Organismos de Derechos Humanos convocaron para el viernes 27 a un “abrazo solidario” al edificio de la ex ESMA como respuesta al cierre de la Secretaría de DDHH llevado adelante por el Gobierno. Los trabajadores realizarán una protesta para advertir que el Ejecutivo planea despedir a 600 personas el 31 de diciembre.
Los despidos se vinculan al anuncio de la finalización de contratos laborales de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), que fue revelada por el ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona el 17 de diciembre pasado. Con esta decisión, 2.400 trabajadores de dicha cartera, entre ellos los de la Secretaría de Derechos Humanos, recibieron la noticia del fin de este tipo de vinculación sin ninguna respuesta concreta sobre si serán recontratados con otra modalidad.
HIJOS-Capital denunció, desde su cuenta de X (ex Twitter), que "el motivo real del desmantelamiento es político y va desde la crueldad del despido a lo funcional para el negacionismo y apología del terrorismo de Estado". Junto al mensaje, postearon una imagen de la convocatoria en la que se muestra información del evento, planeado para las cinco de la tarde.
Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que "hay cientos de familias que se verán afectadas en enero por los despidos masivos". En el mismo comunicado, que fue lanzado en redes sociales, responsabilizan al ministro Cuneo Libarona, y al secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, por "desarmar, desarticular y vaciar" el área. Además, aseguran que el 2 de enero el edificio donde funciona el organismo aparecerá militarizado para impedirles el ingreso.
Otros organismos de Derechos Humanos, como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, afirmaron que la decisión de finalizar los contratos "implica el cierre de decenas de programas y especialmente el vaciamiento de la Secretaría de DDHH y el inminente cierre de los Sitios de Memoria". La medida afectaría a espacios donde funcionaron centros clandestinos de detención durante la última dictadura, como el Garage Olimpo y el Club Atlético.
Por su parte, el abogado Ciro Annicchiarico, quien es trabajador del organismo desde hace 20 años y fue querellante en diversos juicios por delitos de Lesa Humanidad, sostuvo en AM 750: “Tenemos absolutamente en claro que el objetivo de este Gobierno es destruir la política de Memoria, Verdad y Justicia y aniquilar la Secretaría de Derechos Humanos”.
Motosierra en el Estado: el Gobierno echó a casi 35.000 empleados públicos en lo que va del año
Fin de año con deep motosierra
El 23 de diciembre, ATE había denunciado que existen 50.000 contratos de empleados públicos que vencen el 31 de diciembre, de los cuales aún no hubo una respuesta oficial de renovación —o no— por parte del Ejecutivo. En este sentido, el titular de la entidad, Rodolfo Aguiar, había señalado que “el fraude laboral del Gobierno en el Estado es gigantesco. Se le tiene que empezar a poner fin a la alarmante precarización renovando de manera automática todos los vínculos contractuales que vencen a fin de año hasta su definitiva incorporación en la planta permanente”.
Además, Aguiar manifestó que importantes organismos como PAMI también sufrieron recortes en los últimos días y aseguró que esperan nuevos ajustes. Por ello señaló que “es motivo suficiente para multiplicar las protestas en todo el país”. A su vez, sostuvo que "las firmas de contratos trimestrales que se impusieron desde que asumió esta gestión no sólo generan malestar e incertidumbre en los trabajadores, sino que resienten en cantidad y calidad los servicios que brinda el Estado”. "El 31 de diciembre no puede existir un solo despido en el Estado. Se debe garantizar la continuidad de todos los contratos", cerró Aguiar.
TC
