Las sequías, las inundaciones cada vez más frecuentes o los cambios de temperatura cada vez más bruscos dejan al descubierto la situación de desventaja en la que se encuentran las mujeres para hacer frente a la crisis climática. Y hay que decir que la crisis climática no es imparcial en cuanto al género.
Un concepto esclarecedor para entender mejor estas desigualdades es el de “injusticia ambiental”, acuñado por la investigadora del CONICET Lucila Nejamkis, según el cual las problemáticas del ambiente emergen desde y en contextos de desigualdad racial, colonial y socioeconómica, afectando en mayor medida a grupos sociales racializados que históricamente vienen siendo desfavorecidos debido a una discriminación estructural del sistema.
Las mujeres se encuentran dentro de estos grupos debido a una multiplicidad de factores. Entre ellos, la disparidad en el acceso a la tenencia de la tierra, la limitación o dependencia económica, la sobre-representación en mercados de baja productividad y las dificultades en el acceso a capacitaciones y herramientas técnicas que incentiven su crecimiento.
“Injusticia ambiental” es un concepto clave para entender estas desigualdades
Sumado a esto, las mujeres, en muchos casos, son excluidas de la toma de decisiones y de posiciones de poder, lo que a su vez limita su acceso a fondos climáticos y otros recursos que impulsarían la resiliencia frente al cambio climático a largo plazo. En Argentina, por ejemplo, en los Consejos Asesores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), solo un 30 % de los integrantes son mujeres.
A su vez, la desigual distribución de las tareas de cuidado, las cuales recaen de manera desproporcionada sobre las mujeres, hace que las consecuencias del cambio climático impacten con más fuerza sobre ellas. Tal como indica Nejamkis, el espacio ambiental es una esfera más en la organización del cuidado, que agrava la injusticia ambiental ya que son las mujeres quienes asumen la sobrecarga que conlleva atender a las problemáticas de salud y vivienda.
Además, durante los éxodos generados por desastres naturales, o en procesos de migración forzada por razones climáticas, las mujeres corren más riesgos de ser víctimas de violencia basada en género y trata de personas, de acuerdo con el informe sobre migrantes climáticos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Sumado a esto, como las mujeres presentan mayores dificultades para convertirse en propietarias de la tierra, son menos propensas también a ser beneficiarias de programas de equipamiento y de infraestructura y a recibir créditos o apoyos económicos.
Teniendo en cuenta estas disparidades, abordar la agenda climática sin una perspectiva de género significa ignorar las necesidades y vulnerabilidades específicas de la mitad de la población mundial, lo que resultaría en soluciones ineficaces e injustas.
La ONU advierte que para mejorar las políticas de adaptación al cambio climático es necesaria una gobernanza más inclusiva en donde haya una integración de las mujeres y grupos marginados en la toma de decisiones.
Triple impacto: generar acciones en los ámbitos social, ambiental y económico
A su vez, el organismo reconoció también a las mujeres indígenas como depositarias de conocimientos tradicionales clave para diseñar políticas resilientes al clima y observó que, para preservar y aplicar estos saberes, se debe empoderar a estas mujeres de modo que compartan sus conocimientos a través de enfoques culturalmente respetuosos e inclusivos.
Este año, la plataforma gratuita Emprende Pro Mujer ha brindado apoyo a las emprendedoras rurales del Chaco. El objetivo ha sido impulsar el crecimiento de sus negocios y promover su camino hacia la independencia económica mediante un programa de capacitación.
Particularmente, en áreas vulnerables, cobra cada vez más relevancia el concepto de triple impacto. Se trata de una estrategia empresarial que busca generar acciones con impacto positivo en los ámbitos social, ambiental y económico.
Por otro lado, resulta cada vez más fundamental e imperioso que la perspectiva ambiental y de género se incorpore de manera transversal, para que sus efectos no sean devastadores.
