Este lunes el juez Sebastián Casanello procesó a Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional por el dinero entregado a través del programa Potenciar Trabajo.
El magistrado dio por probado que el líder piquetero desvió parte de los 360 millones de pesos que recibieron la asociación civil Polo Obrero y la cooperativa El Resplandor Limitado hacia una red de empresas que se habrían usado para justificar gastos inexistentes con facturas truchas y ocultar así el destino final del dinero.
Además, el juez federal le trabó un embargo de $390 millones y sostuvo que el dirigente "aprovechó la política pública para intereses partidarios", según indicó el fallo al que accedió Infobae.
El procesamiento emitido por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública alcanzó a Belliboni, Mariano Alejandro Centanni, Erica Tamara Lubenfeld, Iván Ortíz y Ezequiel Adrián Coego, al igual que a María Isolda Dotti y Gianna Puppo, quienes también fueron procesadas por "amenazas coactivas".
También fueron procesadas Gloria Paraguay Estrada y Rossmery Grande Arancibia, acusadas de ser autoras de amenazas, y Elizabeth del Carmen Palma, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Cynthia Delgado Vilches, Gustavo Guillermo Vásquez, Jeremías Cantero, Iván Ezequiel Candotti y Roberto Adrián Albornoz señalados como partícipes de la defraudación y amenazas coactivas.
"Se sospecha que el cumplimiento de las tareas y la ejecución de los proyectos asumidos por los responsables del Polo Obrero en el marco del programa estatal no fue su verdadera meta, sino que el propósito buscado consistió en financiar y robustecer la actividad propia (político-partidaria)", indicó la resolución de 168 páginas emitida por Casanello.
Al respecto, el magistrado explicó: "En ese marco, el Estado Nacional efectuó desembolsos de dinero a favor de los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo (en concepto de Salario Social Complementario) por contraprestaciones que, en la mayoría de los casos, siquiera se ofrecieron".
"No sólo se incumplió el objetivo previsto normativamente, generando un perjuicio a las arcas del Estado (pues invirtió dinero en actividades que, en muchos casos, no se realizaron ni ofrecieron), sino que, además aprovechándose de la posición de poder que detentaban, retuvieron de manera indebida un porcentaje del dinero percibido por los titulares del programa", señaló.
Casanello indicó que los chats grupales aportados por los denunciantes, más el contenido extraído de los celulares de los imputados y la documentación secuestrada revelaron que "las prácticas que los encargados de los comedores les exigieron a los beneficiaron del plan no tenían que ver con el objetivo de la política pública".
Cabe mencionar que la causa se originó el 20 de diciembre, cuando las fuerzas opositoras preparaban la primera movilización de piqueteros contra Javier Milei y el Gobierno abrió la línea 134 del Ministerio de Seguridad para recibir denuncias anónimas.
Dado que hubo reportes en todo el país, se hizo una denuncia en los tribunales de Comodoro Py y el fiscal Pollicita, quien recibió la investigación delegada, trabajó en las 45 que tuvieron lugar en Capital Federal para intentar rastrearlas, localizando a siete denunciantes, de los cuales cinco se animaron a declarar.
A partir de la información secuestrada y los allanamientos realizados, el juez llamó a indagatoria alegando que "diversas personas, nucleadas bajo las figuras asociativas 'Asociación Polo Obrero' y 'Cooperativa El Resplandor Ltda.' habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del aludido programa 'Potenciar Trabajo'".
El magistrado sostuvo que se comprobó el "empleo de facturación apócrifa" y la "simulación de gastos no concretados" con el objetivo de ocultar el verdadero uso de una parte de los fondos. Por su parte, los acusados negaron las acusaciones y aseguraron que se trató de una persecución política del Gobierno a las organizaciones populares.
Posteriormente, el fiscal Gerardo Pollicita solicitó ampliar la acusación y pidió que Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita y responsable de la Secretaría de Economía Social durante el gobierno anterior, fuera citado a indagatoria, acusándolo de encabezar una "matriz de corrupción" que le permitió al Polo Obrero extorsionar a los beneficiarios y destinar el dinero recibido hacia otros fines.
Esta última cuestión será analizada ahora por Casanello, quien al reanudarse la actividad judicial, firmó el procesamiento de Belliboni y el resto de los implicados, considerando que "ha quedado demostrado que las personas nombradas se apartaron de las obligaciones asumidas y los aplicaron a una finalidad distinta".
AS./fl
