A pocos días de haber denunciado "prácticas coercitivas" de una prestigiosa firma multinacional del mercado del tabaco, las autoridades de Tabacalera Sarandí reforzaron su reclamo con una presentación judicial que pone el foco sobre un supuesto entramado de maniobras y trabas administrativas que en caso de reglamentarse, beneficiarán a las corporaciones internacionales en detrimento de las Pymes locales del sector.
El escrito en cuestión señala que las multinacionales Philip Morris (Massalin Particulares) y British American Tobacco (BAT) estarían impulsando una nueva reglamentación, destinada a ejercer "el control monopólico de la producción y comercialización de tabaco en la región".
En este marco, la pugna por el mercado del tabaco plantea un escenario cada vez más complejo, que no excluye la posibilidad de un conflicto gremial en el sector debido a la cantidad de fuentes de trabajo que están en juego.
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Como parte de la presentación realizada por Tabacalera Sarandí ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 4, llamaron la atención sobre una nueva regulación en marcha, que en caso de implementarse generaría "una serie de trabas administrativas, de imposible cumplimiento para las PYMES tabacaleras argentinas, las cuales solo podrían llegar a cumplir las empresas extranjeras".
Se trataría, según los denunciantes, de una normativa en la cual convergen los intereses de los grupos multinacionales, supuestamente apoyados por abogados y autoridades de la AFIP que pretenden influir de forma "ilícita" en la dinámica del mercado para "aniquilar definitivamente la industria tabacalera local".
"Mediante esta trampa regulatoria se obligaría a la AFIP a no proveer a la Empresas argentinas las denominadas estampillas, (instrumentos fiscales de control -IFC-) sin las cuales no se pueden fabricar, empaquetar y vender ningún paquete de cigarrillos", detallaron en la presentación judicial.
Asimismo, remarcaron la preocupación de fabricantes y distribuidores locales ante la posibilidad de que esta nueva medida se efectivice. En efecto, se habla de un escenario en el cual se perderían al menos 3.000 puestos de trabajo, en un contexto económico sumamente crítico.
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![Tabacalera Sarandí 20240712](https://fotos.perfil.com//2024/07/12/900/0/tabacalera-sarandi-20240712-1834978.jpg)
Días atrás, la empresa dirigida por Pablo Otero pidió la intervención de la cartera conducida por Luis Caputo, tras acusar a Massalin Particulares de llevar a cabo prácticas "prácticas coercitivas" con el propósito de "eliminar a la competencia" de la industria local, en aparente complicidad con agentes de AFIP y grupos mediáticos.
El pasado viernes el titular de Tabacalera Sarandí, conocido en los medios como el "Señor del Tabaco", elevó una carta al Ministerio de Economía denunciando "prácticas coercitivas" por parte de Massalin Particulares (la filial de Phillip Morris International en el país), por pretender "eliminar a la competencia" de la industria local, con la supuesta complicidad de funcionarios de alto rango de AFIP, y directivos del Grupo Clarín y de La Nación. Según Otero, estas acciones estarían orientadas a eliminar la industria tabacalera nacional, incluida su empresa, a la que presenta como una PyME, lo que conllevaría un perjuicio a cientos de trabajadores.
El conflicto de Sarandí y Massalin llegó incluso al Congreso, en medio del debate por la ya aprobada Ley Bases. En el caso del primero, la acusación es de querer acaparar todo el mercado del tabaco. Del otro lado, recriminan que no paga impuestos como las demás empresas.
La presentación ante el gobierno nacional, que demanda la intervención de la cartera a cargo de Luis Caputo en el caso, ocurrió un mes después de la Corte Suprema de Justicia desestimara una medida cautelar de 2021 que eximía a Tabacalera Sarandí de pagar impuestos internos mientras dirimía el litigio judicial con AFIP. A esto sumó una última intimación del agente recaudador, que llegó a amenazar a la empresa con limitar el suministro de estampillas legales necesarias para comercializar cigarrillos.
CA/GI