El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital Federal fijó para el 5 y 12 de junio de 2025 las audiencias del juicio contra Omar Pérez, dirigente de confianza de Hugo Moyano, y otros cuatro integrantes del Sindicato de Camioneros por el bloqueo contra la pyme Andar Transportadora en 2020. Están acusados del delito de extorsión en grado de tentativa.
Los cinco hombres llegan a juicio por el bloqueo del depósito de la empresa ubicado en Villa Soldati el 31 de julio de 2020 junto a otros 10 representantes gremiales, en reclamo por una supuesta deuda contra Camioneros de la cual, de acuerdo a la Justicia, “no surgieron elementos que permitan justificar la legitimidad”.
Omar “Manguera” Pérez es uno de los dirigentes de mayor confianza del líder de Camioneros, secretario de Políticas de Transporte del gremio y secretario Gremial de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT). Por su peso en el sector, incluso fue considerado como candidato para formar parte de la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) en reemplazo de Pablo Moyano. Los demás procesados son Omar Dutrá, secretario de Logística del gremio, y Diego Emanuel Coria, Jorge Fabián Aguirre y Matías Ezequiel Paz.
La condena para los sindicalistas también podría aplicar para otros dos dirigentes de Camioneros de la Seccional San Nicolás, Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, que continúan detenidos con prisión domiciliaria y aguardan el juicio oral público de la causa por un bloqueo contra la pyme Distribuidora Rey, en 2021.
Un "plan común" entre los sindicalistas de Camioneros
En noviembre de 2021, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó un fallo por el que los sindicalistas fueron procesados por coacción y embargó sus bienes, pero en agosto de 2022, el juez Fernando Caunedo decidió elevar a juicio a los acusados por el delito de extorsión en grado de tentativa, de mayor gravedad y para el que Código Penal estipula una pena de prisión de 5 a 10 años.
El fiscal Ignacio Mahiques efectuó en 2022 el pedido de elevación a juicio y el agravamiento de la acusación. El magistrado manifestó en la presentación ante el juez que “todos los imputados deben ser considerados coautores” porque aportaron a un “plan común” con el objetivo de “despojar a la firma de parte de su patrimonio en beneficio ilegal del Sindicato de Choferes de Camiones”.
A su vez, Mahiques declaró que mientras parte de los representantes gremiales desarrollan el bloqueo, Dutrá y Pérez exigieron a Alejandro Castell -el dueño de la empresa- la entrega del dinero. La Justicia comprobó ilegítima la deuda declarada porque no existe constancia en los ministerios de Trabajo de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, que son quienes deben determinar el cumplimiento del convenio laboral, algo que para el magistrado demuestra que los imputados “carecían de toda autoridad para reclamar”.
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En este sentido, el juez sostuvo que si bien el artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que el ejercicio de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal “no puede constituir como ilícito ningún acto”, recordó que “la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos”.
La abogada de la empresa Andar Transportadora y senadora de la provincia de Buenos Aires, María Florencia Arietto, solicitó al tribunal que las audiencias sean públicas y televisadas en vivo “para que el pueblo argentino conozca lo que vive una pyme argentina con la mafia sindical enfrente”.
Arietto incluyó a Hugo Moyano como autor mediato de los delitos y solicitó su indagatoria por considerarlo la cabeza de una estructura de poder desde donde se emiten las órdenes, pero el juez no avanzó en este pedido. Aún así, la representante legal de la pyme aseguró que una vez finalizado el juicio por el bloqueo contra la empresa Andar Transportadora, iniciará una segunda etapa contra el líder de Camioneros por considerarlo autor mediato.
Para el fiscal, la reunión entre Omar Pérez y el dueño de Andar configuró una "coacción"
De acuerdo con Alejandro Castell, el dueño de la empresa, los gremialistas impidieron el paso de camiones y amenazaron a los choferes desde las 9.30 hasta las 13.30, cuando efectivos de la policía de la Ciudad llegaron al depósito. Según el empresario, durante el bloqueo, uno de los representantes le pasó un celular para que hablara con su “jefe”, Omar Dutrá, quien le dijo: “¿Por qué no paga y esto se termina? Vayamos por las buenas, déjese de joder”.
Castell se negó a pagar, pero le propuso visitar el sindicato el 5 de agosto. Antes, se contactó con Arietto en búsqueda de asesoramiento legal. Una vez en el sindicato, Dutrá lo llevó hasta la oficina de Omar Pérez, quien, según su relato, lo amenazó y le volvió a reclamar el dinero.
Una de las pruebas clave para la investigación de la causa fue la filmación del celular de una de las empleadas de la empresa, que registró una conversación de los gremialistas. Además, las cámaras de seguridad registraron sus movimientos. El fiscal Mahiques también analizó llamadas entre un grupo de Camioneros que confirmó que habían estado en el depósito en el horario del bloqueo.
Además, para el fiscal, la reunión entre Castell y Pérez “configura un supuesto concertado de la continuidad de la coacción desplegada por sus coimputados en la puerta del depósito” y la consideró “intimidatoria”.
TV/LT
