Esta semana las noticias evidencian la gran incapacidad del Gobierno Nacional, los provinciales y todos los estamentos gubernamentales, para realizar actividades básicas algunas, otras más complejas, pero todas fundamentales para la administración de un país, una provincia, un municipio o un pueblo pequeño. La distribución de alimentos es un ejemplo claro de esto. Ante la denuncia del almacenamiento de alimentos en el Ministerio de Capital Humano y que algunos estaban vencidos y por vencer, la Justicia ordenó al Ministerio distribuirlos y exigió la presentación de un plan. Se desencadenó la denuncia del secretario de Niñez y Familia por mal manejo de fondos y su desvinculación inmediata, así como la remoción de funcionarios designados por esta misma ministra pocos meses antes. Pero el plan de distribución no se presentó en tiempo y se empezó a distribuir entre quienes podían ser insospechados, por lo menos aparentemente de corrupción. Esto no disimuló el desorden y la improvisación con que se actúa. El sábado una nota en el diario PERFIL informa: “Conin distribuyó menos de la mitad de la leche disponible”. La nota indica cómo la Fundación Conin, una de las asignadas para distribuir la leche a punto de vencer solo distribuyó la mitad y en una sola provincia, Mendoza. Además, descubrieron que alguna de esa leche distribuida estaba siendo vendida. La Fundación Conin no tiene comedores y en los centros asistenciales que tiene para ser atendidas las mujeres y sus hijos deben aceptar una serie de condiciones, como charlas sobre salud sexual y reproductiva donde se les enseña a usar solo anticonceptivos “naturales” y no usar preservativos porque no son seguros, excepto los de porcelana, que según el Dr. Conin son los que no dejan pasar los virus del VIH/ sida.
Lamentablemente por las frecuentes crisis económicas que vive el país, la pobreza obligó a los gobiernos a ayudar a las familias y la distribución de alimentos es la más habitual. En 1983 Alfonsín se propuso cumplir su promesa de acercar un plato de comida a la mesa de las familias pobres, que en ese momento eran menos de la mitad de las actuales. Así se armó el Programa Alimentario Nacional que llegó a distribuir millones de cajas de comida que se distribuyeron a las familias de bajos ingresos con niños y/o ancianos. Ese programa tuvo muchas denuncias, pero ninguna evidenció corrupción. Luego el nuevo gobierno transfirió la ayuda a los comedores comunitarios, a quienes el Estado proveía alimentos y/o dinero para que lo compraran. Ahora el gobierno de Milei rechaza distribuir y proveer alimentos a los comedores bajo sospecha de corrupción y pretende suplirlos con la Fundación Conin y las dos grandes asociaciones de Iglesias: la Católica a través de Cáritas y la Asociación de Iglesias Evangélicas. Ambas con estructuras de apoyo a las familias necesitadas, pero no siempre abiertas a la comunidad como los comedores insertos en las comunidades. La corrupción de algunos no es motivo de sospechar y suspender a la gran mayoría. Esto es algo que finalmente el Gobierno debe superar YA para no afectar más al 60% de la niñez pobre e indigente.
En un caso más complejo como la desaparición de Loan, el niño correntino, el Estado también demostró su incapacidad y evidenció la existencia de funcionarios no solo incompetentes, sino con antecedentes de inconductas graves. En simultáneo se definió el juicio al exgobernador y senador Alperovich que lo encontró culpable y lo encarceló. Cabe esperar que esto sea un ejemplo y se sancione y acabe la impunidad que existe en todos los niveles gubernamentales y se desmantelen mafias que por ahora no están afectadas. La motosierra no toca esas áreas sensibles de la casta, sigue aplicándose a jubilados y no a quienes tienen poder de decisión. La designación de Lijo como integrante de la Corte Suprema será un eslabón más para sostener la impunidad.










