Este martes comenzaron las audiencias por la explotación petrolera de Malvinas ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en Hamburgo. La delegación argentina hizo su presentación durante la primera parte de la jornada, donde planteó una serie de argumentos para pedirle al tribunal que emita medidas cautelares para frenar el inicio del proyecto Sea Lion (León Marino), previsto para enero de 2021.
A las 10 de Hamburgo (6 de la mañana hora argentina), el consejero legal de la Cancillería, el embajador Mario Oyarzábal, compareció ante el tribunal presidido por y el el camerunés Maurice Kamga. Lo acompañaba, entre otros expertos, el jurista internacional argentino Marcelo Kohen.
La presentación fue solicitada por el gobierno de Javier Milei el 13 de octubre, invocando el artículo 290 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), mientras que las audiencias se extenderán hasta el 12 de noviembre. La argumentación argentina tiene cuatro ejes centrales: que el Reino Unido impida que comiencen o siga la explotación a través de Sea Lion; que no dé nuevos permisos en el área; que guarde la información conseguida durante la exploración; y que proteja el medio marino.
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El embajador Oyarzábal comenzó por reconocer que el pedido al Tribunal, que depende de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) no se refiere al reclamo de soberanía de la Argentina sobre las islas Malvinas, sino que apunta a frenar la explotación petrolera en el yacimiento Sea Lion sobre los recursos naturales de la región, con argumentos tanto económicos como medioambientales.
Sea Lion, a unos 200 kilómetros de las Malvinas, reúne una reserva estimada de 1.700 millones de barriles de petróleo. Si el Tribunal del Mar no actúa, la compañía británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum comenzarán a explotarlo entre 2027 y 2028.
Oyarzábal aseguró ante el tribunal que la demanda argentina responde al “agravamiento de la disputa causada por el Reino Unido”. Tanto él como el experto Marcelo Kohen, quien lo siguió en el uso de la palabra, aseguraron que este caso contiene “cuatro conjuntos de derechos bajo la Convención”. Y los enumeró: la protección de los derechos soberanos de Argentina sobre la plataforma continental "a la espera de la resolución de la disputa, no su determinación”.
En segundo lugar, “el derecho de Argentina y la correspondiente obligación del Reino Unido de que no se tome ninguna acción unilateral que altere irreversiblemente la plataforma continental en disputa solo para la explotación de sus recursos no renovables”.
En tercer lugar, “el derecho de Argentina de que el Reino Unido cumpla con sus obligaciones de resolver disputas y actuar en el bien requerido según los artículos 279 y 300 y, en consecuencia, abstenerse de conductas que pongan en peligro u obstaculicen la solución de disputas o la agraven”.
En cuarto lugar, “el derecho de Argentina a no ser impedido por el Reino Unido de cumplir con sus obligaciones en virtud de la Convención para proteger y preservar el medio marino de la zona en disputa".
Los argumentos de la República Argentina
Según un comunicado difundido por el Gobierno, en su presentación Argentina sostuvo que el Reino Unido pretende "disponer unilateralmente de recursos naturales pertenecientes a un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa y cuyo proceso de descolonización permanece pendiente ante las Naciones Unidas".
"El proyecto Sea Lion contempla una explotación petrolera durante 35 años, con 23 pozos de producción y nuevas etapas de desarrollo proyectadas. Desde 1965, la ONU reconoce expresamente la existencia de la controversia de soberanía y exhorta a ambos países a resolverla mediante negociaciones pacíficas. En particular, la Resolución 31/49 de la Asamblea General insta a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que introduzcan modificaciones unilaterales mientras se desarrolla el proceso recomendado por Naciones Unidas", continúa el texto.
"La posición argentina sostiene firmemente que el Reino Unido no puede negarse a negociarla soberanía y, simultáneamente, avanzar sobre la explotación de los recursos del territorio en disputa. Nuestro país ha rechazado sistemáticamente las licencias y decisiones unilaterales británicas y reiteró su disposición al diálogo en agosto de este año, convocatoria que fue desestimada por Londres", concluye.
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Después de la primera ronda, que transcurrió de 6 a 9 horas, responderá el Reino Unido, de 11 a 14. La delegación británica se encuentra acompañada por un grupo de autoridades de los pobladores de las islas Malvinas. El miércoles será el turno de la segunda ronda, con la Argentina de 6.30 a 8 y el Reino Unido de 13.30 a 15, en segmentos de exposición y repregunta.
La fiscal general británica, Ellie Reeves, dijo este martes al diario The Times que el Reino Unido defenderá su derecho a realizar perforaciones petrolíferas en las islas, y que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar de Hamburgo no tiene jurisdicción sobre el reclamo argentino sobre las Malvinas.
El Tribunal quedó completado este lunes con la jura de los jueces ad hoc: el británico Vaughan Lowe, profesor emérito de Oxford designado por Londres, y el argentino Raúl Vinuesa, profesor consulto de la UBA. Las audiencias están a cargo del camerunés Maurice Kamga.
La delegación argentina está encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, junto al embajador Mario Oyarzábal. La defensa cuenta con asesores como el jurista argentino Marcelo Kohen, el neerlandés Nico Schrijver y Agustín Giustiniani.
