El Gobierno de Javier Milei presentó en junio un proyecto de ley para reducir la edad de imputabilidad de los menores de 16 a 13 años. La propuesta forma parte de un tema que ha estado en agenda en la Argentina desde hace mucho tiempo, pero que particularmente en 2024 tomó fuerza por el asesinato del playero Bruno Bussanich en la ciudad de Rosario a manos de un sicario de apenas 15 años.
La normativa se justifica, según la Administración libertaria, con el argumento de que existe un porcentaje creciente de delitos en el país cometido por adolescentes. También, por el flagelo del narcotráfico, especialmente en la mencionada ciudad santafesina, donde señalan que los menores son utilizados como “soldaditos narco”, enviados por los grupos criminales para cometer este tipo de hechos.
Por el lado contrario, hay instituciones y organismos que indican que la proporción de niños y adolescentes en conflicto con la ley penal es muy baja en comparación con la población mayor de 18 años. Sin ir más lejos, autoridades judiciales y eclesiásticas, encabezadas por el obispo de San Isidro Mons. Oscar Ojea, se reunieron en una parroquia de San Justo para rechazar esta iniciativa. El titular de la Conferencia Episcopal pidió “tener una visión más crítica" de las situaciones mediáticas, donde "parecería haber una insistencia o demonización del delito de los menores para no tener una visión parcial".
En el informe de gestión presentado por el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, desde la bancada del Frente de Izquierda le consultaron: “¿Cómo se explica el proyecto cuando esa problemática no constituye una prioridad para la población ya que solo el 1% de los delitos graves son cometidos por menores?”. Para brindar contexto, resaltaron que "7 de cada 10 chicos son pobres", no hay dispositivos en barrios vulnerables que los contengan y la desaparición de Loan Peña fue tomada como ejemplo del entramado de trata al que algunos son sometidos.
Francos destacó que el actual Régimen Penal de la Minoridad (Ley N° 22.278) se sancionó en 1980 y “no responde a los principios reconocidos en la Constitución Nacional y en la legislación internacional”. También cuestionó que la edad de imputabilidad en el país sea una de las más altas de la región. Se trata de una tendencia que se ve hace años: existen en el Congreso al menos unos 9 proyectos con estado parlamentario para establecer modificaciones en el régimen. Por lo tanto, el problema no es el qué, sino el cómo.
La legislación heredada del gobierno de facto de Jorge Videla está inspirada en el paradigma de una situación irregular, que considera al niño como un objeto de tutela, opuesto a la Convención De los Derechos del Niño y por ende inconstitucional. Esta lógica reconoce al adolescente su condición de sujeto de derecho, coliciona con instituciones como la patria potestad, reconoce el pleno de los derechos y garantías de los adolescentes, incluso en el proceso para juzgarlos, y amplía la gama de sanciones basadas en principios educativos.
El Gobierno de Santa Fe elaboró un informe sobre procedimientos policiales que tuvieron a menores como protagonistas y ante este medio se mostró a favor de discutir una baja en la edad de imputabilidad. Además, PERFIL se comunicó con el diputado libertario Álvaro Martínez, cuyo proyecto propone bajar colocar ese límite en 12 años y es uno de los 9 con estado parlamentario. El legislador precisó las diferencias de su iniciativa, recalcó que ayudaría a los jóvenes a no ser utilizados por bandas criminales y que "este Gobierno tiene la determinación de dar debates importantes por más incómodos que sean".
En contraposición, Macarena Fernández Hoffman, coordinadora del equipo Política criminal y violencia en el encierro del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) dijo que en caso de ser sancionada podría llevar a sentencias desproporcionadas y no necesariamente efectivas: "Encerrar pibes cada vez más jóvenes y por tiempos más largos no solucionará los problemas, si no que ayudará a expandirlos".
A su vez, destacó el comunicado de Unicef, que solicitó que una normativa de esta importancia "esté en línea con los estándares internacionales, incluidos los principios de progresividad y de no regresividad", es decir, que los países no bajen el límite inferior de edad a partir de los cuales los jóvenes pueden ser juzgados. La agencia de la ONU también contradijo que se haya registrado un aumento en los delitos cometidos por menores.
Las edades de imputabilidad en los países de la región
“Es relevante destacar que la legislación argentina se encuentra en minoría en la región en cuanto al umbral de imputabilidad, lo que sugiere que nuestro ordenamiento legal se encuentra desactualizado en este aspecto”, destaca entre uno de sus argumentos el proyecto presentado por el Gobierno y el informe de la Jefatura de Gabinete.
