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¿El Salvador de Haití?

La intervención salvadoreña en Haití pone a prueba la capacidad de Bukele para exportar su modelo de seguridad a un país asediado por las pandillas.

¿El Salvador de Haití?
Comunidades. La falta de personal, insumos, los prejuicios, o el idioma son algunos de los desafíos.
Hoy 03:35

La llamaban la Perla de las Antillas. En el siglo XVIII, Saint-Domingue, la colonia francesa que se convertiría en Haití, fue uno de los grandes productores de azúcar y café del mundo. Su riqueza descansaba en el trabajo de personas esclavizadas. De su rebelión surgió, en 1804, la primera república negra del mundo y la primera nación independiente de América Latina y el Caribe.

La independencia no aseguró estabilidad ni bienestar. Conflictos internos y por el control de La Española —la isla que hoy comparte con República Dominicana—, intervenciones extranjeras y dictaduras marcaron su historia. Hoy, sus aproximadamente doce millones de habitantes enfrentan la violencia de las pandillas y la debilidad estatal. En ese escenario, El Salvador ha ampliado una intervención cuyos objetivos y límites requieren explicación.

El 18 de octubre, cuatro técnicos de aviación salvadoreños desaparecieron tras una emboscada en las afueras de Puerto Príncipe. Apoyaban las evacuaciones médicas de la Fuerza de Supresión de Pandillas, respaldada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El presidente Nayib Bukele envió refuerzos para recuperarlos. El contingente superó los dos mil efectivos y comenzó a participar en ofensivas contra las pandillas. El 12 de noviembre, tras una operación conjunta con fuerzas haitianas, Bukele anunció que el estadio Sylvio Cator serviría como base operativa.

El rescate ofrece una razón inmediata para actuar, pero no explica toda la relación. En 2023, ambos gobiernos habían anunciado cooperación bilateral. En marzo de 2024, Bukele ofreció intervenir con tres condiciones: consentimiento haitiano, una resolución del Consejo de Seguridad y cobertura de los gastos. La emboscada aceleró una cooperación anterior a la emergencia.

Esa continuidad obliga a examinar qué obtiene El Salvador de su participación. Para un presidente cuyo reconocimiento internacional descansa en el combate contra las pandillas, conseguir resultados en Haití podría facilitar nuevos acuerdos de seguridad y ampliar su influencia diplomática al presentar la experiencia salvadoreña como exportable. La solidaridad con la población y la protección de sus compatriotas pueden coexistir con ese beneficio político.

Conseguir esos resultados exige enfrentar condiciones distintas. El armamento y el control territorial de las pandillas haitianas dificultan trasladar automáticamente la experiencia salvadoreña. Sus vínculos con actores políticos y económicos añaden otra dificultad: una ofensiva puede debilitar a los grupos armados sin desmantelar las redes que los financian y protegen.

La coexistencia de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas haitianas, la fuerza internacional y el contingente salvadoreño, con mandos y atribuciones distintos, puede dificultar la coordinación y la determinación de responsabilidades ante daños a civiles. Esa complejidad aumenta con la estructura de seguridad apoyada por contratistas privados que también opera en el país.

El financiamiento merece atención. Bukele sostiene que El Salvador cubre el 90% de los gastos de la operación, pero no ha divulgado su costo total. Su oferta condicionada a tener los gastos cubiertos dio paso, según la versión oficial, a un despliegue sostenido principalmente con recursos nacionales. Sin un desglose resulta difícil evaluar cuánto tiempo podría sostenerse.

La población haitiana duplica aproximadamente la censada en El Salvador. Dos mil soldados pueden apoyar operaciones y asegurar posiciones. Garantizar estabilidad nacional exige un esfuerzo mayor, compartido con fuerzas haitianas y otros contingentes. Recuperar territorio requiere después policías, tribunales, cárceles y autoridades capaces de administrar las zonas y atender a sus habitantes.

El componente penitenciario, pilar del modelo salvadoreño, plantea quién detendrá, juzgará y custodiará a los sospechosos. Las operaciones necesitan procedimientos definidos y capacidad para procesar y recluir a los detenidos.

*Escritor y consultor en comunicación política e institucional. Analiza política, sociedad y dinámicas de movilidad en América Latina, con énfasis en sus implicaciones institucionales y en la construcción de comunidad política. Artículo completo en Latinoamérica21.

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