La presencia de tropas salvadoreñas empezó a modificar el escenario de seguridad en Puerto Príncipe, la capital de Haití. Con más de 2000 soldados, vehículos blindados y patrullas en sectores controlados por organizaciones criminales, el gobierno de Nayib Bukele puso en marcha una operación para recuperar territorios y reforzar la lucha contra las pandillas.
El despliegue tomó mayor dimensión después del secuestro de cuatro técnicos salvadoreños, ocurrido el 18 de octubre durante una emboscada en las afueras de la capital. Los trabajadores participaban de una misión internacional y, tras el ataque, el gobierno de Bukele anunció que buscaría recuperarlos.
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Uno de los principales avances se produjo el 12 de noviembre, cuando las fuerzas de seguridad recuperaron el estadio Sylvio Cator, un predio que permanecía bajo control de grupos armados desde 2024. Los efectivos salvadoreños quedaron a cargo de su protección y el mandatario anunció que el lugar funcionará como una base para continuar las operaciones.
La recuperación fue presentada como un avance frente a las pandillas y recibió muestras de apoyo de sectores de la población. Sin embargo, el operativo también plantea preguntas sobre las condiciones en las que actúan las distintas fuerzas internacionales, la falta de una cadena de mando claramente definida y las garantías para proteger a los habitantes de las zonas intervenidas.
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Los cuatro técnicos secuestrados en octubre trabajaban en una misión vinculada con la aviación e integraban la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), una estructura internacional respaldada por Naciones Unidas para combatir a las organizaciones criminales y apoyar a las fuerzas de seguridad haitianas.
Después de la emboscada, Bukele publicó mensajes dirigidos a las pandillas y prometió recuperar a sus compatriotas.
El 28 de octubre, ambos gobiernos anunciaron un acuerdo bilateral para ampliar la cooperación. Aún así, no se hicieron públicos detalles centrales del despliegue, como su duración, las reglas de actuación de los militares o la forma en que se distribuirían las responsabilidades con las demás fuerzas presentes en Haití.
La situación de los cuatro técnicos sigue siendo uno de los puntos más delicados. Un líder criminal aseguró que habían muerto, pero Bukele rechazó esa versión.
La recuperación del estadio Sylvio Cator, un punto estratégico de Puerto Príncipe
El 12 de noviembre, las fuerzas de seguridad haitianas anunciaron que habían recuperado el estadio Sylvio Cator y sus alrededores, en una operación conjunta con efectivos salvadoreños y la Task Force, un grupo operativo respaldado por la empresa privada Vectus Global.
Inaugurado en 1953 y con capacidad para unos 10.000 espectadores, el estadio fue durante décadas uno de los principales escenarios deportivos del país y sede de los partidos de la selección nacional de fútbol. Sin embargo, quedó bajo control de grupos armados en 2024.
Tras el operativo, la Policía Nacional de Haití informó que el predio quedaría bajo protección de las fuerzas salvadoreñas. Bukele confirmó la participación de sus tropas y anunció que instalarían allí una base desde la cual avanzar hacia otros sectores controlados por las pandillas.
El Presidente también difundió imágenes del procedimiento y aseguró que los efectivos encontraron restos humanos dentro del estadio. En sus redes sociales, advirtió a los integrantes de las organizaciones criminales que abandonaran la zona antes de una nueva ofensiva.
La recuperación del predio tuvo además un impacto visible en las calles. La presencia de vehículos blindados y patrullas modificó la circulación en los alrededores, mientras estudiantes y otros habitantes de Puerto Príncipe salieron a manifestarse con banderas salvadoreñas y consignas de apoyo a Bukele.
Ese respaldo también se reflejó en las expectativas de algunos habitantes frente a la presencia de tropas extranjeras. “El operativo de Bukele es positivo para el pueblo haitiano. Necesitamos ayuda extranjera porque la situación llegó a un punto en el que ya no sabemos cuál puede ser la salida”, explicó a PERFIL Yves Mary Saint-Louis, técnico y agrónomo de 30 años. Y agregó: “El pueblo haitiano tiene muchas esperanzas de salir adelante y cuenta con todo lo necesario para lograrlo. Lo que faltan son líderes capaces de encontrar el camino”.