Allí señalaron que Argentina y Cuba son los únicos países de América Latina que establecieron los 16 años como edad mínima de responsabilidad penal. Asimismo, dice que otros estados cambiaron su legislación para "evitar la impunidad en crímenes cometidos por adolescentes" y aporta una serie de ejemplos: Chile, Colombia y Perú fijaron esa edad en 14 años; Guatemala, Nicaragua y Uruguay, en 13; Brasil y México en 12; y Granada y Trinidad y Tobago, en 7.
Martínez informó que tanto el proyecto del Ejecutivo como el suyo se están debatiendo en comisiones y sobre la edad de imputabilidad comentó que aunque "puede parecer caprichosa, en algún lado hay que trazar el límite". Luego argumentó que al asesorarse con funcionarios brasileños y mexicanos documentó que "les dio resultado los 12 años, especialmente en la disminución de la utilización de menores por parte de bandas criminales".
"Consideramos que a los 12 años los menores ya comprenden bien lo que está bien y lo que está mal. El Código Civil ya reconoce la capacidad de entender actos ilícitos a partir de los 10 años y los lícitos a los 12, con el fundamento de que cuando uno es chico primero le enseñan lo que está mal y después está bien", agregó el legislador mendocino.
Sin embargo, desde Unicef se plantea que "no hay evidencia que demuestre que la baja de la edad de imputabilidad impacte favorablemente en una mayor seguridad en la población". Uno de los indicadores más usados en esta materia para analizar los niveles de violencia a nivel global es la tasa de homicidios, y en ese sentido Argentina y Cuba son unos de los países menos violentos con un promedio de 4,2 y 4,1 homicidios cada 100 mil habitantes.
Nunca hay que olvidarse que detrás de las cifras existen personas y vidas que se pierden, pero que se elaboran para concretar marcos de referencia y estándares. Así, los datos aportados dicen que Argentina está por debajo de países como Brasil y México, que tinen un promedio de 23 homicidios cada 100 mil habitantes con una edad de imputabilidad de 12 años, o Ecuador y Honduras, que registran medias de 45 y 31 homicidios cada 100 mil habitantes con el mismo límite etario de imputación.
El Dr. Pablo Barbirotto, juez penal de Niños y Adolescentes de Paraná, dijo que medidas como estas producen un “efecto placebo”. El juez precisó que solo el 0,68% de los delitos graves, que incluyen homicidios, es cometido por personas menores. “No parece adecuado ofrecerle a la sociedad una respuesta de seguridad respecto de este índice cuando en realidad no se lo hace con el 99% restante”, escribió en una columna a este medio y ratificó durante un reportaje con Aires de Santa Fe.
Con respecto a la recomendación de la "no regresividad", el diputado oficialista aseguró que no lo ve afectado porque es necesario "no quedar estancados en leyes que pueden no estar reflejando las necesidades contemporáneas". Martínez comentó que la ley penal "no se aplica retroactivamente" y que la sociedad reclama soluciones a crímenes aberrantes como el asesinato del playero, el cual consideró como "un mensaje para el Gobierno" por su lucha contra el narcotráfico.
Sobre ese punto, en 2019 el Comité Internacional de los Derechos del Niño de Naciones Unidas emitió una Observación General (la N°24). Aunque el ente no suele indicar una edad mínima fija de imputabilidad penal juvenil, en ese caso estableció un límite mínimo de 14 años y recordaron la imposibilidad de regresividad en la materia, por lo cual reducirlo devendría contrario a la Convención.
Evolución de delitos cometidos por menores
En el proyecto presentado por el Gobierno de Milei se asegura que la "tasa de los delitos cometidos por adolescentes aumenta año tras año" en todo el país. Para ello, se basa en Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes que elabora la Corte Suprema de Justicia, calificando las estadísticas como "evidencia arrolladora".
Los informes estadísticos de "los primeros semestres de cada año demuestran que en los últimos 4 existió el siguiente aumento de intervenciones judiciales en adolescentes: 822 para 2021 -22 % de aumento con respecto del año anterior-; 906 para 2022 -10 % de aumento aproximadamente con respecto al año anterior- y 986 para el mismo período de 2023 -9 % con respcto al año anterior-".
"La mayoría de los delitos fueron cometidos por adolescentes que, al momento del hecho, tenían entre 16 y 18 años -68 % de los casos correspondientes al período 2021-2023, y 32 % por adolescentes de menos de 16 años- en tal período" continúan los datos del Máximo Tribunal, citados por el oficialismo. "En su gran mayoría, se trató de delitos contra la propiedad -84,5 % de los casos del período 2021-2023-", completaron.
Pero al consultar la última actualización del informe que realiza la Corte, se observa que el principal dato es que 907 menores tuvieron causas penales iniciadas en la Justicia Nacional de Menores, lo que representa un descenso del 8% en comparación con igual período de 2023. También revela que se iniciaron 920 causas en este fuero, un 16,7% menos que en igual período del año anterior. Los delitos contra la propiedad siguen siendo los mayoritarios (84%), e incluyen por lo general robos, hurtos y robo de vehículos, entre otros.
