Este martes, en una de sus habituales conferencias, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció lo que presentó como “cambios en el régimen de migración” al país. La iniciativa busca que a partir de ahora se podrán cobrar aranceles a los extranjeros no residentes en el país, tanto para acceder a la universidad como a la salud pública.
Adorni indicó que “se dispone que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes”. Además, afirmó que “esto va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio” y agregó como ejemplo que “uno de cada tres estudiantes de medicina hoy es extranjero”. Por otra parte, anunció que se endurecerán los requisitos de ingreso al país, y que el objetivo de estas medidas es “avanzar hacia un país ordenado que proteja sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos”.
No faltaron las voces que acusaron al Gobierno de que estos anuncios representan más bien una “bomba de humo” para desviar el eje de otros temas que han representado un costo político para el oficialismo en las últimos días, como la quita de los medicamentos gratuitos a los jubilados, que despertó duras críticas de la oposición, o la polémica con el PRO por la ley de Ficha Limpia, que abrió un frente interno con sus más fieles colaboradores.
Esta hipótesis se apoya en las lagunas e inconsistencias del anuncio. Además, no es raro que expresiones de la nueva derecha internacional (como Trump, Meloni o Bolsonaro) empleen ese tipo de tácticas comunicacionales para dominar el discurso público. Sin embargo, la medida emana un vaho de xenofobia opuesto por el vértice al espíritu de la Constitución de nuestro país, cuyo preámbulo habla de derechos “para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”.
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Un anuncio que hace agua
Adorni anunció que “se dispone que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes”, como si se tratara de algo que entra en vigencia inmediatamente a partir de un decreto o decisión ejecutiva. En realidad, para que esto se efectivice deberían ser modificada la legislación vigente mediante la presentación de un proyecto de ley, ya sea en sesiones extraordinarias o a comienzo del 2025 en el calendario parlamentario ordinario.
Concretamente, modificar la Ley de Educación Superior sancionada en 2015, que establece la gratuidad de la educación pública universitaria. Además, el oficialismo debería juntar los votos necesarios en el parlamento, lo que implicaría grandes presiones internas en los bloques que, de palabra, están comprometidos con la gratuidad educativa y la educación pública. Y ni hablar del rol opositor que ha tenido la comunidad universitaria, protagonizando las movilizaciones más numerosas contra la gestión Milei.
Esta iniciativa seguramente tendría dos argumentos fuertes en contra en el Congreso. Por un lado, la exacerbación del odio y la xenofobia hacia los extranjeros detrás del discurso gubernamental, cuando tradicionalmente nuestro país ha recibido de brazos abiertos a los migrantes, enriqueciendo la cultura de nuestro país.
Por otra parte, es evidente que el cobro a los extranjeros podría ser tan sólo un primer paso para un arancelamiento general. El Gobierno y sus aliados se han expresado reiteradamente en contra de la gratuidad de la educación pública.
El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, fue tajante al afirmar que las propuestas gubernamentales "carecen de conocimiento del funcionamiento del sistema y solo buscan provocar, generar odio y resentimiento".
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¿Extranjeros no residentes en la universidad?
Otra de las inconsistencias del anuncio fue la indicación de que se habilita a cobrar por la educación superior a “extranjeros no residentes”, que básicamente no existen.
El abogado constitucionalista Félix Longiro se refirió en los medios a esta polémica, indicando que los estudiantes extranjeros pasaron del 4 al 9% en los últimos 10 años, pero es incorrecto hablar de que haya estudiantes extranjeros “no residentes”, porque eso implicaría que son inmigrantes ilegales. Sería un contrasentido que pudieran estar inscriptos en la universidad pública.
Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), también refutó la afirmación de Adorni: “No hay alumnos en condición de no residentes. Cualquier estudiante que venga tiene que sacar su residencia”. Una de las condiciones para los inmigrantes que ingresan al país es la de “estudiantes”, representando un permiso legal para realizar sus estudios en Argentina.
En el mismo sentido, el decano de la facultad de Farmacia de la UBA también reiteró que los extranjeros no residentes no pueden estudiar en la UBA. Además, reiteró que "para todo el sistema de universidades públicas los extranjeros representan un 4 por ciento de los estudiantes”, por lo que “no representa una cantidad relevante". Incluso, agregó, "es difícil discriminar quienes son residentes temporarios que vienen solo a estudiar y quienes residen porque migraron con sus familias, pero viven ya en el país".
Es muy improbable que el arancel a estudiantes extranjeros pudiera representar un ingreso significativo para las casas de estudio. Un informe del propio Gobierno titulado “Síntesis de Información Estadística Universitaria 2022-2023”, indica que los estudiantes extranjeros representan solo el 4,1 % del total de la población universitaria. Aún cobrándole a la mayoría de esos estudiantes, el monto que se podría recaudar sería insignificante en comparación con el presupuesto universitario general.
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Herederos de Alberdi… ¿o no?
En su discurso en el búnker de La Libertad Avanza apenas se conoció el resultado electoral en 2023, Javier Milei citó en su discurso al padre del liberalismo argentino: “Hoy volvemos a abrazar las ideas de Alberdi. De nuestros padres fundadores que hicieron que en 35 años pasáramos de ser un país de bárbaros a ser potencia”.
Los escritos de Alberdi fueron fundamentales en el proceso de conformación de Argentina como nación, especialmente sus Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, texto en el cual se basó la redacción de nuestra Constitución. En ese entonces, 1853 tenía 3 millones de kilómetros cuadrados y apenas un millón de habitantes. Una de las lúcidas ideas de Juan Bautista Alberdi fue que la nueva constitución sirviera para poblar el país.
En el preámbulo, se anuncia que el texto va dirigido a “todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”, y el artículo 20 establece “igualdad de derechos entre ciudadanos y extranjeros”, aunque obviamente es una igualdad es hoy “reglamentada”, ya que un argentino, por ejemplo, no puede ser deportado, ni un extranjero presentarse a presidente de la Nación.
El espíritu de estas ideas inclusivas hacia los inmigrantes sirvió como plafón para un desarrollo diverso que enriqueció culturalmente nuestro país en sus doscientos años de historia. En su afán refundacional, Milei también va contra las ideas de sus supuestos ídolos históricos.
