La interpelación a la administradora general de la Administración Tributaria Provincial (ATP), Bibiana Massiel Kuncheff, quedó frustrada este miércoles 28 de octubre en la Legislatura del Chaco. El oficialismo no aportó el quórum necesario y la oposición no consiguió reunir los legisladores suficientes para avanzar con las preguntas sobre las contrataciones cuestionadas.
La funcionaria concurrió al edificio legislativo para atender la citación, pero la sesión especial prevista para las 13 no pudo constituirse. La convocatoria había sido acordada por la Cámara el 14 de octubre, a partir de una iniciativa opositora para examinar los servicios de consultoría y modernización informática de la ATP.
El retiro del oficialismo dejó al recinto sin quórum
La jornada ya había quedado atravesada por las diferencias entre los bloques durante la sesión ordinaria. Después de casi tres horas de debate, el diputado justicialista Nicolás Slimel propuso reducir el temario para dar paso a la interpelación.
Antes de la votación de los proyectos se abrió un cuarto intermedio. Sin acuerdo para continuar, los legisladores oficialistas y Blanc abandonaron el recinto, por lo que tampoco pudo completarse el tratamiento de la agenda ordinaria.
Entre los asuntos pendientes figuraban iniciativas sobre protección animal, conservación del yaguareté y la denominación de un tramo de la ruta provincial 13 con el nombre de Luis Landriscina. También estaban previstos un registro de hogares de tránsito y potenciales adoptantes de animales y la distinción anual Francisco por la Paz.
Las contrataciones por las que debía responder Kuncheff
El pedido de interpelación fue impulsado mediante el proyecto 2325/26, firmado por 14 diputados de la oposición. Su objetivo era reconstruir las decisiones administrativas vinculadas con la incorporación de servicios externos al organismo tributario durante 2025 y 2026.
Uno de los ejes del cuestionario era un diagnóstico de los sistemas y procesos de la ATP que, según el planteo opositor, habría demandado alrededor de $1.800 millones. Los legisladores pretendían conocer qué trabajos se realizaron, qué documentación se produjo y qué recibió la Provincia como resultado de ese desembolso.
La solicitud también requería explicaciones sobre una contratación para la cual se consignaron cifras de $687 millones mensuales durante 48 meses, equivalentes a $32.976 millones. Esos montos forman parte de los cuestionamientos que motivaron la convocatoria parlamentaria.
Además de las respuestas de la administradora, la oposición había solicitado contratos, informes técnicos, comprobantes de pago, dictámenes y otras actuaciones para examinar las condiciones en las que se tramitaron los servicios.
La interpelación fallida se suma a las convocatorias al titular de Vialidad Provincial, Omar Canela, y al presidente del INSSSEP, Rafael Meneses, que tampoco pudieron concretarse por falta de quórum.
