Esta semana la ex jueza de familia Alejandra Claudia Velázquez fue detenida en Valencia, España, bajo sospecha de “conseguir panzas” para una red “irregular” de adopciones. La magistrada está acusada por los delitos de "cohecho activo" y "falsedad en documento público” y fue arrestada por la Policía española, tras la orden de arresto internacional emitida por la Interpol luego de la solicitud de la Justicia argentina.
Si bien Velázquez fue detenida en los últimos días, sus antecedentes se remontan a 2015, cuando el Colegio de Abogados de San Isidro (CASI), inició una investigación en su contra por llevar a cabo un mal desempeño, alterar registros de firma, atentar contra órdenes judiciales, y aprobar adopciones de manera “irregular”.
Esta investigación avanzó hacía una denuncia y luego a un jurado de enjuiciamiento (“jury”) contra Velázquez. Entre las irregularidades figuraba principalmente la ausencia de la magistrada en el juzgado y la adulteración de documentación para que figurara como presente.
Según sostuvo la actual presidenta del CASI, Guillermina Soria, los colegas comenzaron a denunciar que la jueza "no estaba nunca" y "retrasaba los despachos". "Pusimos a la maquinaria de control de gestión de la corte ante una denuncia a trabajar y eso nos llevó a la plena convicción de que ahí había una cantidad de irregularidades que iba por encima de esta adulteración", detalló a Cadena 3.
En cuanto a la alteración de documentación y falsificación ideológica, Soria aclaró que en medio de este escándalo, se comprobó que la jueza estuvo 200 días fuera del juzgado, pero que aparecía firmando como si estuviera presente. "Hay sentencias firmadas que aparecía como presente, pero obligaba a los empleados del juzgado a trastocar ese orden de asistencia en el juzgado y los obligaba a ponerle presente cuando ella se encontraba de viaje”, reveló.
Y explicó: “Eso está probado en el entrecruzamiento de datos con migraciones, donde centenares de expedientes fueron firmados por la jueza cuando no se encontraba en el país". Asimismo, Soria explicó que el Colegio “llegó hasta la destitución de la jueza por el mal desempeño”, mientras que delegaron las acusaciones por “conseguir panzas” hacia el proceso penal de la justicia ordinaria.
La ex jueza argentina detenida por “conseguir panzas” para adopciones
La investigación llevada a cabo por el CASI fue lo que permitió que las asistentes sociales del juzgado revelaran que "la magistrada con anterioridad las había convocado a su despacho y les había sugerido que salieran por los barrios vulnerables de Pilar, que era donde tenía asiento el juzgado, a buscar ‘panzas’, porque decía que había mucha gente en estado de situación de vulnerabilidad y muchos matrimonios que estaban en condiciones de adoptar".
Soria explicó que estas declaraciones desembocaron luego en una investigación penal, ya que el jury "sólo tenía por objeto destituir a la jueza". Por lo que esos testimonios fueron remitidos a la justicia ordinaria y a la causa que implicó finalmente la detención de Velázquez en España.
Si bien este hecho no fue probado por el jurado, que estaba abocado a su mal desempeño, la presidenta del Colegio señaló que sí se comprobó que Velázquez "le había pedido esto al equipo técnico de su juzgado".
Irregularidades en las adopciones: otro de los antecedentes de la exjueza
Junto al mal desempeño y la solicitud de “conseguir panzas”, el Colegio de Abogados de San Isidro descubrió en los expedientes de Velázquez una "cantidad de irregularidades en el registro de adoptantes, donde aparecían personas en condiciones de adoptar que no estaban en el orden del registro".
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"Algunas de esas adopciones se dieron en tiempo récord en familias que no estaban en el orden en el registro de adoptantes correspondiente, familias que provenían de un registro de adoptantes diferente del juzgado", explicó Soria. De esta manera, facilitaba los procesos de adopción a matrimonios adinerados, de quienes recibía ventajas económicas.
"Esta magistrada intervino en cientos, en miles de expedientes en donde se debatió cuestiones de familia, donde había régimen de visita, o cuestiones de alimentos. Hay expedientes en donde había menores en situación o en calidad de internados en algunas instituciones y la magistrada no los visitaba, llegaban a la mayoría de edad sin haber tenido nunca contacto con la jueza que los tenía a su cargo", agregó Soria.
Finalmente, la Presidenta del Colegio de Abogados de San Isidro remarcó: “El mal desempeño de cualquier magistrado reviste una gravedad institucional importantísima porque se aparta de los mandos de la Constitución y porque mal utilizan la llamada estabilidad en el cargo como un privilegio personal y no como una garantía para los individuos".