Consultado acerca de las estadísticas, el diputado de La Libertad Avanza alertó que no es tan sencillo tenerlas en cuenta debido a lo que se conoce como puerta giratoria. "Muchos dicen que es marginal el porcentaje de delitos que cometen los menores, y no sabemos si es tan así porque muchos no entran al sistema, son liberados rápidamente. La poca información que uno se entera generalmente es por casos muy graves", respondió.
Otras estadísticas
En el informe elaborado por el Ministerio de Seguridad santafesino se muestra que hasta el 19 de agosto de 2024 hubo 594 adolescente de 16 y 17 años aprehendidos, siendo los departamentos de Rosario (418) y general Obligado (42), los lugares con mayores detenciones. Esto representa un 0,72% de las aprehensiones totales, de todas las edades, que alcanzó la cifra de 82.315 detenidos.
Acorde al tipo de delito, 166 de estos hechos fueron por "Robo", 52 por "Hurto", 37 por "Tenencia de arma de fuego" y 28 por "Encubrimiento". De acuerdo a los datos que obtuvo PERFIL, si se consideran solo las actas de procedimiento este grupo etario constituye el 1,99% del total, y si se ve el total de aprehendidos en procedimientos policiales, los menores de 16 y 17 años representan un 9,40%. Desde el gobierno de Maximiliano Pullaro sostuvieron que en los "delitos relativos a una organización criminal no tendría que haber piso en la edad para imputar".
Como ejemplo de la baja proporción de ilíicitos cometidos por menores, Unicef subrayó que sólo el 2% del total de investigaciones penales iniciadas en 2023 por el Ministerio Público Fiscal bonaerense corresponde a adolescentes acusados de cometer una infracción.
El Relevamiento Nacional de Dispositivos Penales Juveniles y su Población de 2022, elaborado por el Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Niñez y Adolescencia y Unicef indicó que existen 4.112 jóvenes en dispositivos penales juveniles, de los cuales 1.853 tienen 16 y 17 años y 34 son menores de 16 años (0,8%). Si se suman ambos grupos, representan menos del 0,1% del total de adolescentes de 14 a 17 años del país, según las proyecciones de población por edades del INDEC tras el último censo.
Acorde a los registros estadísticos del Ministerio Público bonaerense hubo 1.060.542 investigaciones penales en el año 2023, de las cuales 23.846 están relacionadas menores de edad, lo que representa un 2,25%. El mismo afirma que el 0,3% de los adolescentes de esa provincia estuvo involucrado en procesos penales juveniles y que entre 2014 y 2022 la cantidad de jóvenes en conflicto con la ley penal se redujo un 63%.
Según la Secretaría de Planificación de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, en 2017 las investigaciones penales contra adolescentes representaron un 12,2% del total de investigaciones del Poder Judicial bonaerense. Esto fue disminuyendo gradualmente desde ese año hasta que, en 2023, las causas contra adolescentes bajaron a un 7,78% sobre el universo total.
Política de seguridad y política criminal
"Hay que darle una solución tanto al menor, para que no siga en esa senda, como a las víctimas para que tengan algún tipo de reparación. Hay que hacerlo actualizando normas y con todas las garantías constitucionales e internacionales", comentó Martínez. “Es una decisión de política criminal", añadió más allá de los datos.
Además, el diputado criticó que los detractores del proyecto solo se fijen en la edad a la que se intenta bajar la imputabilidad y no la serie escalonada de penas y acompañamiento que establece su proyecto acorde a la edad del responsable y el tipo de ilícito. En esa línea, recalcó que en ambas iniciativas oficialistas la pena de prisión para menores es una "última instancia", dependiendo el caso y la gravedad del delito.
El juez Barbirotto planteó que las autoridades suelen hacer una "apreciación porteñocéntrica", ya que en la amplia mayoría de las provincias, a excepción de Santa Fe, Córdoba y Mendoza -con una situación más parecida a Buenos Aires-, los delitos cometidos por menores es "bajísima". Sin embargo, utilizó una frase en la que coinciden distintos especialistas: "Peor es no hacer nada", en relación a que el régimen penal juvenil no puede seguir como está.
"Hay que entender que Argentina está condenada por esto", recordó Fernández Hoffman, y dijo que "no pueden haber penas perpetuas o tan largas para menores como las que supone el proyecto del Ejecutivo". Por otro lado, concluyó enfatizando que "no se puede tratar a un niño como un adulto", y que una propuesta podría ser un régimen penal diferencial que trate cuestiones como penas más leves y mayores posibilidades de reinserción social.
FP/fl
