En el contexto del juicio contra el ex juez federal de Mendoza Walter Bento, se conocieron nuevos testimonios con denuncias que pusieron el foco sobre presuntas maniobras de coacción y presiones sobre testigos con el fin de inculpar al magistrado señalado como aparente jefe de esta red de coimas. Entretanto, durante la audiencia de este miércoles la Justicia liberó a Luis Francisco “Chato” Álvarez, uno de los letrados imputados en tanto miembro de la asociación ilícita investigada.
Martín Ríos, uno de los testigos "arrepentidos" en la causa contra el juez Bento, denunció haber recibido presiones y amenazas para adherir a un pacto de colaboración y aportar evidencias a la causa que en realidad respondían a un "libreto" preexistente que le asignaron. Este guion, según el testigo, incluía "nombres y roles" que conformaban esta red criminal coordinada por un "jefe, dos reclutadores y otros miembros".
Las declaraciones recientes de Ríos apuntaron contra el fiscal Dante Vega, a quien acusó de haberlo amenazado para que presente estas pruebas, manipulando de este modo la investigación para inculpar al ex juez federal investigado como presunto jefe de una asociación ilícita que beneficiaba a acusados a cambio de coimas.
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"Me dieron un papel escrito a máquina sobre cómo funcionaba la supuesta banda y yo lo transcribí. Incluso exageré algunas cosas porque había hablado con mi familia y me pidieron que dijera cualquier cosa para que volviera a casa", consignó Ríos ante la Justicia.
Las amenazas, de acuerdo con el planteo de Ríos, alcanzaron también a su esposa, quien según el testigo fue abordada en repetidas oportunidades por agentes que la presionaban para que "colabore", amenazándola de que en caso contrario Ríos sería trasladado a cárceles de máxima seguridad.
“A mi esposa le dijeron que mejor me arrepintiera porque, de no hacerlo, me trasladarían a Ezeiza o Rawson”, manifestó el testigo que puso en duda el carácter imparcial del juicio y la validez de las pruebas presentadas por la Fiscalía.
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En ese sentido, Ríos agregó que unos de los testigos de la causa declaró estando bajo tratamiento psiquiátrico, lo que a su entender pondría en duda el libre ejercicio de su voluntad al momento de declarar :"Ortega no estaba en condiciones de dar un testimonio auténtico, ya que estaba medicado y afectado en su voluntad”.
Ríos también centró sus críticas en el rol del juez a cargo de la pesquisa, Eduardo Puigdéngolas.
El testigo relató que en una ocasión en que era trasladado como detenido, un policía de Narcocriminalidad le advirtió que "más vale que se acojan a la Ley del Arrepentido; si no, no van a salir. De acá nadie sale si no se arrepiente".
Con respecto al juez Puigdéngolas, dijo que "se acercó antes de una audiencia con un papel en la mano con la Ley del Arrepentido y nos dijo que era para que la tuviéramos en cuenta".
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Liberaron a uno de los imputados
En paralelo, el Tribunal Oral Federal N° 2 otorgó libertad a uno de los sospechosos de integrar la asociación ilícita, el abogado Luis Francisco “Chato” Álvarez.
La Justicia resolvió por unanimidad "el cese de la prisión preventiva oportunamente dispuesta al señor Francisco Álvarez, de circunstancias personales conocidas en este juicio en virtud de lo previsto por el artículo 224 inciso C del Código Penal Procesal Federal”.
En efecto, el letrado a cargo de la defensa de Álvarez, Juan Day, apoyó su argumentación en el Artículo 224, inciso C del Código Procesal Penal Federal.
"[Álvarez] lleva 35 meses detenido, lo que significa las dos terceras partes de una condena eventual de 4 años y medio. Es decir que aun cuando se les ocurriera condenar a Álvarez en una pena que excede el 50% del mínimo, ya está en tiempo de la libertad condicional. Todo eso determinaría la inmediata libertad", observó el abogado defensor en declaraciones reproducidas por el diario Los Andes.
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Si bien el planteo fue avalado por la Fiscalía, Álvarez deberá respetar una serie de conductas fijadas por el Tribunal:
- Se le prohibió salir del país;
- No podrá salir de la Ciudad de Buenos Aires sin autorización judicial previa;
- Debe informar al tribunal el domicilio en que se encuentre;
- Seguirá sometido al proceso, comprometiéndose a participar de todas las audiencias que restan del proceso.
La fiscal María Gloria André remarcó asimismo que si bien se le otorgará libertad a Álvarez, la Fiscalía "no entiende que estemos en una situación de inocencia".
En virtud de lo expuesto, la fiscal indicó como continuará el proceso: "Se hará un pedido de condena y será en efectivo. Tampoco va a ser una pena en ejecución penal. Estamos en proceso de formular los alegatos y la pena que va a solicitar la Fiscalía, es algo que diremos en el momento oportuno”.
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