El ministro de Jusiticia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, anunció a través de un posteo en la red social X. que analizará denunciar ante el Consejo de la Magistratura a la jueza de la Ciudad, Karina Andrade, que liberó a los detenidos por las protestas en el Congreso durante la marcha de los jubilados.
"Los barras bravas son criminales organizados que ayer fueron al Congreso a destruir todo lo que tuvieran a su alcance y agredir a la policía", dijo el funcionario y agregó "No se trató de una protesta ni del ejercicio de la libertad de expresión, se trató de delincuentes cometiendo delitos a la vista de toda la sociedad. Sin embargo, la jueza de la Ciudad Karina Andrade, en lugar de investigar quién envió a esos barras a sembrar el caos, decidió liberarlos en menos de 8 horas. Se analizará su actuación ante el Consejo", finalizó.
Tras los graves incidentes registrados durante la última marcha que cada miércoles realizan los jubilados frente al Congreso de la Nación, que contó con el apoyo de hinchas, barrabravas y otras organizaciones, la Justicia decidió liberar a 94 de los 124 detenidos por los efectivos de seguridad, luego de imputarlos por diversos delitos. La decisión se tomó luego de analizar la información disponible y considerar que se veían afectados derechos fundamentales de la Constitución, como el de protesta y la libertad de expresión.
Durante la madrugada de este jueves, la gran mayoría de ellos recuperó la libertad por orden de la jueza Karina Andrade, del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas 15.
La magistrada tomó en cuenta la información proporcionada por la Defensoría Pública y consideró que las detenciones “afectan derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a la protesta, la manifestación en democracia y la libertad de expresión”. Trascendió que algunas de las personas que permanecen bajo arresto contarían con antecedentes penales.
"En un contexto como el actual, donde sectores vulnerables de la sociedad, como los adultos mayores, se encuentran involucrados, el Poder Judicial debe atender estos derechos de manera especial", fundamentó en su decisión. "Sin perjuicio de no emitir opinión respecto de la aplicación del derecho de fondo, o a la investigación que podrá continuar la fiscalía, la complejidad de derechos en juego para informar y determinar la existencia de una conducta penal impide la aplicación del trámite de flagrancia", añadió.
Asimismo, dispuso "la inmediata soltura de los detenidos", ya que iba a reportarse una larga demora en las liberaciones porque la unidad de flagrancia pretendía realizar un operativo de salud con médico legista con cada uno de los aprehendidos.
