El Gobierno ya dejó en claro su postura, tajante, sobre el "veto en forma completa" a la Ley de Financiamiento Universitario votada por el Congreso, pero en el marco de esa dura puja política con la oposición, desde La Libertad Avanza agregarán otro tema sensible del tablero universitario: a tono con lo que decía el texto inicial de la Ley Bases, enviarán al Congreso un proyecto que reglamente el cobro de aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes que cursen en las universidades públicas de la Argentina. La iniciativa promete otro debate de alto impacto, si se tiene en cuenta que habría unos 120 mil extranjeros en ese segmento.
La movida libertaria apunta a que quienes defienden en todos los ámbitos el financiamiento universitario, se vean en la incómoda situación de tener que defender la gratuidad de esos servicios educativos a estudiantes extranjeros, que vienen al país a cursar porque en general esas mismas carreras en sus países de origen les resultan mucho más caras.
Para ello el Gobierno propondrá modificaciones a la Ley de Educación Superior, de manera que cada casa de altos estudios tenga entre sus opciones la de cobrarles a los estudiantes que no hayan nacido en la Argentina por su capacitación en las diversas carreras.
La iniciativa, que como dijimos formaba parte del articulado de la Ley Bases, se conoció pocas horas después de la multitudinaria marcha que se llevó a cabo este miércoles contra el anunciado veto a la Ley de Financiamiento Universitario, que finalmente se confirmó por parte del presidente Javier Milei horas más tarde.
De acuerdo con datos que maneja el Ministerio de Educación, en la actualidad hay cerca de 120 mil ciudadanos extranjeros que cursan carreras en universidades estatales argentinas.
Desde la administración de Milei afirman que el texto de la Ley Bases "autoriza a las áreas de gobierno a arancelar la educación superior para los extranjeros", y que esa opción empezaría a regir en el corto plazo; es decir, ya con este 2024 cerca de terminar, entraría ya en vigencia en el inicio de los cursos del año próximo.
Si finalmente se avanza en la reglamentación del proyecto, no habrá valores únicos ni tampoco una indicación expresa, y serán las mismas universidades las que decidan si cobrarán a los extranjeros. Claro que la normativa modificará también los criterios para distribuir los recursos en relación a la cantidad de alumnos que asistan, y eso podría forzar a las autoridades universitarias a imponer entonces algún tipo de costo a los estudiantes extranjeros.
Uno de los primeros dirigentes del oficialismo que salió a respaldar públicamente la medida fue el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien consideró "razonable" la propuesta de arancelar la educación superior para el segmento de estudiantes extranjeros no residentes.
"Quienes vienen de otras partes a estudiar a nuestro país es gente que no ha pagado ni un impuesto acá durante toda su vida. Nosotros sostenemos la educación, la salud, la seguridad y justicia, me parece razonable que quienes utilicen esos servicios y no han contribuido, paguen algo. Por algo vienen para acá [Argentina], en sus países no deben ser tan accesibles, entonces lo razonable es que paguen”, argumentó Menem.
Luego de la marcha del miércoles 2 de octubre y el veto presidencial, el financiamiento de las universidades públicas se convirtió en uno de los más intensos ejes de confrontación entre el Gobierno y la oposición.
En este marco, la UCR publicó un comunicado para convocar a diputados y senadores a "insistir" con la aprobación de la Ley de actualización presupuestaria de las universidades públicas.
“Un sistema universitario público autónomo, autárquico, cogobernado y de calidad, forma parte del programa de la UCR desde su inicio, allá por 1918 y fue ratificado desde entonces en cada Convención Nacional”, manifestaron desde el radicalismo.
“Las multitudinarias movilizaciones del día de ayer a lo largo y ancho del país no hacen más que ratificar el apoyo popular que tiene esta Ley vetada por Milei”, finalizaron.
