Alberto Fernández le pidió a la Justicia que le devuelvan su teléfono y que se prohíba a los medios difundir sus fotos y videos íntimos, en una serie de escritos que presentó vinculados a la denuncia de violencia de género que realizó en su contra su expareja, Fabiola Yañez.
El expresidente hizo un planteo en el fuero civil y comercial federal, donde señaló que las imágenes que podrían aparecer violan su honor y afectan los derechos de sus hijos. Allí, se presentó “por derecho propio” y en representación de su hijo menor, Francisco, y pidió que se dicte una medida cautelar para responder a una situación de “urgencia extrema”.
Por otra parte, su abogada, Mariana Carreira, hizo una presentación ante el juez Julián Ercolini en el que pide la devolución de los teléfonos y los demás aparatos electrónicos que le secuestraron de su domicilio, el 9 de agosto pasado.
La presentación del dirigente de Unión por la Patria se trata de una acción "preventiva de daños" contra el Ente Regulador de las Telecomunicaciones (Enacom) y también contra las empresas Google, Facebook, X y Yahoo.
Para Fernández, existe “una flagrante amenaza de difundir supuestas imágenes o supuestos videos que tienen como única finalidad ofender, agredir, vulnerar, menoscabar y afectar” su “nombre, honor, imagen, intimidad y/o integridad, afectando “directamente” a sus hijos y familiares.
El extitular del PJ nacional aludió a que recientemente se han publicado fotos y videos en diferentes plataformas que “falazmente se le atribuyen" por parte de diversos medios y figuras públicas. “Estas cuestiones que desde ya son falsas y maliciosas, solo buscan afectar la estabilidad familiar y salud psicofísica de mis hijos”, afirmó.
En ese sentido, apuntó contra algunos comunicadores que habían realizado publicaciones sobre el tema en sus redes sociales: “He tomado conocimiento de que los periodistas Laura Di Marco, Luis Majul, Jorge Rial, entre otros, han realizado declaraciones en sus cuentas de X (ex-Twitter) sugiriendo la existencia y circulación de videos que manifiestan ser del suscripto con mujeres en situaciones incómodas”.
Esos posteos estaban relacionados a la supuesta próxima aparición de otras fotos y grabaciones con mujeres, como el que se conoció de Fernández con Tamara Pettinato en el despacho presidencial, y un presunto "video íntimo en el ascensor" de Casa Rosada.
Además de prevenir la circulación de próximas imágenes, el expresidente pidió que se eliminen "de todas las publicaciones en redes sociales y otros medios" que contengan estos videos o referencias a los mismos, evitando la "propagación de material personal no autorizado”, con las medidas que sean necesarias.
“Esta parte quiere, solicita, implora, se protejan sus derechos personalísimos, se establezca que la libertad de expresión no es libertad de pregonar el odio e incitar a la violencia”, añadió.
La devolución de sus teléfonos
Además del documento que llegó al fuero civil y comercial, Fernández le reclamó al juez Ercolini la devolución de sus teléfonos y otros aparatos electrónicos que habían sido secuestrados por las autoridades en el departamento en el que vive en Puerto Madero, en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la denuncia por "violencia física y psicológica".
En lo presentado por la doctora Carreira, explicó que Fernández no incumplió la orden de restricción hacia Yáñez, ni le envió mensajes, por lo que sería “abstracto” el motivo del allanamiento, donde además de dos celulares se llevaron 22 pendrives y un iPad, entre otros elementos.
El pedido se dio porque el martes 6 de agosto habría sido el último contacto telefónico entre el exJefe de Estado y su expareja, según un escrito que reveló el medio Infobae. Dos horas después, Fernández se notificó de la orden firmada por Ercolini, que le había prohibido tomar contacto con la denunciante.
Un día después, la ex primera dama habló telefónicamente con el fiscal Carlos Rívolo donde habló “mensajes intimidatorios” que provenían del celular de Fernández, pero no dio precisiones de fechas ni horarios. Además, dio cuenta de que habría terceros que también la habrían contactado.
El magistrado dispuso las restricciones de contacto el 6 de agosto y tres días después, Rívolo, basado en lo que Yáñez había manifestado en una entrevista con Infobae pidió el allanamiento del departamento, con el secuestro de los dispositivos electrónicos "desde los cuales se estarían enviadno los mensajes de hostigamiento" contra la denunciante. En el caso de comprobarse que Fernández no incumplió la orden del juez, se le devolverían los artículos.
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