La Cámara Federal de Comodoro Py resolvió reactivar la investigación para esclarecer por qué el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner postergó la adquisición de vacunas Pfizer durante la pandemia de COVID-19. La decisión revierte el fallo del juez federal Ariel Lijo, quien había cerrado el expediente a fines de 2023.
"Aún existen incógnitas sobre las negociaciones llevadas a cabo entre el Estado Argentino y los representantes de la firma Pfizer, las cuales no han sido plenamente analizadas en el curso de la investigación, sobre todo frente al ritmo que marcaron los acercamientos con otros laboratorios“, escribieron los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, integrantes de la Sala I de la Cámara, en el fallo al que accedió el medio Infobae.
El expediente se basa en dos denuncias presentadas en 2021. Una fue impulsada por legisladores nacionales de la oposición, que exigieron saber por qué el Gobierno no cerró acuerdos con Pfizer. La otra fue promovida por familiares de cuatro víctimas fatales del coronavirus.
Durante la pandemia, la tardanza en firmar contratos con Pfizer generó una gran controversia pública. Mientras países vecinos recibían las primeras partidas, en Argentina se optó por priorizar el acuerdo con Rusia para utilizar la Sputnik V. El Ejecutivo nunca logró dar explicaciones convincentes sobre esa decisión. La situación alimentó sospechas de posibles pedidos de sobornos y motivó un extenso debate político. Recién en septiembre de 2021 ingresaron al país 20 millones de dosis del laboratorio estadounidense. Dato clave: según cifras oficiales, más del 90% de las personas fallecidas por COVID-19 en Argentina no estaban inmunizadas o no tenían aplicadas las dosis de refuerzo recomendadas.
Los primeros contagios de COVID en el país se registraron en marzo de 2020. Desde entonces, el virus causó más de 130 mil muertes. Las tasas de mortalidad y los cuadros graves comenzaron a descender a medida que avanzó el plan de vacunación. Por eso, el proceso de negociación con Pfizer sigue siendo un punto sensible que la Justicia busca esclarecer.
El fallo de Lijo y la apelación de Stornelli
En diciembre del año pasado, el juez Ariel Lijo archivó el caso tras concluir que no había pruebas suficientes para avanzar con una imputación. "Si bien no había un ‘debido tiempo’ para contar con determinada cantidad de dosis de las vacunas -lo que a su vez conforma una ausencia de plataforma fáctica temporal ante un eventual reproche penal-, lo cierto es que se evidencia y hasta es reconocido por la propia empresa Pfizer, el esfuerzo, interés y voluntad política que desde el Gobierno Nacional emanaba desde un inicio para la adquisición en tiempo y forma de las vacunas que por entonces comenzaban a desarrollar", argumentó el magistrado en su resolución.
“Tampoco constituye maniobra ilícita alguna negociar y gestionar con otros laboratorios a la par que determinadas negociaciones –como por ejemplo con Pfizer– no resultaban fructíferas en los primeros meses de negociación. La decisión de celebrar contratos para la compra venta de vacunas con distintos laboratorios es, en sí misma, una decisión política que fue tomada por el gobierno en el marco de sus facultades, obligaciones y funciones”, agregó Lijo en otro pasaje del fallo.
Esa decisión fue apelada por el fiscal federal Carlos Stornelli, quien advirtió que todavía faltaban varias medidas de prueba. “Es notoria la diferencia verificada en cuanto a los tiempos de tramitación de los distintos procedimientos de compra de vacunas, comparativamente hablando, en el que el concerniente a Pfizer evidencia un innegable aletargamiento, al amparo de la opacidad y falta de oportuno registro en el sistema informático respectivo”, sostuvo el fiscal.
Un pacto global para la próxima pandemia
Stornelli también remarcó que “no puede soslayarse, y entiendo que sobre ello no hay de momento controversia probatoria, que las demoras registradas en la negociación con Pfizer, derivó perjudicialmente para nuestro país y en un contexto de emergencia sanitaria, en una progresiva disminución de las dosis comprometidas inicialmente, a la par de que ingresaban las de los otros laboratorios raudamente contratados”.
Qué resolvió la Cámara Federal
La Cámara Federal avaló el planteo de la Fiscalía. “Las distintas aristas reveladas por el apelante no pueden ser desestimadas sin la realización de las correspondientes medidas probatorias que diluciden esos interrogantes. Desde esa mirada, los elementos de convicción hasta aquí colectados resultan insuficientes para adquirir un estado de certeza negativo que permita solventar la decisión adoptada”, argumentaron los camaristas.
De este modo, Bruglia, Bertuzzi y Llorens coincidieron en que “aún existen incógnitas sobre las negociaciones llevadas a cabo entre el Estado Argentino y los representantes de la firma Pfizer, las cuales no han sido plenamente analizadas en el curso de la investigación, sobre todo frente al ritmo que marcaron los acercamientos con otros laboratorios”.
Para los magistrados, la clave pasa porque “la investigación no incursionó suficientemente en los procesos de adquisición y en las negociaciones que se llevaron a cabo con el resto de las empresas a las cuales el Estado Nacional les adquirió las vacunas con mayor antelación”. Y concluyeron: “Esta ausencia probatoria imposibilita descartar la existencia de supuestos tratos desiguales entre aquellos laboratorios y la empresa Pfizer”.
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