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Confirmaron los procesamientos de Capitanich y una exministra por fraude con tierras fiscales

La Cámara Federal ratificó los procesamientos por las presuntas irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales. También confirmó la exclusión del lavado de activos y dispuso que el expediente sea remitido a la Justicia chaqueña cuando la resolución quede firme.

Confirmaron los procesamientos de Capitanich y una exministra por fraude con tierras fiscales
Jorge Capitanich y Marta Soneira
Hoy 13:26

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó los procesamientos sin prisión preventiva de Jorge Capitanich y Marta Soneira en la causa que investiga presuntas maniobras fraudulentas con tierras fiscales del Chaco. La decisión también ratificó que el expediente debe salir del fuero federal y continuar ante la Justicia provincial, un traslado que deberá concretarse una vez que el fallo quede firme.

El tribunal mantuvo para ambos la imputación como coautores de fraude en perjuicio de la Administración Pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, con una calificación provisoria. La resolución fue firmada por las juezas Rocío Alcalá, Patricia Beatriz García y María Virginia Ise. En el caso del exgobernador, la confirmación fue por mayoría: Ise se pronunció por revocar su procesamiento y dictar falta de mérito.

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El pase a la Justicia provincial quedó condicionado a la firmeza

Uno de los puntos centrales del fallo es la confirmación de la incompetencia del fuero federal. La Cámara sostuvo que la intervención de esa jurisdicción se había apoyado en la investigación por lavado de activos. Al quedar excluida esa figura, consideró que no existe otro fundamento autónomo para retener una causa vinculada con bienes del Estado chaqueño y con la actuación de sus autoridades.

Por eso, el tribunal ordenó hacer efectiva la declinatoria “una vez firme el presente” y remitir las actuaciones al juzgado o fiscalía provincial que resulte competente. Ese trámite deberá ser instrumentado por el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, de donde proviene el expediente. El envío quedó dispuesto, aunque su concreción depende de que la resolución adquiera firmeza.

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Para descartar el lavado, la Cámara entendió que la acusación no individualizó suficientemente una operación posterior y diferenciada del presunto fraude. Señaló que la explotación de los inmuebles o los ingresos de las empresas relacionadas con los beneficiarios no constituyen, por sí solos, una maniobra de lavado. También rechazó el recurso del Instituto de Tierras Fiscales del Chaco, constituido como querellante, que pretendía sostener esa calificación.

Por qué la mayoría mantuvo el procesamiento de Capitanich

Las juezas Alcalá y García consideraron que la intervención del entonces gobernador en las adjudicaciones no podía reducirse a una firma protocolar. Según explicaron, la ratificación del Poder Ejecutivo prevista para operaciones superiores a 300 hectáreas constituye una instancia adicional de control y resulta necesaria para que esos actos tengan eficacia.

Dentro de ese análisis, valoraron la magnitud de las superficies, las irregularidades atribuidas a los trámites y la participación de Capitanich en los decretos que convalidaron las adjudicaciones. Para la mayoría, esos elementos permiten mantener su vinculación con los hechos con el grado de probabilidad exigido en esta etapa. Las magistradas aclararon que deberá profundizarse qué información conocía y cuál fue el alcance concreto de su intervención.

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Ise sostuvo una posición diferente. Consideró que la firma de los decretos, luego de las intervenciones de las áreas técnicas y jurídicas, no alcanza para atribuirle una participación dolosa. Señaló que no se identificaron elementos concretos que demostraran que conocía las irregularidades o que había actuado de común acuerdo con los demás involucrados. Por eso propuso dictar falta de mérito, una postura que quedó en minoría.

Soneira y las adjudicaciones de dos fracciones que suman 2.500 hectáreas

Respecto de Marta Soneira, el tribunal ponderó su actuación al frente del Instituto de Colonización y en posteriores funciones dentro del Ejecutivo provincial. También tuvo en cuenta que conocía las relaciones comerciales entre su pareja, Mauricio Ariel Cian, y los adjudicatarios Federico Storti y Leandro Nicolás Bessone, y que mantuvo su intervención en actuaciones vinculadas con ese grupo.

Entre las operaciones examinadas aparecen dos fracciones contiguas de 1.250 hectáreas cada una, ubicadas en el ámbito de Pampa del Infierno, en el departamento Almirante Brown. La Cámara destacó que las solicitudes se iniciaron el mismo día y a la misma hora, que los proyectos presentaban coincidencias sustanciales y que existían discordancias entre lo declarado sobre propiedades y empleados y la información registral y tributaria incorporada a la causa.

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El fallo también valoró un permiso de ocupación otorgado por Soneira a Bessone durante su gestión en Colonización. Para las magistradas, ese antecedente, junto con los demás indicios, permite sostener provisoriamente que su intervención excedió el posterior refrendo ministerial de las adjudicaciones cuestionadas.

Cian, Storti y Bessone siguen procesados; Pochón recibió falta de mérito

La Cámara confirmó además los procesamientos de Cian, Storti y Bessone por fraude en perjuicio de la Administración Pública. En el caso de Cian, consideró relevante su presunto papel como nexo entre los solicitantes de las tierras y Soneira, aunque no hubiera figurado formalmente como adjudicatario.

En cambio, revocó el procesamiento de Nelson Ariel Pochón y le dictó falta de mérito. El tribunal señaló que sus expedientes tenían antecedentes y características diferentes, y que su relación comercial con los otros imputados no bastaba para atribuirle una maniobra defraudatoria. La investigación respecto de él podrá continuar y su situación podrá revisarse si se incorporan nuevas pruebas.

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