Amnistía Internacional (AI) presentó este jueves un informe en el que denunció el uso "desproporcionado" de la fuerza por parte del gobierno de Javier Milei en respuesta a las manifestaciones. Según la organización, las fuerzas de seguridad federales siguieron un patrón represivo en función del "protocolo anti-piquetes" impulsado por la ministra Patricia Bullrich.
El informe fue elaborado por la filial de la organización de derechos humanos en Argentina con base a una investigación basada en información oficial y testimonios de víctimas. Según el hallazgo, existe un patrón de represión sistemática y criminalización de la protesta social, dirigido a aquellos que se expresaron en desacuerdo con las políticas del actual gobierno.
El estudio abarcó 15 manifestaciones, entre las que se destacaron las recientes marchas contra el ajuste a los jubilados y a las universidades. Los autores, en tanto, afirman que pone en evidencia las consecuencias del "Protocolo Anti-piquetes" del ministerio de Seguridad que busca limitar la protesta en los centros urbanos del país mediante el uso excesivo de la fuerza. Pero además, también limita la libertad de expresión y el "acceso al espacio cívico".
Qué dice el informe de Amnistía Internacional
Según AI, el informe sobre la represión de la protesta social arrojó cifras alarmantes: durante 15 manifestaciones, 1.155 personas resultaron heridas, muchas de ellas con lesiones graves. De estas, 33 recibieron impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro, lo que les ocasionó daños severos en la visión. Además, 50 periodistas fueron heridos mientras cubrían las protestas.
En total, 73 personas fueron "criminalizadas" por participar en las manifestaciones. El informe detalla que entre las prácticas represivas documentadas se incluyen el uso abusivo de gases lacrimógenos, balas de goma, camiones hidrantes, golpes porras y bastones, y detenciones arbitrarias. "Incluso, en casos emblemáticos, niños y niñas fueron afectados por la violencia represiva", sostuvo el texto de la organización.
En diálogo con Noticias Argentinas, Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional, explicó que el informe revela una clara restricción del ejercicio de la libertad de expresión "en las calles" y un "achicamiento del espacio cívico".
Con respecto a los datos que sustentan el informe, García Rey señaló que la organización recurrió a diversas metodologías, como pedidos de acceso a información pública al estado nacional, los cuales fueron en muchos casos "denegados por el Ministerio de Seguridad de la Nación".
"Relevamos más de 30 testimonios de víctimas que sufrieron el uso desproporcionado de la fuerza. También relevamos imágenes porque, ahora, las redes sociales habilitan muchísimo más la difusión", explicó.
En este sentido, remarcó la importancia de visibilizar la violencia, asegurando que "dar cuenta de la situación de alarma frente a la violencia" busca poner de manifiesto cómo se utiliza la fuerza para coartar el disenso y "silenciar las voces". La representante de Amnistía en Argentina también destacó que, si bien el país "tiene un uso de la calle muy activo", esto no justifica la respuesta represiva del gobierno.
"Sin duda, Argentina tiene un uso de la calle muy activo y, seguramente, era necesario darnos un debate robusto sobre la canalización de los reclamos populares al Gobierno. Pero la respuesta nunca puede ser el miedo como forma de inhibir la expresión y la violencia como estrategia para lograrlo", señaló.
En tanto, la organización considera que la represión de las protestas no solo infringe derechos fundamentales, sino que también genera un efecto inhibitorio sobre la participación ciudadana y el ejercicio de la democracia.
Recomendaciones al Gobierno nacional
A modo de conclusión, el informe concluye con una serie de recomendaciones al gobierno de Milei. "Amnistía Internacional urge al Gobierno argentino a adoptar medidas concretas que garanticen el respeto a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales", enfatiza el texto.
Entre estas medidas, se destaca la derogación del protocolo anti-piquetes, una normativa que, según la organización, "no solo vulnera derechos humanos fundamentales, sino que también contribuye a la criminalización de quienes se manifiestan". Además, instan a la implementación de regulaciones policiales y capacitaciones que se alineen con los estándares internacionales sobre el derecho a la reunión pacífica y el uso de la fuerza.
"El uso de la fuerza por parte de las autoridades debe estar enmarcado en principios de proporcionalidad y respeto a los derechos humanos", concluye el informe.
CD / Gi