La crisis de Haití y el poder territorial de las pandillas
La intervención salvadoreña se desarrolla en un país atravesado por una profunda crisis política, institucional y de seguridad, que se agravó tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, en julio de 2021.
Desde entonces, las organizaciones criminales extendieron su influencia sobre amplias zonas del territorio, en particular en Puerto Príncipe. Su poder va más allá de los enfrentamientos armados: controlan rutas, puertos y barrios, extorsionan a comerciantes y condicionan el movimiento de personas y mercancías.
La magnitud de la violencia quedó reflejada en el último informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití. Entre julio y septiembre de 2026 se registraron al menos 1167 muertos y 459 heridos. El organismo también contabilizó 4217 víctimas fatales en lo que va del año y alrededor de 11.000 en los últimos dos años.
La crisis tiene consecuencias que exceden la seguridad. Los enfrentamientos provocaron desplazamientos de población, interrumpieron actividades educativas y dificultaron el acceso a servicios básicos.
Las fuerzas que operan en Haití y las dudas sobre la coordinación
Las tropas salvadoreñas se incorporaron a un esquema de seguridad en el que ya participan la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas haitianas, la GSF y la Task Force, vinculada con Vectus Global, la compañía fundada por el empresario estadounidense Erik Prince.
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La GSF fue autorizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en septiembre de 2025 y comenzó a desplegarse en abril de 2026. El plan original contemplaba reunir unos 5500 efectivos de distintos países.
La incorporación de más de 2000 militares salvadoreños abrió interrogantes sobre la distribución de tareas y la coordinación entre las unidades. La falta de información pública sobre la cadena de mando y las reglas de actuación dificulta establecer quién dirige los operativos y qué mecanismos existen para evitar errores entre fuerzas que deben trabajar en el mismo territorio.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió sobre los riesgos de una coordinación deficiente y mencionó la posibilidad de que unidades aliadas terminen enfrentándose por errores de identificación. La preocupación también alcanza a la población civil, que vive en los mismos barrios donde se desarrollan los procedimientos militares.
Amnistía Internacional, por su parte, reclamó a los gobiernos de Haití y El Salvador que garanticen la protección de los habitantes. La organización puso el foco en la necesidad de evitar que las operaciones pongan en riesgo a personas que se encuentran en sus casas, escuelas y centros de salud.
El modelo de Bukele y los límites de aplicarlo en Haití
La intervención también representa un intento de Bukele de proyectar fuera de las fronteras salvadoreñas la estrategia de seguridad que marcó su gestión y lo convirtió en una de las figuras políticas más influyentes de América Latina.
Desde marzo de 2022, El Salvador aplica un régimen de excepción que habilitó detenciones masivas y amplió las facultades de las fuerzas de seguridad. Según cifras oficiales, la tasa de homicidios bajó de 35 cada 100.000 habitantes a 1,3 el año pasado. No obstante, la política recibió fuertes cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos por denuncias de detenciones arbitrarias, torturas, muertes bajo custodia y restricciones al debido proceso.
La experiencia salvadoreña presenta diferencias importantes respecto de la realidad haitiana. En El Salvador, las principales pandillas tenían estructuras más identificables y jerarquizadas. En Haití, en cambio, los grupos armados suelen funcionar como organizaciones territoriales con influencia sobre circuitos económicos y sectores de la política local.
A eso se suma la debilidad del Estado haitiano, las limitaciones del sistema judicial y las dificultades para garantizar el funcionamiento de las cárceles. Por eso, una ofensiva militar puede permitir recuperar espacios, pero no necesariamente desarticular las redes que sostienen el poder de las organizaciones criminales.
LB/AF
