrategia gubernamental, el informe de la CONADEP que facilitó la tarea de la Fiscalía, y el notable trabajo de la Cámara, que logró realizar el juicio en solo 14 meses, a pesar de su complejidad.
Gil Lavedra afirmó que "El informe de la CONADEP y el juicio a las juntas fueron fundamentales para construir el consenso del 'Nunca Más'’’, al destacar que con 709 testimonios documentados que describen secuestros, torturas y asesinatos, el juicio se convirtió en una ventana al horror de la dictadura.
Además, recordó a sus colegas fallecidos, como Andrés D'Alessio y Jorge Torlasco, quienes jugaron un papel crucial en el juicio. Hizo una mención especial a Julio Strassera, fiscal en el juicio, destacando su desempeño excepcional y su frase histórica: "Nunca más".
El abogado afirmó que, a pesar de los avances, persisten ciertos desafíos en la defensa de los derechos fundamentales. Cerró resaltando que, aunque los argentinos enfrentaron muchas vicisitudes, el principio de soberanía popular, la condena a la violencia y el respeto a los derechos humanos permanecen firmes.
“No prosperarán los intentos de justificar o disculpar lo sucedido”, concluyó, enfatizando que las atrocidades cometidas durante la dictadura no son crímenes de guerra, sino crímenes aberrantes que deben ser castigados por la ley.
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