Cinco locales fueron clausurados en la Ciudad de Buenos Aires por dedicarse a la cría y comercialización ilegal de especies marinas. Las inspecciones a cargo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) y el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA), revelaron la existencia de más de mil corales, cuyo valor en el mercado negro asciende a $400 millones. Los responsables enfrentan cargos por infringir la Ley de fauna silvestre y operar sin habilitación.
El caso surgió a partir de una investigación de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), que descubrió que los locales simulaban ser acuarios legítimos, cuando en realidad operaban fuera del marco legal.
Las especies secuestradas, protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), no contaban con la documentación legal requerida.
Los responsables de los comercios fueron imputados por infracción a la Ley Nacional de Fauna Silvestre (22.421) y por ejercer actividades comerciales sin habilitación. Para tener una referencia, en acuarios bonaerense se consiguen corales desde 5.000 hasta 550.000 pesos. Los más vendidos, por caso, se cotizan de 50.000 a $400 mil.
Durante las inspecciones, realizadas en conjunto con la Dirección General de Control Ambiental (DGCONTA) y otros organismos del Gobierno de la Ciudad, se procedió a la clausura inmediata de los establecimientos.
Rescatan más de 300 animales en cautiverio criados de forma clandestina
A su vez, secuestraron más de 1200 corales de diversas especies. Se estima que su valor en el mercado negro ronda los 400 millones de pesos.
Además se encontraron otros animales, como estrellas de mar y peces cartilaginosos protegidos como las rayas. Cabe señalar que la cría de estas especies está expresamente prohibida en la Ciudad. Por estos motivos, posteriormente, se labraron actas y se procedió a clausurar los cinco locales implicados.
Finalmente, el fiscal Carlos Rolero Santurián, quien está a cargo de la UFEMA, imputó a los cinco responsables de los negocios por infracción a la Ley de fauna silvestre y por ejercicio de actividad sin habilitación.
Este tipo de comercio ilegal representa un grave peligro para la biodiversidad marina, ya que las especies son utilizadas no solo para acuarios ornamentales, sino también en la elaboración de medicinas y otros productos.
RM / Gi
