Ciencia y Tecnología•Tecnología

NVIDIA y el punto ciego de la seguridad global

“Las grandes potencias compiten por liderar la innovación y proteger a sus gigantes tecnológicos, mientras la construcción de reglas comunes queda relegada. El resultado es una asimetría peligrosa”, sostiene la autora y analiza “tres fracturas expuestas”

NVIDIA y el punto ciego de la seguridad global
Jensen Huang, con chaqueta de cuero de diseño, en la presentación de un superchip de Nvidia, en 2025
Hoy 05:00

La renuncia abrupta de Jensen Huang, cofundador de NVIDIA y figura central de la inteligencia artificial, conmovió al mundo. Días antes, el directorio había anunciado una investigación tras conocerse reportes sobre una posible operación de inteligencia extranjera relacionada con asuntos que tocan su esfera privada.

Pero detenerse en la trama personal es mirar el árbol y olvidar el bosque. Más allá de lo que determinen las investigaciones, el episodio expone una vulnerabilidad del poder contemporáneo: una tecnología estratégica para la economía y la seguridad mundial depende de una cadena de proveedores privados altamente concentrada, sin un régimen internacional común de verificación.

Cuando el ruido del escándalo se apague, quedarán tres fracturas expuestas.

La primera es económica: el riesgo sistémico de la hiperconcentración. Durante décadas, las finanzas internacionales aprendieron a temerles a los bancos “demasiado grandes para caer”. Hoy enfrentamos otra categoría: empresas demasiado estratégicas para ser reemplazadas en los plazos que una crisis exige.

El ecosistema de la inteligencia artificial depende de unos pocos actores en eslabones decisivos, desde NVIDIA en el diseño de procesadores hasta la taiwanesa TSMC en la fabricación avanzada y la holandesa ASML, proveedora de los equipos de litografía utilizados para fabricar dichos chips.

Cuando una crisis de gobernanza en una compañía puede sacudir los mercados y poner en duda la continuidad de suministros esenciales, la concentración empresarial se convierte en una vulnerabilidad global.

La segunda es de seguridad nacional: la creciente superposición entre lo privado y lo estratégico. Las relaciones personales de quienes conducen empresas de tecnología de uso dual pueden abrir vías de acceso a información, generar conflictos de interés o facilitar presiones externas. En la competencia tecnológica, tanto civil como militar, esas vulnerabilidades adquieren una dimensión que excede a la empresa. La responsabilidad de prevenirlas tampoco puede quedar enteramente dentro de sus límites.

La tercera es geopolítica: el espejismo del control. En la disputa entre Estados Unidos y China, el acceso al cómputo avanzado se convirtió en una de las principales palancas de poder. Washington intenta restringirlo mediante controles de exportación. Su eficacia, sin embargo, depende de seguir tecnologías que circulan por redes comerciales globales, detectar triangulaciones y determinar quién accede a la capacidad instalada en centros de datos, incluso a distancia. El caso de Megaspeed, investigada por un posible desvío de chips avanzados a China a través de Singapur, ilustra estos problemas.

En la competencia tecnológica, tanto civil como militar, hay vulnerabilidades que adquieren una dimensión que excede a la empresa"

Aquí la experiencia nuclear ofrece una lección institucional. Tras décadas de crisis y negociaciones, la comunidad internacional entendió que no bastaba con confiar en la buena voluntad de los actores; se construyeron tratados y organismos independientes encargados de verificar sobre el terreno que los materiales nucleares declarados no se desviaran hacia fines militares.

Ese sistema establece obligaciones y alcances de verificación diferentes según los Estados y los compromisos jurídicos asumidos. Aun con esas asimetrías y sus límites políticos, ofrece un marco de comprobación independiente.

La máxima que sintetiza esta exigencia, familiar en el ámbito del control de armamentos, es“trust but verify”, dicha en español, “confía, pero verifica”.

El cómputo avanzado exige adaptar esa lección a una realidad diferente. Los procesadores, aunque dependen de una cadena de suministro hiperconcentrada, una vez fabricados pueden trasladarse y desviarse de su destino declarado, mientras su capacidad puede utilizarse remotamente desde otro país.

Miles de unidades conectadas permiten concentrar una enorme potencia de cálculo. Verificar la ubicación física de los equipos es apenas una parte del problema: también importa quién puede utilizarlos, en qué condiciones y para qué actividades.

Por eso, controlar el destino de los equipos ya no alcanza: también importa quién está detrás de las empresas que los compran y utilizan. Los controles estadounidenses contemplan al usuario final y la sede de la empresa matriz. Pero ampliar una licencia no garantiza que pueda comprobarse su cumplimiento.

Los proveedores ocupan un lugar decisivo en esa vigilancia, atravesados por sus propios intereses comerciales. Falta un marco internacional compartido que permita verificar de manera independiente los compromisos acordados y actuar frente a su incumplimiento.

El problema de fondo es político e institucional. Las grandes potencias compiten por liderar la innovación y proteger a sus gigantes tecnológicos, mientras la construcción de reglas comunes queda relegada. El resultado es una asimetría peligrosa: tecnologías con consecuencias globales para la seguridad se expanden mediante redes comerciales que desbordan las fronteras, mientras los mecanismos para controlarlas siguen fragmentados entre Estados con intereses enfrentados.

Esa tensión exige controles capaces de funcionar aun cuando los incentivos comerciales o estratégicos favorezcan mirar hacia otro lado.

La próxima década exige un diseño de gobernanza tecnológica que responda tres preguntas. Qué se verifica: el acceso efectivo al poder de cómputo y los usos sujetos a compromisos comunes, más allá de una licencia de venta. Un primer paso sería poder comprobar si quienes acceden a grandes instalaciones de cómputo son efectivamente los usuarios autorizados.

Cómo se hace: mediante trazabilidad, registros y auditorías técnicamente viables que permitan contrastar las declaraciones. Y quién lo ejecuta: instancias con mandato, capacidad e independencia respecto de los actores que deben supervisar.

Construir ese régimen requerirá acuerdos sobre su alcance, protección de información sensible y condiciones de acceso. La dificultad política es considerable. También lo es el costo de seguir ampliando capacidades estratégicas sin mecanismos compartidos de verificación.

Mientras eso no ocurra, los Estados seguirán trasladando a los privados responsabilidades de seguridad que requieren autoridad pública y cooperación internacional.

La tecnología ya dio el salto; ahora les toca hacerlo a las instituciones.

*Experta en seguridad internacional e inteligencia artificial, presidente de Npsglobal

También en Perfil